El asesinato de Juan Carlos Rojas continúa sin novedades. La familia está disconforme con el secreto de sumario impuesto luego de los vaivenes en la investigación, que viró de muerte natural a homicidio con la autopsia que se realizara luego de la repercusión que cobraron las declaraciones de Luis Barrionuevo en las que puso en duda las causas de la muerte.

Fuentes confirmaron a este diario la presencia de materia orgánica en la escena del crimen. Muestras realizadas con el reactivo luminol en la casa del exministro dieron cuenta de la existencia de sangre en una pared y el piso de uno de los ambientes.

Entre ayer y hoy se realizaron una serie de allanamientos en el Ministerio de Desarrollo Social, la sede de UTHGRA Catamarca, y en viviendas de gente cercana y familiares de Rojas. De su lugar de trabajo, la Justicia retiró documentación del despacho que ocupara durante su cargo. Además se secuestraron un módem, una sabana de su domicilio y se requisó el móvil de Rojas. 

Hoy asumió en su lugar Gonzalo Mascheroni, sobrino de Luis Barrionuevo, que desempeñaba funciones en ese Ministerio como secretario de Ejecución y Abordaje Territorial.

Marcha

El próximo lunes habrá una marcha pidiendo que el crimen no quede impune. “El Gobierno provincial ha demostrado que está dejando libre a un agresor. Si no fuera por Luis Barrionuevo esto quedaba impune. No estamos para destruir ningún gobierno, pero pedimos justicia”, dijo en declaraciones a la prensa Ricardo Laborada, amigo de Rojas.

“Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. No queremos que quede impune. Le pedimos al Gobernador que convoque gente con experiencia en el caso”, señaló.

La marcha por el esclarecimiento del crimen del Ministro, será el lunes 12 de diciembre a las 10 horas, desde República y Sarmiento, pleno centro catamarqueño. Mañana asistirán a la procesión para pedirle a la Virgen que ilumine a la Justicia para dar con el criminal.

Críticas

Mientras tanto, la oposición criticó hoy la disolución del Consejo de la Magistratura y la designación de funcionarios judiciales “a dedo”, a raíz de los cuestionamientos al fiscal de Instrucción Laureano Palacios, que había descartado que se trate de un crimen, aun cuando la primera autopsia ya había determinado golpes en la cabeza.