Bajo la consigna “El lawfare pone en peligro nuestra democracia”, los organismos de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunciaron en conferencia de prensa la “grave situación institucional” que hoy impide a la Argentina celebrar plenamente el período de democracia más largo de su historia: el 10 de diciembre, Día internacional de los Derechos Humanos, y también Día de la Restauración de la Democracia en el país, se cumplieron 39 años desde el fin de la última dictadura. Sin embargo “las prácticas del Poder Judicial hoy ponen en peligro nuestra democracia”, sentenció el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragallla Corti, al iniciar la presentación en el Museo Sitio de Memoria, en la ex ESMA.
Pietragalla se refería a la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, y a la evidente connivencia de jueces, fiscales, funcionarios de la oposición y empresarios en maniobras de lawfare. “El contexto nos hace reflexionar y estar en alerta”, definió. Las prácticas de sectores de la Justicia “hoy ponen en riesgo la continuidad democrática, y afectan el pleno ejercicio institucional”, explicó al iniciar su exposición. Lo acompañaban en la mesa de oradores el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; y Mabel Careaga, de la Comisión por los 12 de la Santa Cruz.
Con esta denuncia como marco, se anunciaron una serie de acciones destinadas a desenmascarar la operaciones judiciales orquestadas por intereses económicos y políticos. También destacaron la necesidad de mantener el estado de alerta y la capacidad transformadora de la movilización popular. “El pueblo en la calle logró frenar el 2 x 1”, recordó Taty Almeida, en alusión al intento -durante el gobierno de Mauricio Macri- de reducir los tiempos de condena de represores. “El pueblo en la calle puede torcer una decisión injusta como la que tomó este partido judicial”, enfatizó. Se refirió a la necesidad de generar consciencia y realizar “un llamado a la población” frente al "peligro de un Poder Judicial que avasalla la voluntad popular".
La lectura de un documento firmado por más de cuarenta organismos de derechos humanos de todo el país, a cargo de Taty Almeida y Mabel Careaga, sintetizó la vocación democrática sobre la que se definieron los anuncios, destinados a dejar expuestos el lawfare y la persecución contra la vicepresidenta, que también afecta "a toda la sociedad”, puntualizó Pérez Esquivel.
La lucha del movimiento de derechos humanos en la Argentina, sintetizada en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, "con más de mil genocidas condenados, y con 130 nietos restituidos”, avala el reclamo. Las referencias al marco regional, con la vuelta de Lula da Silva a la presidencia del Brasil –tras sortear el proceso de lawfare que lo tuvo detenido por dos años– y los sucesos que atraviesa el Perú, completaron la caracterización del proceso.
“Esto pone en riesgo la continuidad democrática”, en la Argentina subrayó Pietragalla, y lamentó: “Tenemos que denunciar que, con estos hechos, la democracia perdió un valor muy importante, que es la legitimidad del Poder Judicial”. La condena a la vicepresidenta fue definida en el documento como "un fallo vergonzoso del Tribunal Oral Federal 2 que busca cercenar sus derechos políticos y de gran parte de la sociedad que conforma su electorado". Pero Pietragalla no se refirió solo al juicio contra CFK, sino también –y quizá centralmente– al atentado contra la expresidenta, sobre el que todavía no avanza la investigación procesal. Sobre ese punto, el documento de los organismos precisó: "Frente a ese hecho de violencia política, el sector más cuestionado de la Justicia Federal eligió sesgar la investigación y no profundizar las pistas, cercenando así la posibilidad de esclarecer y mostrar a toda la población quiénes son los responsables ideológicos o instigadores de este intento de magnicidio".
Las medidas
Los anuncios que siguieron sintetizaron la posición del movimiento de derechos humanos ante este paradójico momento histórico. Entre las acciones previstas incluyeron un pedido de audiencia a la Corte Suprema, y la solicitud al Consejo de la Magistratura para que se investigue el escandaloso viaje a Lago Escondido de magistrados, funcionarios y empresarios. También anunciaron su apoyo al pedido de juicio académico al juez Julián Ercolini, profesor en la UBA, y solicitar al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la remoción de los funcionarios de CABA que participaron del viaje a la estancia de Joe Lewis.
El documento en tanto “denuncia la existencia de un Estado paralelo generado por el lawfare en nuestro país", y describe al lawfare como "la persecución a líderes populares por parte de sectores del Poder Judicial, en consonancia con el poder mediático y económico concentrado”. “El documento es muy claro”, expresó Pérez Esquivel. “La democracia está en riesgo en el país, pero también en todo el continente”, añadió sobre lo sucedido en Perú, donde “derrocaron al presidente (Pedro) Castillo con los mismos mecanismos del lawfare y la inestabilidad democrática”. Y se sumó al llamado a “la unidad de todos los sectores sociales, no sólo de los organismos de derechos humanos, sino políticos y económicos, para fortalecer la democracia”.
Entre quienes acompañaron la iniciativa se encontraban representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria, Liga Argentina por los Derechos Humanos, y entre otros, Madres en Lucha –contra el gatillo fácil–. También estuvieron la diputada porteña del Frente de Todos Victoria Montenegro, y la actriz Lola Berthet, actual directora del Centro Cultural Haroldo Conti. “Es necesario generar consciencia sobre lo que estos actos de avasallamiento implican para la vida cotidiana de todos”, dijo Berthet ante Página/12. “Es momento de estar atentos y denunciando, como se hizo hoy, nombrando también a los casos que, como el de Milagro Sala, siguen esperando justicia. Algo inaudito en democracia, a lo que hay que sumar el intento de magnicidio no esclarecido”, remarcó.
Al finalizar, la presidenta de la Asociación Buena Memoria, Gabriela Alegre, planteó: “Si la Corte se niega a darnos la audiencia, si no se puede avanzar con la investigación que pediremos al Consejo de la Magistratura, si no prosperan las instancias institucionales, será el momento de salir a la calle. Está en riesgo la democracia y nos costó mucho conseguirla”. A su lado, Adolfo Mango, de la Comisión de Los 12 de la Santa Cruz agregó: “Este es el momento en que tenemos que acompañar, estamos dispuestos para sostener el reclamo popular”. El documento de los organismos cierra con una advertencia: "Sin justicia no hay democracia. Sin democracia, no hay derechos humanos".
El documento completo de los organismos de DD.HH.
El Lawfare pone en peligro nuestra democracia.
A lo largo de casi 40 años, nuestro país ha sido ejemplo para el mundo por su proceso de construcción de memoria, verdad y justicia. Los organismos de derechos humanos queremos manifestar hoy, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la restauración de nuestra Democracia, que para que podamos seguir adelante debemos garantizar el funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho.
Hemos logrado en todos estos años muchos avances, a pesar de las estrategias dilatorias de los últimos años: hemos juzgado y condenado a más de mil responsables por delitos de lesa humanidad; demostramos la complicidad de grupos empresariales, civiles y eclesiásticos con ese plan de exterminio a través del cual la dictadura militar buscó eliminar a todo aquel se oponía al modelo económico que querían instalar; buscamos a los nietos y nietas apropiados y restituimos la identidad a 130 de ellos; creamos espacios de memoria y señalizamos sitios en todo el país, emanando desde estos una política de no repetición; logramos consensos con Estados del mundo para que Naciones Unidas impulse el tratado de desaparición forzada. Todos estos logros se realizaron en el marco de un acuerdo social, en el que los poderes de la democracia regían en plenitud y las persecuciones, los amedrentamientos y la violencia política ya no tenían lugar.
En los últimos tiempos estamos viviendo momentos que nos llenan de temor. Hace pocas semanas toda la sociedad vio en primer plano cómo se intentó asesinar a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Frente a este hecho de violencia política, el sector más cuestionado de la justicia federal eligió sesgar la investigación y no profundizar las pistas, cercenando así la posibilidad de esclarecer y mostrar a toda la población quiénes son los responsables ideológicos o instigadores de este intento de magnicidio.
Ahora, a través de un fallo vergonzoso, desde el mismo sector judicial se intenta proscribir a Cristina Fernández de Kirchner: el 6 de diciembre el Tribunal Oral Federal N 2 la condenó a “la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Este tribunal político busca, a través de una condena sin pruebas, proscribir de por vida a la principal dirigente política de nuestro país, con un fallo que constituye una clara muestra de que en nuestro país existe el lawfare: la persecución del poder judicial, poder mediático y los poderes concentrados de la economía a los líderes populares que representan la defensa de los intereses del sector más desprotegido de nuestra sociedad. Esta persecución, que se venía llevando adelante con distintos actores políticos, se profundizó con Milagro Sala, que ya lleva más de 2500 días de detención, y continuó con distintos referentes, repitiendo estrategias que se pueden observar no sólo en Argentina sino en varios países de la región, fragilizando así el sistema democrático del continente.
No podemos dejar de observar las coincidencias entre lo sucedido con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, encarcelado por casi 2 años en un juicio bochornoso, sin pruebas ni garantías constitucionales, al punto que más tarde debió ser anulado. Pero el pueblo no olvida y con una muestra de fortaleza impresionante, el dirigente brasileño logró volver a ser el presidente de nuestro país hermano, pudiendo sobreponerse a las consecuencias del lawfare y demostrando al mundo que estas prácticas existen y están vigentes.
Por todo lo expuesto, entendemos que nuestra democracia está en riesgo, y llamamos a toda nuestra población a tomar conciencia de lo peligroso que puede ser un poder judicial que se para por arriba de la voluntad popular, entendiendo que el único y legítimo poder que tiene la ciudadanía en una democracia es su voto.
Este sector del poder judicial, junto al poder económico y mediático concentrados, profundiza día tras día las prácticas del lawfare generando un Estado paralelo, sin herramientas de defensa para sus víctimas. Estas prácticas, que ya no nos sorprenden, en estos días quedaron por primera vez expuestas de manera explícita frente a toda nuestra sociedad: la connivencia impúdica que se divulgó públicamente entre jueces, fiscales, funcionarios, agentes de inteligencia e importantes empresarios mediáticos desnuda un funcionamiento que hace imposible confiar en la administración de justicia. Quedó en evidencia cómo funciona, desconociendo las reglas de la democracia y la soberanía del pueblo: son la mafia judicial.
Para ser legítimo, un proceso judicial debe sustentarse en pruebas categóricas respecto de la responsabilidad penal y en un respeto irrestricto del debido proceso y el derecho de defensa que ampara a todos los ciudadanos. Nada de eso sucede cuando los responsables de impartir justicia viajan o hacen deportes con los representantes del poder.
Cuando la condena penal se dicta sin pruebas sobre los hechos de corrupción imputados, con jueces parciales, fiscales que desconocen el principio de inocencia, se trata de una condena ilegítima destinada exclusivamente a cercenar los derechos políticos de la dos veces presidenta de la Nación y de gran parte de la sociedad que conforma su electorado.
La plena vigencia del acuerdo democrático al que nos comprometimos todos los argentinos y argentinas hace casi 40 años requiere que seamos capaces de seguir juzgando a los responsables de los delitos del período de mayor horror de nuestra historia, pero también que no haya ningún tipo de proscripción, persecución o cárcel sobre aquellos que representan los intereses del pueblo. El Estado de derecho que supimos recuperar después de tanta lucha y sufrimiento, y que se llevó la vida de los 30.000, no puede ser el privilegio de unos pocos sino la garantía de convivencia para todos y todas. Sin justicia no hay democracia. Sin democracia, no hay derechos humanos.
Adhieren
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Abuelas de Plaza de Mayo
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S Capital
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Asociación Buena Memoria
Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte
Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
Liga Argentina por los Derechos Humanos
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza
SERPAJ Servicio Paz y Justicia
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
Madres en lucha
Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán, perteneciente a la Asociación
Nacional de ex Presos Políticos de la República Argentina
Memoria Verdad y Justicia de la ciudad de Concepción, Tucumán
Comisión de la Memoria de Río Seco, Tucumán
Comisión por los Derechos Humanos de Tafí Viejo, Tucumán
FA.DE.TUC Familiares de Desaparecidos
Liberpueblo Tucumán
Familiares Victimas de Gatillo Fácil, Tucumán
Autoconvocados Ex Presos/as Politicos/as Exiliados/as Hijos/as Sobrevivientes
del Terrorismo de Estado, Tucumán
Fundación Memorias e Identidades del Tucumán
Secretaría de Derechos Humanos de la CTA T. Filial Tucumán. Secretaria:
Emma Rene Ahualli
APDH Regional Tucumán
Comisión de Derechos Humanos del Sur de la Provincia de Tucumán
Movimiento Nacional Campesino Indígena - Vía Campesina (TUCMA MNCIVC)
Liga Argentina por los Derechos Humanos, filial Tucumán. Coordinador: Juan
José Palacios
Marcelo Asmed Director Regional NOA del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación
Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet
Asociación por la Memoria la Verdad y la Justicia de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y ex Presos Políticos de Santiago del Estero
Asociación de ex Presos y Presas políticos/as de La Rioja
"Casa de la Memoria” de Catamarca
APDH Regional Jujuy
Madres y Familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy
CAPOMA-DDHH
Asociación Jujeña de Ex Presos Políticos
Asociación de Ex Presos Políticos Regional Ledesma
Coordinadora contra la Violencia Institucional de San Pedro
APDH Regional San Luis
Colectivo Social, Político y cultural de las Sierras de los Comechingones
"Casa por la Memoria y la Cultura Popular" de Mendoza
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos - Regional Mendoza
Mesa de Organismos del Espacio de Memoria ex Comisaría Séptima de
Mendoza
Ex Pres@s de San Rafael, Mendoza
H.I.J.O.S y Niet@s de San Rafael, Mendoza
Mujeres sobrevivientes de las dictaduras por la Memoria
Centro de Derechos Humanos "Pedro Peczak" de la UNaM
Fundación Defensora de los Derechos Humanos "Germania", Misiones
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Misiones
Asociación de ex Presos por razones Políticas y familiares de Misiones.
ONG de Derechos Humanos y Equidad de Géneros Colectivo 108, Misiones
Colectivo de Afrodescendientes Misionerxs
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba
Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba
Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Viedma
