El Tribunal Oral Federal en Tucumán dictó el embargo del Ingenio La Fronterita, cuyos exdirectivos están siendo investigados por la responsabilidad que tuvieron en delitos de lesa humanidad que se comentieron en esa fábrica. En 1975 se asentó allí una base militar y funcionó un centro clandestino de detención y torturas durante el terrorismo de Estado. La medida de embargo la habían solicitado el fiscal Pablo Camuña y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes, dirigida por Carmen Chena.
El Tribunal hizo lugar al pedido y "dispuso medidas cautelares patrimoniales tendientes a la restitución y reparación de las víctimas del caso, donde se investiga la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad cometidos en ese lugar", indicó un comunicado difundido por Fiscales.gob. El ingenio La Fronterita fue fundado en la década de 1920 por la familia Minetti, en las afueras de Famaillá, y en su predio funcionó un centro clandestino de detención que comenzó a operar durante el Operativo Independencia, en 1975, y continuó activo en la última dictadura cívico militar. "Esta es la primera medida cautelar que se dicta sobre inmuebles propiedad de una empresa cuyos directores o administradores están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad", señaló el escrito.
La causa conocida como La Fronterita fue elevada a juicio en diciembre de 2021 y tiene como imputados a los exdirectivos del ingenio Alberto Figueroa Minetti, quien era administrador de la empresa; Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos. Estos están procesados como cómplices de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio en perjuicio de 68 personas, en su mayoría trabajadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de las colonias cercanas al ingenio.
