La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) denunció penalmente al diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, por el delito de instigación a la violencia, luego de que el legislador publicara un tuit pidiendo "cárcel o bala" para los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que se manifestaban frente a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. Es la segunda denuncia de este tipo que enfrenta Espert en el año, ya que en septiembre exigió el mismo castigo para los trabajadores del Sindicato Único del Neumático (Sutna) por realizar una ocupación pacífica de las oficinas del Ministerio de Trabajo.
En la presentación realizada el miércoles pasado por el titular del organismo, Horacio Pietragalla Corti, se destaca "la peligrosidad y el carácter antidemocrático del mensaje" publicado por Espert, al tiempo que se enfatiza la reiteración de este tipo de conductas y el hecho de que "quien difunde estas expresiones violentas sea un diputado nacional". La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, con base en el artículo 209 del Código Penal, que pena a quien "públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución".
En efecto, no es la primera vez que el diputado libertario tiene estas expresiones públicas de violencia. En septiembre, cuando en medio del reclamo salarial de los trabajadores del neumático, un grupo de dirigentes decidió ocupar las oficinas de la sede del Ministerio de Trabajo en la avenida Callao hasta tener una respuesta a sus demandas, Espert publicó un mensaje junto a la noticia: "Código Penal Art 181, delito de usurpación. Cárcel (6 meses a 3 años) o bala". Esta vez, fue aun más directo y sentenció "cárcel o bala para estos delincuentes", tras compartir una nota sobre el acampe de integrantes del MTE frente al Lago Escondido.
Tal como señala la presentación de la SDH, aquella causa recayó en el Juzgado Federal 8, a cargo Marcelo Martínez De Giorgi, quien decidió archivarla pocos días después. Por esta razón, sostiene: “Es evidente que la falta de respuesta judicial adecuada ante expresiones que configuran el delito de instigación pública por parte de un Diputado Nacional genera su repetición. En un país con alta conflictividad social y política, que se encuentra obligado a respetar el derecho humano a la protesta social, que un representante del pueblo instigue públicamente a matar a quien protesta no puede quedar sin sanción judicial”. Asimismo, el organismo que dirige Pietragalla Corti pidió a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación que adopte “las medidas necesarias para sancionar este tipo de declaraciones y evitar su repetición”.
El acampe en Lago Escondido
Este último martes, el líder del MTE, Juan Grabois ingresó junto a un grupo de manifestantes a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, para reclamar que el Estado Nacional recupere esas tierras, que actualmente se encuentran en litigio con la Justicia. Según denuncian, la propiedad de 12.000 hectáreas obstruye el libre acceso al lago, por lo que una de las medidas de los manifestantes fue izar una bandera argentina en la orilla. Además, instalaron carpas con el objetivo de iniciar un acampe "por tiempo indeterminado" y aseguraron: "Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido también".
Sin embargo, la medida duró menos de 24 horas, ya que los manifestantes levantaron el acampe el miércoles por la mañana. Durante su estadía, denunciaron amenazas de personas encapuchadas, amedrentamiento por parte de la Policía provincial y el cercamiento del terreno para evitar la salida de algunos integrantes que debían abandonar el acampe por problemas de salud. El mismo Grabois expresó en su cuenta de Twitter: "En las ultimas 24hs, hubo varios forcejeos con la patota parapolicial de Lewis, no con los trabajadores con quienes compartimos mates y charlas".
En una conferencia de prensa realizada por la tarde, los referentes de la organización celebraron haber podido llegar al lago y acordar un límite de 15 metros para acceder públicamente, lo que Grabois catalogó como "algo importante, porque creo que es un hecho jurídico". Y señaló: "vamos a volver a hacerlo todas las veces que sea necesario".
Recientemente se conocieron los mensajes de un grupo de Telegram donde jueces, fiscales, funcionarios del Gobierno porteño y un exagente de inteligencia elaboraban estrategias para ocultar un viaje a la propiedad de Lewis, presuntamente pagado por empresarios del grupo Clarín. Tal como publicó Página/12, de aquel encuentro participó, entre otros, Carlos Mahiques, magistrado que falló a favor del magnate británico en septiembre de 2021, cuando declaró prescriptas las denuncias contra exfuncionarios por la apropiación del lago. En este sentido, Grabois señaló la existencia de un "Estado paralelo", producto de las tramas de poder que se tejen en la estancia de Bariloche.
