La Cámara de Diputados comienza a delinear cómo será el tratamiento del pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso en los próximos días, luego de que días atrás se conocieran presuntos chats entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en el que le adelanta información sobre el fallo por la coparticipación que benefició al Gobierno porteño.

Aunque Fernández todavía no envió a la Cámara de Diputados el pedido de juicio político, la discusión parlamentaria comienza a perfilarse, ya que el Frente de Todos debe conseguir dos tercios de los votos en el recinto para que la discusión pase al Senado. La primera instancia será en la comisión de Juicio Político, que deberá discutir si considera que existen motivos suficientes para impulsar el juicio político.

En el bloque del Frente de Todos en Diputados afirman que existen motivos suficientes para avanzar en la destitución a Rosatti e investiga al resto de los jueces de la Corte. En este sentido, recalcan que el presidente de la Corte se arrogó facultades que le corresponden al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en el debate por el Consejo de la Magistratura. A eso, le suman los chats que salieron a la luz entre el vocero de Rosatti con el ministro D’Alessandro sobre qué defensa debía hacer del fallo de la coparticipación.

Para el exdiputado y miembro del Consejo de la Magistratura, Héctor Recalde, "el juicio político es una decisión acertada del Presidente". "Se puede avanzar, creo que nova a culminar, porque requiere mayorías especiales. Es difícil obtener una conformidad de la oposición, más allá de que sea una cuestión de Estado sobre la que debe haber coincidencia", enfatizó en diálogo con AM750.

" ¿Quién no quiere una justicia independiente? El Poder Judicial es supremo al interior del poder. No es un primus inter pares. No está arriba de los otros poderes. Lo que genera algunos excesos en sus fallos es un conflicto de poderes difícil de solucionar. Porque no hay una autoridad por arriba de los poderes. La única solución es la reacción del pueblo", sostuvo Recalde. 

"El Consejo de la Magistratura no tiene incumbencia respecto a la Corte. Es la Cámara de Diputados la que analiza y termina juzgando el Senado. Para nosotros es fundamental en cuidado de principios básicos", agregó.

La comisión de Juicio Político de Diputados podría abocarse al pedido una vez que Alberto Fernández envíe el proyecto al Congreso y convoque a sesiones extraordinarias, incluyendo la solicitud en el temario de iniciativas a tratar. Primero se deben reunir losintegrantes de la comisión para abordar el caso, estudiar la apertura de un sumario avanzar en la búsqueda de un dictamen.

Para que la Cámara baja se transforme en “acusadora” se requieren dos tercios de los votos de los presentes. No es un punto menor, sobre todo porque el Frente de Todos no cuenta a priori con los votos suficientes. Si avanza, el Senado deberá discutir la destitución.


Reunión clave con los gobernadores

A su regreso de Brasil, a donde viajó para presenciar la asunción de Lula da Silva y mantener una reunión bilateral con el mandatario, Alberto Fernández se reunirá este martes con un grupo de gobernadores peronistas en la Casa Rosada para terminar de delinear el pedido de juicio político. 

A priori, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anticipó que acompañará la presentación ya que existen elementos de una “absoluta colaboración entre la Corte y los sectores de Cambiemos”.

La Carta de Alberto Fernández

"He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti", destacó Fernández en el texto difundido por el gobierno aludiendo al conflicto entre las provincias, acompañadas por el Estado Nacional, y la capital porteña por la distribución de la Coparticipación Federal. La Corte Suprema falló a favor del amparo solicitado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y dispuso que el gobierno nacional le entregue el 2,95 por ciento con el que Caba fue beneficiada durante la presidencia de Mauricio Macri en el período 2015-2019.

"Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional", aseguró Fernández en alusión al doble rol de Rosatti, como presidente de la Corte y del órgano encargado de la designación y sanción de jueces. Fernández también agregó que era su deber "promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica".

A su vez afirmó que en los últimos meses se había visto "un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina" y detalló que "diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia", aludiendo a otro escándalo judicial en el que se revelaron chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, principal operador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El funcionario judicial le recomendaba a D'Alessandro los pasos a seguir para que la Corte pueda convalidar judicialmente el reclamo del senador Luis Juez a un lugar en el Consejo de la Magistratura.

"Los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado", indicó Fernández exponiendo algunas de las razones para impulsar el juicio político a Rosatti y el resto de los integrantes de la Corte.