El Gobierno nacional confirmó que la semana próxima formalizará el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso para que en la segunda quincena de enero comience a tratarse el juicio político al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por “violar la Constitución Nacional". Además, negó que el presidente Alberto Fernández esté estudiando la posibilidad de modificar el Consejo de la Magistratura a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Tal como adelantó Página/12, el objetivo del oficialismo es que “en los tiempos más breves posibles” el tema se trate en la bicameral de juicio político, a fin de que una vez allí se avance en la investigación y que luego se trate en sesión especial. Junto con el pedido de juicio contra el máximo tribunal se agregarán otros temas de índole económica, según se adelantó.

El juicio político a Rosatti

“En 40 años de democracia, no podemos dejar pasar que la Corte Suprema ha avasallado la división de poderes” de la República, puntualizó la vocera presidencia, Gabriela Cerruti, durante una conferencia en la que anunció los plazos que el oficialismo prevé para impulsar este asunto que, según dijo, “se trata de una decisión histórica que tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando”.

Los temas incluidos en el pedido de juicio político son dos: la cautelar que ordena devolver puntos de coparticipación federal al gobierno de la ciudad y la puesta en vigencia de una ley derogada hace 16 años para que Rosatti asuma al frente del Consejo de la Magistratura.

En ambas cuestiones, el máximo tribunal “está rompiendo la división de poderes” porque “intervino sobre el Poder Legislativo” al poner en vigencia una ley derogada y porque, en el caso de la coparticipación, avanzó contra los atributos del Poder Ejecutivo y el Congreso “para tomar una decisión que involucra al reparto de los fondos, sobre la base de lo que establece la Constitución”, argumentó la portavoz.

“Entendemos que el juicio político tiene ser muy claro y certero en mostrar la responsabilidad de quien hoy tiene detenido al Consejo de la Magistratura y puso en vigencia una ley derogada por el Congreso para autoproclamarse presidente” de ese organismo, dijo Cerruti sobre Rosatti.

“Si el presidente Alberto Fernández decidiera que hay una votación vieja en la Cámara de Senadores que nos sirve para poner un miembro de la Corte Suprema sin votación, sería un escándalo, y algo de eso es lo que hizo la Corte Suprema”, dijo en lo que fue un tiro por elevación a la decisión del ex presidente Mauricio Macri, cuando en 2016 impuso por DNU a dos jueces del máximo tribunal.

Los ejes del juicio político contra Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda fueron transmitidos por el jefe de Estado al titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, y la legisladora Carolina Gaillard, cuando les entregó en mano los fundamentos del juicio político.

La idea de que el caso se trate rápidamente también tiene que ver con que el Gobierno pueda seguir gestionando con los demás temas que tienen que ver son la vida cotidiana. Si bien el caso de la Corte involucra “temas de importancia institucional, lo que la gente debe entender que cuando la Justicia no funciona, no funciona para la vida cotidiana”. Y “cuando no funcionan las instituciones, no funciona la totalidad de la instituciones”.

No al DNU para el Consejo de la Magistratura

A través de su vocera, el Gobierno nacional también relativizó la versión que surgió ayer sobre un posible DNU para modificar el Consejo de la Magistratura y así frenar el fallo de la Corte, que retrotrajo en 16 años la situación de ese organismo.

“El Presidente está pensando en el juicio político”, fue la respuesta de Cerruti a una consulta sobre el tema. Es decir que descartó la posibilidad de un decreto especial.

La posibilidad había surgido a través del ministro de Justicia, Martín Soria, que en una entrevista periodística fue consultado sobre esa alternativa. Lo que dijo Soria fue que “existen los mecanismos constitucionales” como el DNU y otras herramientas que la Carta Magna reserva para el Poder Ejecutivo.

El caso D’Alessandro

Por otra parte, el Gobierno nacional salió al cruce de la acusaciones de Horacio Rodríguez Larreta, quien en su defensa a su cuestionado ministro suspendido, Marcelo D’Alessandro, sostuvo que los chats que dejan al descubierto una red de influencias y posibles hechos de corrupción surgieron desde “el kirchnerismo”.

“Este gobierno terminó con los sótanos de la democracia. Este gobierno no espía. Este gobierno no persigue a los opositores”, sentenció Cerruti y desligó la publicación de los chat en la interna del macrismo: “Cuando uno hace eso (espiar ilegalmente) como lo hizo el macrismo, quedan los locos sueltos”, y en este sentido “el problema del macrismo es que inventó este monstro que ahora lo usa para jugar su interna”.

Además, negó que el Gobierno nacional le diera entidad institucional a los chat filtrados. “El Presidente nunca avaló los chats –aclaró-. En la cadena nacional y en el pedido de juicio político (a la Corte) se refiere a ‘hechos de conocimiento público’, al fallo sobre el Consejo de la Magistratura y al fallo sobre coparticipación.”

El gobierno del Frente de Todos “defiende la privacidad de todos los ciudadanos”, puntualizó y recordó que “desde hace diez años” el kirchnerismo denuncia las “concesiones truchas, los subsidios por más de 1.500 millones de pesos y los bolsos de dólares que van al gobierno de la ciudad” por la concesión de las grúas de acarreo.

“Siempre hemos denunciado que esa era la caja del macrismo, de (el ex vicejefe de gobierno, Diego) Santilli y de Rodríguez Larreta. “Probablemente, muchos de esos dólares terminen siendo parte del sistema que montó Larreta para tener impunidad a través del silencio de muchos periodista y medios de comunicación”, concluyó.