¿Qué une a un íntimo colaborador de Emilio Massera, Elisa Carrió, el juez Bonadio, el fiscal Storneli, Patricia Bullrich, “Jaime” Stiuso, Laura Alonso y Gerardo Morales con la filtración de los chats de Marcelo D’Alessandro? Aunque parezca increíble, nada menos que la atropellada reacción del PRO y sus amigos mediáticos para disimular el escándalo con que cerró 2022 y amenaza extender sus efectos a lo largo de todo 2023.
Al principio, el Gobierno responsabilizaba a la interna opositora por el hackeo del teléfono celular del ahora licenciado ministro de Justicia porteño y la oposición apuntaba como siempre al “kirchnerismo”. Pero en el PRO percibieron que no era suficiente y decidieron “darle un rostro” a su denuncia. Con nada mejor a mano, desempolvaron de apuro un antiguo guion que en su momento ocupó 40 tapas de los principales diarios y horas y horas de denuncias televisivas para terminar en la nada, Así como durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner acusaron al entonces jefe del Ejército, César Milani, de armar un fabuloso aparato de inteligencia ilegal, ahora tratan de convencer a todo el mundo de que el mismo Milani, sin ningún lugar en el esquema de poder, está detrás de los hackeos y las filtraciones.
Además de ser un autoplagio, ya que insólitamente buena parte de los operadores periodísticos y políticos son los mismos, el intento tiene un problema aún más grave: todas las causas que se armaron terminaron desechadas por la justicia. Y no cualquier justicia. Lo más selecto del aparato montado en Tribunales por el macrismo no consiguió durante todo el Gobierno de Cambiemos encontrar algo de qué agarrarse para seguir adelante con las acusaciones.
Pero nada los amilana. Los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Juan Manuel López acaban de presentar otra denuncia por espionaje ilegal, sin más argumento que la reproducción de las notas publicadas por Clarín y La Nación como parte de esta campaña.
El show que Bonadio no pudo completar
Todo empezó con una denuncia de Carlos Tórtora publicada en 2014 en El Informador Público, habitual vocero de un sector de los servicios de inteligencia. Tórtora se reivindicaba como íntimo colaborador y amigo de Emilio Massera desde los tiempos de la ESMA, después fue uno de los voceros de los alzamientos carapintadas y terminó contratado por la SIDE durante el menemismo.
En ella se afirmaba que desde 2009 el general Milani estaba desarrollando un gigantesco aparato de inteligencia paralelo en el Ejército, con la compra de sofisticados artilugios tecnológicos que le permitían espiar los teléfonos de todos los opositores.
A la hora de fundamentar su denuncia ante la justicia, Tórtora solo aportó que su fuente eran los dichos de un militar retirado que, una vez consultado, aclaró que él simplemente se había nutrido de las notas publicadas en esos años.
Con ese panorma, hasta Bonadio quiso archivar la causa pero el fiscal Stornelli recurrió a la Cámara de Martín Irurzun para mantenerla abierta durante los cuatro años del gobierno de Macri.
Para lograrlo, se buscó la colaboración, entre otros, del actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; del autor de muchas de las notas tomadas como base de esa y otras causas, Daniel Santoro; del propio ex hombre fuerte de la Side, Antonio Stiuso. Pero, como consignó Raúl Kollmann en Página/12, ninguno aportó un solo dato comprobable.
Morales denunció que Milani le espiaba los mails y sus archivos informáticos pero, analizada su computadora por expertos de la propia Policía Metropolitana, quedó descartado el espionaje.
Santoro afirmó que Milani designó un suboficial "para seguirlo e investigarlo", pero cuando el juez le pidió que lo identifique declaró que se lo había contado “una fuente” que ya no recordaba el nombre del militar.
Stiuso declaró cuatro horas para sostener que desde la sede del Ejército se utilizaban valijas o camionetas con capacidad de interferir llamadas. Pero tanto la AFI macrista, dirigida por Gustavo Arribas, como el Ministerio de Defensa, conducido por Aguad, aseguraron ante el requerimiento judicial que nunca se habían comprado aparatos con esas características.
Ni siquiera quedó en pie el mito del “crecimiento exponencial” del presupuesto del Ejército con Milani, repetido hasta hoy en cada nota sobre el tema. La justicia determinó que su ritmo de aumento fue idéntico a los de la Armada y la Aviación.
Justo antes de morir, en febrero de 2019, Bonadio volvió a archivar la causa, pero esta vez apeló el propio Milani que, ante lo ridículo del armado, reclamó el sobreseimiento que finalmente firmó el juez Marcelo Martínez de Giorgi en octubre de 2020.
El turno de Patricia Bullrich y Laura Alonso
Días antes de las elecciones de 2015, Patricia Bullrich y Laura Alonso lograron un enorme impacto mediático con otra denuncia de espionaje contra la AFI y el aparato de inteligencia supuestamente montado por Milani en el Ejército, aunque este ya había dejado su puesto. Presentaban una larga lista de políticos y periodistas opositores al gobierno de Cristina Kirchner “cuyos teléfonos estaban siendo intervenidos” desde un cuartel en Villa Martelli y un edificio de San Juan y Entre Ríos. Llamaba un poco la atención que entre ellos estaba también Stiuso y todos sus socios y parientes, incluido un nieto de 8 años.
Dos jueces investigaron el caso, Sebastián Casanello en CABA y Emiliano Canicoba en provincia de Buenos Aires, y las denunciantes puntualizaron que Alonso había recibido una llamada anónima de un supuesto ex agente de la Side que después le había hecho llegar la lista. Pero nada más. Hasta se negaron a identificar el teléfono en que habría recibido la llamada y la forma en que les llegó el listado.
En pleno auge macrista, los jueces igual trataron de seguir adelante, con el respaldo de las fuerzas de seguridad alineadas con el nuevo oficialismo, pero lo único que descubrieron fue que el cuartel de Villa Martelli había sido reemplazado por una dependencia militar sin ninguna relación posible con la inteligencia. Las supuestas antenas a las que hacía referencia la denuncia estaban en otro terreno cercano y en realidad pertenecían desde hacía más de diez años a la SIDE, que las usaba para comunicaciones internas. Los propios funcionarios de Arribas dejaron claro que no servían de ninguna manera para interceptar llamadas telefónicas. También descartaron cualquier actividad de ese tenor en las inmediaciones de San Juan y Entre Ríos.
Los infaltables Nisman y Carrió
La construcción de la figura de Milani como el factótum de la inteligencia kirchnerista no podía estar completa sin meterlo de lleno en el pantano creado alrededor de la muerte del fiscal Alberto Nisman. En este caso la encargada fue Elisa Carrió, que pidió declarar poco después de iniciada la investigación.
“Yo acuso al general (César) Milani de haber participado del asesinato de Nisman como conexión local”, le dijo a la fiscal Viviana Fein. Como acostumbra, Carrió no se preocupó por la coherencia de sus dichos. Pareció explicar que el interés del general estaba en que así lograría “generar un desorden para generar un nuevo sistema de inteligencia”, pero esa hipótesis chocaba de lleno con el resto de afirmaciones disparatadas que "aportó".
Habló de espías iraníes que organizaron todo desde Montevideo y que viajaron en un Buquebús, sin bajarse en Buenos Aires, para corroborar desde el puerto la hora del supuesto asesinato, aunque nadie pudo entender para qué serviría. Que sabía todo eso porque se lo contó “una señora que es fanática mía que se sentó a mi lado cuando volvía de Punta del Este”, de la que no supo dar el nombre pero sí que le aseguró que “había hablado con el embajador uruguayo”, quien después negó todo a la fiscal Fein.
“Me dijeron que el asesinato de Nisman fue cometido por la Inteligencia iraní, algo que me consta, intervinieron sicarios venezolanos, lo que no me consta, y tuvo la cobertura de la empresa de seguridad de Le Parc”, se despachó Carrió, que también destacó que “gracias a Fayt se imputó a iraníes vinculados a Al Qaeda” en el atentado a la embajada de Israel (Al Qaeda, de raíz sunnita, es el principal enemigo del régimen chiíta de Irán) y que cuando fue al cementerio de La Tablada para el entierro de Nisman le llamó la atención que “la señora Arroyo Salgado llegó con un vestido de seda beige y encaje negro y con tacos muy altos negros".
Con semejante antecedente, ¿quién podría sorprenderse de la actual denuncia de sus seguidores Oliveto y López?
Las hipótesis que la oposición elige no ventilar
Tanto despliegue para vender una pobre remake de lo que fue una de las construcciones mediáticas y judiciales más exitosas contra el gobierno de CFK también exhibe la ansiedad por disimular la ferocidad que va adquiriendo la definición del candidato presidencial de la principal fuerza opositora.
Las repetidas filtraciones preanuncian nuevos capítulos, sean del propio ministro licenciado o de otros dirigentes que también dicen haber sufrido hackeos. Los golpeados Milman y D’Alessandro son, o eran, los referentes de Bullrich y Larreta en la crucial área de la Seguridad. Pero Macri sobrevuela sobre todos y no se ve obligado a anticipar ningún nombre de futuros colaboradores. Ni siquiera el del propio Stiuso, también enemigo declarado de D’Alessandro, que casualmente volvió a ser nombrado alrededor del fundador del PRO.
Cerca del Jefe de Gobierno maldicen que las filtraciones que terminaron de hundir a D’Alessandro llegaron justo para arruinar el clima creado por el fallo de la Corte, que beneficiaba doblemente a Larreta. Le daba chapa como principal opositor y a la vez fondos para financiar su campaña. Duró poco, tan poco, que no pueden evitar imaginar una sonrisa en los labios del ex presidente.
