El Salvador volvió a extender el régimen de excepción por 30 días. Es la décima vez que el congreso salvadoreño, de mayoría oficialista, prorroga la medida impulsada por el presidente Nayib Bukele como parte de su guerra contra los grupos criminales o maras como se les conoce en el país centroamericano. Ya son más de 60 mil las personas detenidas en el marco del régimen de excepción.

El estado de excepción en El Salvador fue prolongado hasta el próximo 15 de febrero. La medida anunciada por primera vez el 27 de marzo de 2022 tras una escalada de violencia que resultó en la muerte de 87 personas hacia fines de ese mes. El presidente Nayib Bukele asegura que las pandillas llegaron a tener el control del 80% del territorio salvadoreño.

La medida es ampliamente cuestionada por organismos de derechos humanos. Las madres y familiares de los detenidos le reclaman al gobierno información sobre sus hijos. Además, cuestionan las detenciones y allanamientos arbitrarios en el marco del régimen de excepción.

Pero en la Asamblea Legislativa (congreso) los diputados justificaron la medida. “Lo que estamos haciendo es salvando la sangre (la vida) de los salvadoreños", precisó la vicepresidenta del congreso, Suecy Callejas del Partido Nuevas Ideas (la formación política fundada por Bukele en 2018).

Según el decreto que prorroga el régimen de excepción, las organizaciones criminales “han variado sus modos de accionar delictivo” y esto dificulta su localización y captura.

La diputada Marleny Funes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) cuestionó los métodos del gobierno de Bukele. "Ustedes (diputados oficialistas) pueden combatir el delito sin llevar gente inocente (a la cárcel)", aseguró durante el debate.

Según los números del gobierno ya son 61 mil las personas que han sido detenidas. Para el gobierno se trata de presuntos pandilleros, incluyendo 900 jefes de organizaciones criminales, principalmente de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de la Mara 18.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ya recibió más de 4 mil denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción.