Las negociaciones paritarias para el 2023 ya comenzaron y no sin sobresaltos, lo han hecho acompañadas de las palabras de la ministra de Trabajo que expresaron el deseo del gobierno por contener la puja entre capital y trabajo en torno a un aumento sugerido del 60 por ciento, que recorrerá como el colectivo que visita barrios porteños y localidades bonaerenses muchas de las discusiones paritarias de este año, y que no fue bien recibido por las organizaciones sindicales.

La carrera sin descanso entre precios y salarios repercute sobre todo en aquellos trabajos y empleos más vulnerados, y particularmente entre las trabajadoras y trabajadores con mayores dificultades de inserción en el mercado: jóvenes, mujeres y adultos que se encuentran al final de su trayectoria laboral. En definitiva, si como viene sucediendo desde hace años, la tasa de inflación se aleja en el transcurso del año de la meta presupuestada, las paritarias deberán revisarse y asociado a ello mejorarán las negociaciones los sectores más dinámicos, que luego inciden en los acuerdos de los grupos más rezagados, con menor poder de negociación.

Durante 2022 pudimos seguir este fenómeno donde los sindicatos más fuertes lograron cerrar paritarias que empataron y en algunos casos superaron por escasos puntos a la inflación, pero también se implementaron bonos y compensaciones no remunerativas que, pese a todo, pudieron incorporar sumas fijas a los salarios, evitando el traslado a precios. A estas dinámicas habituales debemos agregar que en 2023 viviremos nuevamente un proceso electoral que pondrá en discusión la continuidad o no de la gesitón de gobierno. Otro conflicto latente es el de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que circula especialmente en torno a las discusiones del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) y que en el último tiempo sumó dos elementos clave: por un lado, la suspensión de cerca de 160.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo y, por otro, la intención de desacoplar el Salario Social Complementario del SMVyM fijando los aumentos desde el poder ejecutivo.

Teniendo en mente la coyuntura peculiar de este año y según datos recopilados por el Ministerio de Trabajo observamos que en los años electorales de 2015, 2017, 2019 y 2021 los acuerdos y convenios incorporaron menos pautas vinculadas con modificaciones salariales, pero incrementaron aquellas que modificaban las relaciones laborales y condiciones de trabajo. De manera inversa, en los años poselectorales de 2016, 2018, 2022 son mayoritarias las discusiones de contenido salarial.

Mención aparte merece el año 2020, donde hubo una predominancia de las discusiones sobre las relaciones laborales que principalmente tuvieron como objetivo mitigar los efectos de la pandemia. Asimismo, en el 2017 electoral los acuerdos con contenido salarial disminuyeron respecto al año anterior pero los que se centraron en las relaciones laborales fueron más que en 2016. Y en 2018 esa relación fue inversa: hubo más acuerdos que apuntaron a mejoras salariales y muchos menos que incidieron en las relaciones laborales.

La dinámica y el contenido de la negociación colectiva salarial varía y nos encontramos con que no siempre la relación entre inflación y paritarias marca un trazo tan evidente como las propias estadísticas: que en 2019 los salarios promedio crecieron 43,4 por ciento y los precios 10 puntos m[as o que en 2021 la remuneración promedio aumentó 46 por ciento pero los precios subieron 51.

Los procesos de discusión salarial en Argentina son complejos e inciden en ellos numerosos elementos coyunturales. Los contextos electorales parecen ser propicios para discutir y acordar cuestiones vinculadas con la organización del trabajo. Son acuerdos que permiten avanzar con discusiones salariales más estructurales. Pero dada la pérdida salarial acumulada en los últimos tres años, no debería perderse de vista la pauta paritaria: incorporando discusiones sobre la suma fija si es necesario.

* Sociólogo, investigador y docente en Relaciones del Trabajo UBA y UNAJ.