Marta Montero rara vez levantó la mirada durante esta cuarta audiencia del segundo juicio por la muerte de su hija, Lucía Pérez. Sus ojos se mantuvieron debajo del horizonte de los escritorios apelotonados que ocupan el fiscal, la querella y la defensa. De frente los jueces, una cámara que graba y, a menos de dos metros de ella, el lugar por donde circulan los testigos que coinciden en una cosa: la dificultad que tienen para recordar con precisión los hechos ocurridos el 8 de octubre de 2016. Pasaron 7 años, hoy Lucía cumpliría 23.

Marta escucha y espera, en el letargo de la justicia, a veces flotando y a veces con la pisada firme, que se pueda probar que Lucía fue víctima de un femicidio.

La declaración de los policías y el certificado de defunción

“No me acuerdo”, “no me acuerdo”, respondió incansablemente el oficial Olivera, uno de los seis testigos interrogados durante una jornada en donde pasaron cinco policías y una enfermera. Olivera declaró que el 8 de octubre llegó tras el llamado a la Comisaría 13 por parte de la Sala de Playa Serena, cuando Lucía ya estaba en la camilla sin vida. Él manejaba el patrullero y se quedó afuera mientras su compañero averiguaba lo que había pasado. Olivera también fue parte del operativo de detención de los acusados Matías Farías y Juan Pablo Offidani, pero a la mayoría de las preguntas que le hacían respondía argumentando la fragilidad en su memoria.

Farías y Offidani están imputados por "abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio”. Los testimonios de la mañana en los Tribunales de Mar del Plata giraron en torno a un período muy concreto de aquel 8 de octubre: desde la llegada de Lucía a la salita con Farías hasta la detención de los dos acusados. Una escucha necesaria pero indiscutiblemente dolorosa para una familia que pierde a su hija de 16 años y que además debe revivir, una y otra vez, las idas y venidas de distintas voces para reconstruir qué fue lo que pasó ese día.

El fiscal Leandro Arevalo le pidió a Pablo Bocca, otro de los policías citados en el día, que relatara los hechos que sucedieron progresivamente desde que lo llamaron a la Comisaría. Fue el testimonio más extenso, desde que se encontró con Farías en la salita hasta el día siguiente, cuando lo detuvo junto a Juan Pablo Offidani. Bocca pudo precisar que le impactó ver a Lucía en la camilla, que tenía la ropa húmeda y que no vio a ningún médico: “pregunté lo que tenía que preguntar y Farías me respondió que habían mantenido relaciones sexuales, que habían consumido cocaína, que Lucía se había desmayado, que la llevó a la ducha, que llamó a un amigo para que lo ayude y que la cargaron en la camioneta”. 

Al otro día, el 9 de octubre, el mismo Bocca junto a otros oficiales, fue parte del operativo para detener a los acusados y en su testimonio aseguró que “fueron reducidos en el momento y sin resistencia”. También declaró que el sábado fue junto a Farías al almacén en donde trabajaba una amiga de Lucía para poder dar con el paradero de los familiares.

Otro de los testimonios fue el de Luisa Sendra, quien ahora está jubilada pero en 2016 era la Coordinadora del Centro de Salud de Playa Serena y fue la última testigo de la jornada. Ella no estuvo presente en el momento en el que llegó el cuerpo de Lucía sin vida, sin embargo su testimonio tenía que ver con un certificado de defunción en blanco al que tuvo que dar de baja. Ese día, cerca de las 14, Luisa se fue a su casa y dejó a cargo de la salita al doctor Pablo de la Colina y al enfermero Maximiliano Radubaniuk; ambos declararon la semana pasada. Mientras las abogadas de la familia, Verónica Heredia y Florencia Piermarini le hacían preguntas sobre lo sucedido ese día, la mujer sacó de su cartera una nota y unas fotocopias que se aportaron como pruebas. De la Colina había firmado un certificado en blanco el 8 de octubre. La nota que traía Luisa en su cartera confirmaba que ella misma había realizado el trámite para darle de baja a ese certificado. La semana pasada, en su declaración, el médico --que además en ese momento era subsecretario de Salud-- desestimó la importancia de “darle de baja” diciendo que “cuando alguien deja un certificado de defunción incompleto no sirve”. Según la enfermera, De la Colina le dijo a Luisa que lo tirara pero ella prefirió hacer el trámite. Esto ocurrió varios meses después de la firma. Aparentemente se trata de una desprolijidad administrativa pero cada detalle no deja de sumar ribetes a un caso con recovecos indescifrables.

Reconocimiento ocular en la casa de Matías Farías

Cerca del mediodía y con la circulación de testigos casi agotada, el fiscal Leandro Arévalo solicitó a los jueces Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz realizar un reconocimiento ocular en la casa donde, según la investigación y los testigos, estuvo Lucía antes de ser trasladada en camioneta hasta la sala de salud en donde ingresó sin vida. Tanto la querella como la defensa acompañaron el requerimiento y el próximo miércoles se realizará el procedimiento.

El reconocimiento ocular solicitado por el fiscal busca seguir en el camino de determinar qué fue lo que pasó ese día en la casa de Farías. Si bien en la declaración de ayer el oficial Pablo Bocca aseguró que Lucía tenía la ropa mojada, el jefe de la comisaría, Christian Gari, afirmó en esta misma audiencia que no notó que Lucía estuviera mojada. Contradicciones y omisiones que pueden deberse al paso del tiempo pero que sin duda giran por los pasillos de los tribunales como dándole cuerda a una justicia lenta que ya va por su segunda vuelta. La primera fue en 2018, cuando los jueces del Tribunal Oral N° 1, Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, condenaron a 8 años de prisión por vender droga a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, pero los absolvieron por los delitos de abuso sexual y femicidio. La historia continuó en 2020 cuando La Cámara de Casación anuló el fallo de absolución y ordenó que se realizara un nuevo juicio.

Siguen abiertas las preguntas y siguen abiertas las heridas. ¿Es posible que no exista la revictimización de una madre que tiene que volver a escuchar cómo otros tratan de recordar qué pasó el día que perdió a su hija? ¿Qué rol juegan, siete años después, los relatos predeterminados? ¿Cómo puede este juicio atinarle a esa añorada perspectiva de género?

En principio, el miércoles será el turno de Laureana Malacalza, subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, quien como lo hizo en el juicio anterior intentará aportar un marco para la perspectiva de género.

Hoy, a partir de las 8 de la mañana habrá actividades artísticas y radio abierta convocada por la campaña Somos Lucía en el día de su cumpleaños.