El fiscal Carlos Stornelli volverá a faltar a la citación de la Comisión de Juicio Político, en el proceso contra los cuatro jueces de la Corte Suprema, a pesar de que allí se votó que debe acudir en forma presencial. El viernes último envió una nueva nota al procurador interino Eduardo Casal donde le dice que no se va a mover de su posición, según la cual la Ley de Ministerio Público le permitiría declarar por escrito. Pero los diputados y diputadas del oficialismo ya advirtieron por mayoría que no se trata de un proceso penal y que rige el reglamento de la Comisión, que no exceptúa a los fiscales de acudir en persona. En el ping pong de cartas que comenzó dos semanas atrás, Casal le volvió a enviar este lunes a la presidenta del cuerpo, Carolina Gaillard, el texto de Stornelli, pero a éste no le reprochó nada ni lo intimó. La diputada ya anticipó que pedirán el desafuero para poder obligarlo a comparecer con la fuerza pública, algo que ahora no es posible porque tiene inmunidad. Otro de los testigos que deben presentarse, el abogado Marcelo Mazzeo, anunció en su Twitter que tampoco irá. Es probable que vuelvan a llamar, bajo apercibimiento de detenerlo para que testifique.
Stornelli está citado para que explique por qué impulsó en un dictamen express el archivo de la denuncia contra Silvio Robles, vocero del cortesano Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, quienes según una de las tandas de chats filtrados, hablaban de dos temas en trámite ante la Corte en plan de que saliera favorecido Juntos por el Cambio: el reclamo de coparticipación del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el nombramiento de senadores/as en el Consejo de la Magistratura. Al dictaminar, el fiscal sostuvo que los diálogos en cuestión eran producto de un delito, algo que en rigor no había investigado. Incluso otra fiscal, Laura Roteta, que recibió una denuncia del gobernador Axel Kicillof por la misma cuestión, sostuvo que se debía investigar, en función de los diálogos, si se había cometido algún delito. Lo mismo sostuvo en ese expediente le juez Alejo Ramos Padilla, quien ya declaró en la comisión. Roteta también se presentará.
Las cartas
Cuando promediaba la semana pasada, Stornelli le mandó una nueva carta a Casal, en la que le informaba que había sido citado por segunda vez después del faltazo, pero que él ya había "manifestado" su "decisión de declarar conforme la dispone el artículo 63, inciso b, de la Ley 27148 --Ley orgánica del Ministerio Público-- norma que resulta insoslayable en su conocimiento y aplicación". Esto quiere decir que él sólo acepta declarar por escrito. Luego le decía al procurador interino que "ya ante la primera notificación recibida" pidió que le remitieran el pliego de preguntas "exhortando para ello la intervención de VE". Es decir, Stornelli quiere que Casal pida las preguntas para él a la Comisión de Juicio Político. "A la fecha, no he recibido ningún pliego de preguntas", se quejaba en el texto. "Continúo a la espera del mismo, el que --de habérseme remitido-- hubiera contestado en el mismo día, como de la misma manera contestaría, y por la misma vía, todas las repreguntas pertinentes...", decía. Al final agregaba que la referencia a él como "testigo reticente" es "cuanto menos errónea".
¿Qué hizo Casal? Este lunes le mandó otra nota a la diputada Gaillard (Frente de Todos) donde a la vez le reenvió la de Stornelli, sin ningún comentario. En otro documento aparte, el titular de la Secretaría Disciplinaria de la Procuración, Juan Casanovas, giró a la comisión todo el expediente donde van dejando constancia de este cruce de misivas que, a esta altura, parece más una provocación que otra cosa.
La semana pasada Gaillard le había dirigido otra carta a Casal donde le avisaba que Stornelli había faltado "pese a haber sido citado en forma presencial" de acuerdo al "Reglamento Interno de la esta Comisión de Juicio Político". Le recordaba que el artículo 12 sólo exceptúa de la presencialidad al presidente y vice de la nación, gobernadores y vice, y señaló que esa disposición reglamenta el artículo 53 de la Constitución (que dispone el mecanismo de juicio político) y que, como tal "es inoponible" a cualquier norma inferior. También decía que la ley de Ministerio Público señala que los fiscales están "exentos del deber comparecer como testigos ante los tribunales en cuyo caso deberán responder por escrito", pero eso "resulta inaplicable al proceso de juicio político".
Todo esto fue motivo de una virulenta discusión en la Comisión la semana pasada, en que la oposición defendía la postura del fiscal con experiencia en rebeldía, ya que estuvo ocho meses sin presentarse a una indagatoria en el D'AlessioGate. Pero al final se votó, y así fue que por mayoría volvieron a citar a Stornelli para este martes. Gaillard le recordó también a Casal que todos los funcionarios judiciales citados se presentaron sin poner reparos.
Más declaraciones
El abogado Mazzeo, uno de los citados para este martes, apareció en los chats filtrados en un diálogo con D'Alessandro en el que le pedía el traslado de una mujer que era maltratada en una comisaría porteña. Cuando esto salió a la luz, le dijo al diario Hoy de La Plata: "Los mensajes son verídicos y habituales porque no teníamos nada que esconder". Dijo que se conocían hacía tiempo con el ministro en uso de licencia, porque trabajó en proyectos para él cuando era diputado. Sin embargo, en la tarde del lunes escribió en Twitter: "...voy a dejar en claro que NO me voy a presentar ante una Comisión de Juicio Político que pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido. Las persecuciones políticas deben terminar en Argentina". Pese a que había admitido los diálogos, también tuiteó: "En ningún momento dije que las conversaciones obtenidas ilegalmente del teléfono de Marcelo D´Alessandro fueran reales, dije que mantenía conversaciones con el por trabajar hace años juntos.
Del hackeo de su teléfono surge, agregados, edición y manipulación".
Para la Comisión de Juicio Político justamente la clave de su declaración es esa, el reconocimiento de la veracidad de los chats que, como se ve en el posteo del abogado, es uno de los temas que se intentan rebatir. Si, tal como anunció, no se presenta, los diputados y diputadas le mandarían una intimación con la advertencia de que si vuelve a faltar lo irán a buscar con la fuerza pública. Mazzeo no puede alegar ninguna clase de fueros. Habrá que ver cómo se implementa la medida.
Por una razón similar fue citado también este martes Juan Manuel Olima, mano derecha de Casal en la Procuración. Olima tuvo un cruce en Twitter con la periodista Cynthia García cuando salieron a la luz los últimos chats, donde él aparece enviándole un dictamen del procurador a D'Alessandro. "Olima es el Robles de Casal, jefe de los fiscales. Es quien maneja la Procuración. Es una relación impropia que el secretario del Procurador le pase información judicial al ministro Marcelo D´Alessandro para litigar en la Corte". El funcionario le respondió: "No veo lo impropio de aportar un dictamen firmado, público y presentado ya ante la Corte que, por cuestiones de la pandemia no lo habíamos subido al sistema. Si te fijás en la página oficial de la Corte, ese dictamen había sido presentado varias horas antes". Esto fue interpretado, también, como una admisión de la existencia de esos intercambios con el ministro. Olima sí se presentará.
Para la misma jornada están citados también Sebastián Alberto Garay, secretario de Juicios Originarios de la Corte, Guillermo Sebastián Garay, que trabaja en la vocalía de Rosatti y Natalia Monayer, también colaboradora del supremo.
