La Cámara Nacional Electoral (CNE) mantuvo este lunes una audiencia con el Consejo Consultivo de Partidos Políticos con vista a las elecciones nacionales de este año. Allí se abordaron varios puntos de “rutina” sobre todo el proceso electoral (entre ellos las fechas de los debates de candidatos presidenciales), aunque uno de los aspectos en el que hizo hincapié el tribunal fue sobre el financiamiento de las campañas y advirtió a los partidos que habrá un mayor control sobre los fondos para los comicios provinciales –ante los múltiples desdoblamientos electorales--, especialmente “para detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito, proveniente del lavado de activos, el narcotráfico u otras fuentes ilegales de financiamiento”.

“La CNE ya ha manifestado su preocupación sobre este tema y los fundamentos fueron expuestos en la acordada de 2014. Ahora se hizo particular hincapié porque existen distintos puntos del país conflictivos en este aspecto”, explicaron a PáginaI12 altas fuentes del Tribunal electoral. Así lo expuso la CNE --que integran los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía (y Daniel Bejas que está de licencia)-- ante los apoderados de una treintena de partidos políticos en el encuentro del que también participaron los secretarios del tribunal Hernán Goncalves Figueiredo y Sebastián Schimmel. Dalla Vía --que preside la CNE-- fue el encargado de plantear la preocupación sobre el financiamiento del narcotráfico en las campañas, que luego extendió a los aportes de fondos provenientes de otros ilícitos o que no se puedan justificar.

Ya en el 2014, a través de la Acordada Extraordinaria 85 y otras posteriores, la CNE había alertado de la situación y pidió que se profundicen los lazos de cooperación entre las entidades estatales –-nacionales y provinciales-- “para que resulte útil el intercambio de información para prevenir, detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito” en las campañas. A través de la misma solicitó “intercambio de información” a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y a la Inspección General de Justicia (IGJ); además de suscribir convenios específicos con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

El tribunal apunta a la cantidad de provincias que desdoblaron las elecciones (16 de los 24 distritos electorales del país irán a las urnas desacoplados de la elección nacional y todavía podrían sumarse algunas mas). En la mayoría de las provincias (salvo la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Salta), no existe regulación local sobre los recursos económicos utilizados en las campaña electoral o tiene reglamentos laxos.

El control sobre las campañas provinciales será complejo. “La CNE tiene competencia sobre las campañas nacionales y su financiamiento pero no en los diferentes distritos electorales. Aunque mayoritariamente, los partidos, frentes electorales o alianzas que se presentan a nivel nacional también tienen su correlato en las provincias. Muchas veces, las campañas provinciales reciben el aporte de la estructura nacional, donde podemos controlar”, explicaron a este diario.

Pero también advirtieron en los partidos políticos que extremarán los controles sobre el financiamiento de las campañas provinciales. “Los controles no solo serán en el caso de auditorías centralizados. Los auditores podrán pedir papeles y documentos completos si existiera un organismo provincial de control. Y en el caso que no exista, los auditores podrán también avanzar sobre situaciones que le puedan llamar la atención”, insistieron desde el Tribunal ante la consulta de PáginaI12.

Sin embargo, será muy difícil controlar los gastos de partidos y candidatos provinciales y mucho más en el ámbito de los municipios. Lo controles “centralizados” recaerán sobre los partidos mas chicos, como el caso de los partidos de izquierda que aportan desde la estructura nacional recursos para las campañas locales, especialmente en las provincias donde no existe aporte económico del Estado. Respecto a esa situación la apoderada del Partido Obrero, Liliana Alanis, explicó a PáginaI12 que pidieron al Tribunal “mejorar la muy endeble plataforma digital para el aporte de personas físicas, ya que nosotros no aceptamos aportes de empresas”. Una dificultad que reconocieron desde la Cámara.

En el encuentro también se definieron otras cuestiones referidas a la campaña electoral. Aunque aun no se conoce el decreto del cronograma electoral, la CNE ya fijó –de acuerdo a los plazos establecidos por ley— las fechas de los debates presidenciales: los domingos 1 y 8 de octubre. Mientras que ante una eventual segunda vuelta, el debate se llevará a cabo el 12 de noviembre. Los otros puntos fueron de "rutina" : la fecha de cierre del padrón electoral, aspectos legales y patrimoniales de las campañas electorales. Las novedades fueron la de utilización de distintas tecnologías, como las pruebas piloto de Biometría y el control fronterizo. Además de quedar desactivado el dispositivo electoral que funcionó durante la pandemia.