“Beatriz nos dijo ´quiero vivir´. Eso no debería ser un privilegio, pero cuando se vive en un país que penaliza el aborto de manera absoluta, el ensañamiento es con las mujeres jóvenes, pobres, de la zona rural.” Sara García, activista feminista de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador, pronuncia cada una de las palabras en un susurro de profundo respeto hacia la mujer que murió peleando por el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, frente a un estado que desde 1998 impone la penalización absoluta del aborto, incluso en la situación de Beatriz, que en 2013 atravesaba una enfermedad autoinmune y un embarazo de feto anencefálico, incompatible con la vida extrauterina. La crueldad que sobre ella impusieron funcionarios del gobierno, la Justicia y el sistema sanitario fue demoledora, pero su historia se convirtió en bandera regional y en capítulo histórico: es la primera vez que el caso de una mujer que pidió abortar llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que dictará una sentencia en los próximos meses.
Se espera que el fallo del tribunal siente un precedente jurídico que conduzca a la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. “Esperamos por diez años desde que Beatriz solicitó la interrupción de ese embarazo inviable, esta instancia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que el estado salvadoreño sea condenado y realice cambios estructurales que generen medidas de no repetición. No queremos que otras Beatrices vivan esta historia”, advierte Sara, sobre la primera audiencia pública contra el estado de El Salvador, que se realizó este 22 y 23 de marzo en San José de Costa Rica.
La denunciante inaugural de las jornadas fue M.D.C., madre de Beatriz, que interpeló con dolor "por qué tenían a mi hija en esa tortura cada día", en referencia a los 84 días que Beatriz debió soportar hasta que le practicaran una cesárea que la pusiera a salvo, tras las medidas cautelares y provisionales que reclamaron las organizaciones feministas, y que finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH otorgaron en su favor. El feto anencefálico falleció cinco horas después de la práctica.
El rol del máximo tribunal se convierte en la posibilidad última de hacer justicia y de evitar la repetición de violaciones de derechos, como las que vivió Beatriz, y por primera vez se pronunciará sobre las consecuencias de la criminalización total del aborto. Pero es claro que se llegó a esta instancia gracias a la lucha emblemática de la joven y los movimientos feministas que la acompañaron, para desnudar las graves consecuencias de penalizar la interrupción de un embarazo.
Pese a su muerte en 2017 como consecuencia de un accidente, Beatriz continúa echando raíces en las vidas de miles de niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y personas gestantes en situación de pobreza, y sobre todo de territorios rurales de El Salvador, obligadas a sostener embarazos forzados, de riesgo o no deseados. Aquellas que cada día se atreven a levantar la voz son perseguidas, discriminadas y criminalizadas por la doble vara de una condena social, patriarcal y conservadora, y la normativa ineludible de castigo y encarcelamiento.
Entre 1998 y 2019, la investigación “Del Hospital a la Cárcel”, publicada por la red Justicia para Beatriz, registró 181 casos judicializados, “que permiten identificar el impacto legal de la actual legislación penalizadora”. El número ya asciende a 196 judicializaciones, bajo un Código Penal que prevé condenas de hasta ocho años de encierro para las mujeres en situaciones de aborto, incluso espontáneos, y de hasta 50 años cuando se las acusa por “homicidio agravado”, tras sufrir emergencias obstétricas. “Les niegan una vida digna, y esas torturas y criminalizaciones profundizan las desigualdades”, lamenta Sara, vocera de una de las organizaciones colitigantes junto a la red Ipas LAC (Latinoamérica y el Caribe), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.
Se cumple un cuarto de siglo en el que interrumpir el embarazo en El Salvador, de forma legal, segura y gratuita, es todavía una quimera. El 25% de las inscripciones maternas en el sistema de salud representa embarazos adolescentes y solo en 2022 se contabilizaron más de 12mil embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años. En el camino oscuro de ese retroceso el estado ignoró sistemáticamente los acuerdos internacionales y los llamados de organismos expertos en salud y derechos humanos, alentado por sectores antiderechos que en las últimas semanas intensificaron discursos misóginos y fake news sobre el caso de Beatriz. Hasta ayer se replicaban las agresiones contra organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres y diversidades.
“Esta campaña de ataques no solo proviene de El Salvador, con la acción de trolls y bots vinculados al gobierno de Nayib Bukele, así como a movimientos religiosos, sino que también está apoyada desde otros países, lo que demuestra la existencia de una articulación global que busca retroceder en los derechos de las mujeres, principalmente los derechos sexuales y reproductivos, encabezada por grupos fundamentalistas religiosos y de derecha”, expresa un comunicado de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que Sara también integra. La avanzada obstaculizadora pretende ejercer presión sobre la Corte IDH para evitar cualquier logro en los derechos y oportunidades de niñas, mujeres y personas gestantes. “El caso Beatriz llegó a la Corte IDH: ante ataques de antiderechos y afines al gobierno, reconocemos y acuerpamos la labor de las feministas y defensoras salvadoreñas”, sostiene IM. “El caso llegó a la Corte tras una década de lucha por la vida, la dignidad y la justicia”, concluye Sara.
¿Qué expectativas despierta la audiencia ante la Corte IDH?
-El caso de Beatriz, la mujer que conmovió al mundo y que desafió al sistema de Justicia patriarcal salvadoreño, se conoció nada menos que en el máximo tribunal de las Américas. Nosotras exigimos justicia y que el estado salvadoreño sea condenado por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que Beatriz vivió. Esperamos que se generen medidas de no repetición, que esto signifique la despenalización del aborto, y que se adopten medidas de reparación para la familia de Beatriz.
¿Cómo incide este proceso en las vidas de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de El Salvador y de toda la región?
-Es un momento fundacional y una oportunidad clave para todas las que luchamos por el derecho a decidir, que se podrá generar con una jurisprudencia que permita poner en el centro la vida y la salud de las mujeres, donde seamos vistas como sujetas de derechos, no como objetos de reproducción. Al igual que una sentencia y una condena al estado salvadoreño, ansiamos también que se generen transformaciones en aquellos países donde el aborto es restringido en su totalidad, como Haití, Honduras, Nicaragua, Surinam y República Dominicana.
¿Qué implican las violencias de la criminalización absoluta del aborto sobre los cuerpos, y qué retrocesos profundizan?
-Ya ha sido demostrado que la penalización absoluta del aborto no resuelve, no es alternativa y no es un camino que permita a las mujeres acceder a la Justicia. Al penalizar totalmente el aborto se nos imponen embarazos que resultan una forma de tortura, se nos ofrece como único camino la cárcel y las medidas son punitivistas, cuando deberían estar hablando de medidas que prevean un avance de derechos humanos y del derecho a la salud. También se nos imponen todas las violencias y las discriminaciones por el solo hecho de ser mujer, por tener la capacidad de gestar. En ese sentido creemos que es fundamental transformar esas leyes totalmente restrictivas.
El caso de Beatriz da cuenta del carácter interseccional de las opresiones.
-Estas violencias ocurren sobre determinados cuerpos, de mujeres jóvenes, de mujeres que viven en situaciones de pobreza, de la zona rural. Existe doble moral cuando en un país se sigue penalizando el aborto mientras que otras mujeres pueden acceder a este derecho. Esas mujeres son las que tienen recursos económicos y las que tienen posibilidades de viajar. Puede ser que se siga profundizando esa brecha de crueldad y que esto nos lleve a hablar del aborto como un tema de justicia social.
¿Qué precedente cree que inaugura esta presentación en materia de interrupción legal del embarazo para América Latina y el Caribe?
-Esta es la primera vez que el máximo tribunal Interamericano de Derechos Humanos conoce específicamente el caso de una mujer que pidió un aborto para salvar su vida. Es un hito y da esperanza. Estamos en un momento en que la marea verde sigue creciendo, ya es un tsunami, y la despenalización social del aborto ha abrazado a todos los rincones de nuestra América. Llegar a la Corte IDH posibilita que esas transformaciones sociales se sigan profundizando y ocurriendo a partir de este reconocimiento del derecho al aborto, del reconocimiento de que las mujeres somos sujetas de derechos, ciudadanas, no ciudadanas de segunda categoría. A partir de esto se generará un precedente fundamental para toda América latina y el Caribe. Nos da esperanzas saber que de la mano de Beatriz, con la fuerza de su voz, podamos avanzar. Que se reconozca el derecho a decidir de todas las mujeres y personas gestantes de la región.
