El punto cúlmine de una sucesión de acciones (que seguirán hasta concluir marzo), la marcha en el día de la memoria, reunió a miles de personas en la ciudad de Salta, y también hubo actos en casi todo el interior provincial. La convocatoria fue celebrada por Blanca "Nenina" Lescano, histórica militante de los derechos humanos: "Es emocionante el pueblo de Salta", dijo cuando le tocó hablar en el cierre de la jornada.
La manifestación se concentró en la plaza 9 de Julio, corazón de la ciudad, y recorrió la calle Zuviría hasta la avenida Belgrano, con la obligada parada ante la sede del Comando del Ejército, y siguió hasta la avenida del Bicentenario, para desembocar, con paradas en distintos puntos, en el Portal de la Memoria, donde se realizó el acto de cierre.
En momentos en que un discurso hegemónico pretende convencer de que todo lo malo proviene de la política, a 47 años del golpe del 24 de marzo de 1976 y a 40 de recuperada la democracia, quizás la característica más sobresaliente de esta marcha fue la reivindicación de la militancia política de la gran mayoría de las víctimas del terrorismo estatal. El documento de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, que reúne a la mayoría de las organizaciones de DDHH, empieza y termina con frases que ponen en valor aquella lucha de los años 60 y 70.
El golpe desapareció a "30 mil compañeros militantes del campo popular, comprometidos con la construcción de un país más justo y soberano para todas y todos. 30 mil de nuestros mejores hombres, mujeres y disidencias que dieron la vida por una Argentina sin hambre, sin analfabetismo y con trabajo digno para todas y todos", sostiene en su inicio el documento leído en el final del acto ayer. Tras reseñar logros y cuestionamientos, termina en la misma línea: "Por eso es que estamos hoy aquí, para renovar nuestro compromiso con los 30 Mil Compañeros Detenidos Desaparecidos, para decirles que seguiremos en la lucha, que sus vidas no fueron en vano, que no los vamos a olvidar, estarán por siempre en la Memoria y el corazón del pueblo argentino".
Entre los logros, el documento enumera la recuperación e identificación de "los restos de compañeros detenidos – desaparecidos", como es el caso de Gladys del Valle Porcel de Puggione, salteña desaparecida en la provincia de Buenos Aires el 28 de octubre de 1976, que será velada en abril próximo. También resalta la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo "que ya van por la recuperación de la identidad del nieto 132", y "los cientos de juicios de lesa humanidad con más de mil genocidas condenas, aunque no en cárcel común como seguimos exigiendo en las calles de todo el país".
Entre los debes, los organismos señalaron en primer lugar que en Salta "falta una Ley de Memoria que garantice la preservación de los archivos de la memoria, que recupere sitios y espacios de memoria, que cuenten a las futuras generaciones lo que allí pasó, para que Nunca Más nos ocurra". Y tras denunciar que la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados "les dio voz y participación a grupos negacionistas, relacionados con genocidas condenados por la justicia federal, para opinar sobre si es necesaria o justa" una ley así, anunciaron que no se detendrán hasta lograr que se sancione la iniciativa.
Muertes por desnutrición
Entre las falencias en la provincia, los organismos denunciaron la continuidad de "muertes por desnutrición de niños y niñas de comunidades de pueblos originarios". "Estamos a tres años de la declaración de la Emergencia Socio Sanitaria en los Departamentos San Martín, Orán y Rivadavia y aun no se ven soluciones significativas. Siguen profundizándose las condiciones de pobreza estructural, los desalojos a los pueblos originarios de sus territorios ancestrales, el avance de la frontera agroindustrial, que impacta brutalmente en su forma de vida y su forma de obtener sus alimentos, puesto que sus suelos y sus aguas se contaminaron con los desechos agrotóxicos", detallaron.
Todo eso "redunda en más vulneración de derechos", se viola el derecho a la vida, la salud, la alimentación, la identidad, a la información y a la participación política y democrática de esas comunidades. Y lo ratificaron con datos: en 2022, "y después de más de 2 años y medios de implementadas las medidas de urgencia según el gobierno de Salta, el 23 de mayo murió María y José, de un año y medio, por tuberculosis y bajo peso en el hospital de Tartagal; el 5 de julio murió Gisel, de 2 años, en Misión El Algarrobito, Embarcación; el 29 de junio murió Carina, de dos años, por desnutrición severa en La Quebradita, General Mosconi, y en el mes de julio murieron tres niños que no llegaban a los tres años de vida en Mosconi y Santa Victoria". Todos fallecieron "por causas perfectamente evitables si se hubieran asignados los recursos y las políticas públicas necesarias con la urgencia que el decreto del gobernador disponía. Y a todo esto se suma la discriminación que sufren los padres de los menores (de edad) al ingresar a los hospitales por su sola condición de originarios y hablantes del idioma wichí".
Las lectoras del documento despertaron aplausos cuando llegaron al punto en el que declara: "Estamos de acuerdo en que es necesario sostener el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, limpiar el Poder Judicial de jueces corruptos, democratizar la justicia y darle contenidos en perspectiva de género e interculturalidad. Pero deberíamos hacer lo propio con nuestra Corte de Justica de Salta, que no se cansa de fallar a favor del gobernador de turno" y llegó a declararse incompetente para resolver un amparo que buscaba revertir las condiciones sanitarias en el norte provincial.
Golpe cívico militar eclesiástico, y patriarcal
"Hoy las mujeres y diversidades venimos a repudiar el golpe cívico militar eclesiástico y patriarcal de 1976. Que se ensañó con los cuerpos de nosotras las mujeres y disidencias de género. Fuimos nosotras y nuestros hijes trofeos para los genocidas", denunciaron los organismos, en una demostración de la actualización de ciertos postulados.
"Fuimos y somos violentadas por nuestra condición de mujer, por el abuso del poder machista, 2022 terminó con 292 femicidios; 9 trans-travesticidios y 345 niñes sin sus mamás. Y el 2023 arrancó con 51 femicidios y 1 trans-travesticidio", detallaron.
La Mesa exigió que se cumpla con la Ley Micaela, se dicte Educación Sexual Integral en todos los establecimientos educativos; asimismo, que el estado provincial "designe partidas presupuestarias para las víctimas de violencia de género, refugios, subsidios y acceso a viviendas dignas para mujeres que maternan en soledad". Y que se cumpla también con el cupo laboral travesti trans y el derogamiento del artículo 114 del Código Contravencional, y que haya planes de vivienda para la comunidad travesti trans.
En la misma línea repudió el proyecto “Registro de Obstructores de Lazos Familiares” impulsado por el senador Emiliano Durand, que "solo lograría aumentar la presión que ya ejerce la justicia sobre las madres protectoras para forzarlas a revincular a los niños y niñas violentados con sus agresores".
Además, manifestó su apoyo a la lucha para que se otorgue un salario a las mujeres que sositenen comedores populares. Repudió los abusos sexuales en perjuiciio de niñas y adolescentes indígenas y exigió al estado de Salta que "garantice el cumplimiento de la Ley de Aborto Legal Seguro y Gratuito".
Pobreza y criminalización
Los organismos de DDHH también cuestionaron la desocupación y la precarización laboral. "Denunciamos a los Estados Nacionales, Provinciales y Municipales por ser quienes históricamente y sistemáticamente sostienen el empleo en negro", afirmaron.
En este marco, exigieron "la inmediata derogación del decreto 91/23 que viene a disciplinar las luchas sociales", el protocolo antiprotestas que el gobierno sancionó en respuesta a los conflictos suscitados en el norte provincial por la falta de agua, la mala calidad del servicio de energía eléctrica y la suba indiscriminada de la facturación.
También exigieron presupuesto para el Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes. "Sin presupuesto para su funcionamiento, poco es lo que los organismos de DDHH, el Comité contra la Tortura y las organizaciones sociales pueden hacer, frente a los estragos que causa la violencia policial en los barrios humildes, donde los vecinos día a día siguen lamentando más víctimas del gatillo fácil".
Sobre el final también reclamaron la libertad de Milagro Sala y de todos los presos políticos.
Soberanía y economía
La Mesa de DDHH sostuvo que la lucha por memoria "es también la lucha por nuestra soberanía y por nuestra independencia económica", como lo hizo en su momento el ex gobernador Miguel Ragone, secuestrado y desaparecido en marzo de 1976, y como lo hicieron otros militantes que fueron desaparecidos, como Felipe Burgos, Georgina Droz, Silvina Aramayo y María de Carmen Alonso de Fernández.
"Reafirmamos la soberanía en las Islas Malvinas, que son y serán argentinas, como lo es el Lago Escondido en el sur, en la Patagonia y lo son las aguas de los glaciares. Defender su soberanía es defender nuestra economía", afirmó la Mesa. Y tras poner de resalto el hecho de que integrantes de pueblos indígenas mueran de hambre cuando su territorio tiene recursos estratégicos, exigió que se "nacionalicen los recursos naturales para su preservación y racional aprovechamiento en beneficio del pueblo", que se "Controlen las vías navegables, los puertos y las aduanas. No permitamos el avance de la libre explotación de nuestros recursos y riquezas por empresas privadas extranjeras, sin ningún control estatal", advirtió.
Asimismo, previno: "Que la deuda ilegítimamente adquirida por Macri con el FMI, no nos quite la soberanía y la independencia", llamó a frenar el "descarado avance de la Jefatura del Comando Sur de Estados Unidos, que expresa abiertamente su interés por el petróleo, los minerales y el agua de la Patria Grande Latinoamericana".
Y así como "no olvidamos a nuestros queridos compañeros que lucharon por un proyecto emancipador", los organismos advirtieron que hoy los dictadores "son reemplazados por una versión mejorada del terrorismo, que va por la aniquilación de los proyectos de independencia económica y soberanía política de nuestros pueblos. Pretende dejarnos nuevamente sin dirección y sin un orden de prioridades para lograr la felicidad del pueblo".
En ese contexto, la "guerral judicial" y los juicios sin mayores pruebas "son las nuevas formas que adoptaron los movimientos de derecha para impedir que sea el pueblo el que tome el poder y lo conserve". Así fue con Dilma Roussef en Brasil y Fernando Lugo en Paraguay; con Evo Morales, obligado a presentar su renuncia para evitar una masacre en su pueblo, y "así fue para Cristina Fernández de Kirchner y Luis Lula da Silva, perseguidos judicialmente. Y así es en Perú".
