Hace un año que sobrevivientes y familiares de víctimas de los crímenes de lesa humanidad con los que el Ejército, la Policía y la complicidad de los empresarios golpearon al colectivo de obreros metalúrgicos en Villa Constitución y sus alrededores esperan por novedades de parte del Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, que es el que tiene en sus manos la decisión de ponerle fecha al juicio oral tan esperado. Pues, lo que recibieron, hasta ahora, es bien distinto: el juez Germán Sutter Schneider autorizó a la imputada Carmen Amanda Grossoli, policía federal retirada, a salir del país para vacacionar en México.
La decisión del TOF, que no fue notificada a las partes acusadoras, “preocupa muchísimo” a la querella de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que representa a sobrevivientes y familiares de víctimas en la causa que investiga y está próxima a juzgar los secuestros, las torturas y los homicidios que sufrieron obreros del cordón metalúrgico del sur de Santa Fe entre marzo de 1975 y mayo de 1976.
“Se está violentando el debido proceso porque no nos han notificado ni hecho parte de este pedido que hizo la defensa ni nos notificaron de su resolución, nos enteramos por otros medios”, sostuvo en diálogo con este diario Federico Pagliero, de la querella de la APDH, quien, además, remarcó que “también se está poniendo en riesgo la realización del juicio, porque obviamente hay peligro de fuga” de Grossoli.
El 14 de marzo, el presidente del Tribunal Oral Federal de Rosario número 1, Germán Sutter Schneider habilitó a Grossoli a viajar a Playa del Carmen, México, con sus hijas, entre el 26 de mayo y el 3 de junio de este año. A modo de caución tomó un inmueble que sería propiedad de una de las hijas. Los otros integrantes del tribunal, Ricardo Vázquez y Otmar Paulucci, no participaron de la decisión.
Se trata, según la APDH, de una medida “arbitraria”, ya que la imputada está acusada por delitos de lesa humanidad y “fue hecha sin siquiera seguir los procedimientos legales, ya que no fue notificada al Ministerio Público Fiscal ni a los querellantes”, puntualizaron en un comunicado que difundieron este miércoles, tras presentar un pedido para que el TOF diera marcha atrás con el permiso. Según el abogado la decisión judicial “violenta toda la normativa en relación a las obligaciones que el Estado argentino tiene respecto de investigar, juzgar y sancionar adecuadamente los crímenes de lesa humanidad” del terrorismo de Estado.
Grossoli integró la Policía Federal y participó del operativo que el 20 de marzo de 1975 cercó la ciudad de Villa Constitución y cazó a obreros de las fábricas metalúrgicas establecidas allí, entre las que se destaca Acindar, que participaban del movimiento sindical que resistía los embates de las patronales y la burocracia de la Unión Obrera Metalúrgica. Fueron los protagonistas del “Villazo”, como se conoció a una serie de huelgas que culminaron en la imposición de la Lista Marrón frente a la derecha sindical que manejaba el sindicato y mantenía las condiciones de trabajo y salariales en favor de las empresas.
El saldo de la reacción fue el de centenares de detenciones ilegales y torturas –un predio de Acindar funcionó como centro clandestino–, que continuaron y recrudecieron con la instalación del golpe de Estado a partir de marzo de 1976, cuando sucedieron secuestros, desapariciones y homicidios de varios dirigentes sindicales combativos. Gran parte de esos hechos fueron elevados a juicio en marzo de 2022 y otro puñado fue añadido hace una semana.
La investigación judicial sobre esos hechos que tuvo lugar dentro de la jurisdicción del Juzgado Federal 4 de Rosario y que fue impulsada por organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas, además de la Fiscalía, implicó a miembros del Ejército, de la Prefectura, de la Policía Federal y de las empresas metalúrgicas. Son 25 los acusados que aguardan el comienzo del juicio oral y público, entre los cuales se encuentran los ex jerárquicos de Acindar Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo.
En esa lista, Grossoli fue imputada, procesada y deberá responder en el debate oral por 25 casos de secuestros y el delito de asociación ilícita. En su legajo, su proceder en uno de los operativos concernientes a la represión de trabajadores del 20 de marzo de 1975 figura como “actos meritorios” por los que recibió felicitaciones de sus superiores.
Sin embargo, permaneció durante toda la instrucción y aguarda el juicio en libertad –solo 5 de los 25 acusados fueron ordenados a cumplir prisión preventiva–. “Ella está en libertad pero tiene prohibido salir del país”, indicó Pagliero, quien insistió, al igual que lo hizo la APDH en su comunicado, en que “el juez está burlando y dejando sin efecto” esa orden del juzgado de instrucción. “Una vez más el Poder Judicial muestra su triste y soterrada connivencia con los genocidas”, denuncia el organismo querellante.
Mientras tanto, esperan “muy urgidos” la fecha de inicio del juicio oral y público en el que las responsabilidades de Grossoli, de los civiles de Acindar y el resto de los acusados tienen respecto de las violaciones a los derechos humanos de los obreros de Villa Constitución. El pasado 20 de marzo, en un nuevo aniversario de la presión ilegal, se reunieron en la puerta de los tribunales para exigir la “celeridad” de los jueces. “Además presentamos certificados médicos de familiares de víctimas y sobrevivientes dando cuenta de la imperiosa urgencia que atraviesan. No se puede esperar más”, indicó Pagliero.
