El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) reclamó que "el amplio consenso legislativo demostrado en la media sanción del proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en Santa Fe" sirva "para tomar una medida más urgente: exigirle a la Procuración General de la Nación la aplicación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, vigente desde 2015, pero inaplicada". Desde este Instituto recordaron que el DNU 257/2015 suspendió la implementación del nuevo Código Procesal Penal y derogó algunos artículos de la Ley Orgánica del MPF, pero no afectó su vigencia. La reorganización de fiscalías prevista en esa ley permitiría, por ejemplo, armar nuevos equipos de investigación, que no dependen de la engorrosa y lenta designación de magistrados, sino de la reasignación de auxiliares y asistentes que amplían y potencian facultades. Esas nuevas formas de trabajo podrían mejorar las magras tasas de eficacia del MPF federal: apenas el 0,65 % de los casos que ingresan a las fiscalías federales reciben alguna respuesta de calidad político-criminal. "Es responsabilidad del Congreso constituir la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal y exigir a la Procuración General de la Nación la inmediata implementación de esa ley", expresaron.