La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), notificó que el 7 de febrero de 2023 resolvió de forma unánime homologar el acuerdo de cumplimiento parcial alcanzado entre las comunidades indígenas nucleadas en la Asociación Lhaka Honhat y el Estado argentino, representado por la Unidad Ejecutora dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Así lo informó ayer este organismo del Estado nacional, que fue notificado el viernes último por la Corte internacional. El acuerdo es en el marco del cumplimiento de la sentencia dictada en febrero de 2020 por la Corte IDH, que declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de derechos de 132 comunidades indígenas que habitan 643 mil hectáreas en los ex lotes fiscales 55 y 14, del departamento Rivadavia, en el Chaco salteño.

"Este acuerdo se refiere, concretamente, a la delimitación y demarcación de la propiedad comunitaria indígena, a través del diálogo intercultural, y al acceso al agua para consumo humano de la población indígena y para consumo humano y producción en la zona de relocalización de las familias campesinas", indicó la Secretaría de DDHH de la Nación. El acuerdo incluye compromisos asumidos por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Unidad Ejecutora y la provincia de Salta.

La Corte IDH reconoció que “este acuerdo es resultado del trabajo conjunto que han mantenido (las partes) desde la puesta en marcha de la Unidad Ejecutora", creada en agosto de 2021 "para la coordinación de las distintas acciones que demandará el cumplimiento íntegro de las reparaciones dispuestas en este caso”. Asimismo, la Corte IDH destacó que “el acuerdo guarda relación con la ejecución de las medidas ordenadas en los puntos resolutivos séptimo, noveno y décimo primero de la Sentencia”, y por ese motivo lo homologó.

La Corte indicó también que “valora positivamente que el Estado y la representación de las comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat hayan mantenido un diálogo que les permitiera llegar” a este acuerdo, y que su contenido “haya sido sometido a ‘consulta previa, libre e informada [… para que] refleje la voluntad de todas las víctimas del caso’”.

La Secretaría de DDHH recordó que ddesde su creación en agosto de 2021, la Unidad Ejecutora desarrolla una tarea de articulación con las comunidades víctimas, las familias criollas y más de veinte organismos nacionales y provinciales, con el objetivo de gestionar políticas públicas orientadas a cumplir con el fallo en el marco de un Plan de Trabajo y Acción que, adelantó, "será presentado al tribunal en las próximas semanas".

También destacó que es la primera sentencia de la Corte IDH sobre los pueblos indígenas de la República Argentina, y "constituye una invitación para construir institucionalidad con perspectiva intercultural".