Temer desconoce el acuerdo entre la procuradora Gils Carbó y su par brasileño
Odebrecht: un socio para manejar la información
El gobierno de Brasil desconoció el acuerdo que lo compromete a intercambiar con la Justicia argentina información sobre Odebrecht. De este modo, salió al cruce de la denuncia hecha por los ministerios públicos de Argentina y Brasil sobre “obstáculos e injerencias” para colaborar en la investigación y rechazó su obligación de cooperar en la megacausa por coimas.

El gobierno de Brasil desconoció el acuerdo que lo compromete a intercambiar con la Justicia argentina información sobre la causa Odebrecht y por cuyo incumplimiento fue denunciado ayer por los ministerios públicos de ambos países. Palabras más, palabras menos, el Palacio de Planalto indica que los jefes de los fiscales no representan a los Estados ni tienen la potestad de firmar acuerdos vinculantes.

La Cancillería argentina, en tanto, sostuvo que el acuerdo aún debe ser ratificado por ambos Poderes Ejecutivos y aseveró que, por ello, se encuentra “analizando con prioridad y de manera responsable” el acuerdo que su socio político rechazó.

Con su declaración, Brasil salió al cruce de la denuncia hecha por los ministerios públicos de Argentina y Brasil sobre “obstáculos e injerencias” para colaborar en la investigación por la causa Odebrecht y desconoció su obligación de cooperar al respecto.

"Ninguno de los ministerios públicos es un 'Estado Parte' en el ámbito del derecho internacional. Ausente este 'acuerdo o tratado bilateral' entre Estados Parte, el acto celebrado por las fiscalías no obliga al Estado brasileño", afirma el texto oficial.

Esas “injerencias” fueron reveladas por la procuradora Alejandra Gils Carbó y su par brasileño Rodrigo Janot. Según dijeron, impiden el funcionamiento del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) encabezado por ambos procuradores y amparado en la Convención de la ONU contra la Corrupción, y cuya misión es compartir información y coordinar trabajos para echar luz sobre los implicados en el escándalo de coimas del Lava Jato.

Lo que Gils Carbó y Janot denunciaron fue que el Ministerio de Justicia de Brasil exigió una intervención directa en la redacción de la constitución del ECI (firmada el 16 de junio último), mientras que la Cancillería argentina habría pedido que la conformación de ese cuerpo sea a través de un acuerdo entre los Poderes Ejecutivos, siendo que, en rigor, la investigación sobre Odebrecht se trata de una actividad propia del Poder Judicial.

“Ambas solicitudes desvirtúan la herramienta de cooperación entre los órganos judiciales competentes para la investigación”, expresaron los Ministerios Públicos.

Precisamente, el órgano que desconoció el acuerdo del ECI fue emitido por el Ministerio de Justicia brasileño. El texto dice que pese "al aprecio y reconocida dedicación de las fiscalías de Argentina y de Brasil, el acto entre ellos firmado no vincula al Estado brasileño". Por ello, agregó, "se aguarda una respuesta a una consulta formal hecha al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina".

El argumento central de Brasil es que cualquier mecanismo de cooperación bilateral debe contar con el paso formal de la Cancillería -en el caso argentino- y del Ministerio de Justicia -en el caso brasileño-. Con un tono menos crítico, el Palacio San Martín emitió una declaración en la misma línea. A través de un comunicado difundido esta mañana reconoció la constitución del ECI pero dice que el acuerdo “será aplicable una vez que hayan tomado intervención las Autoridades Centrales respectivas responsables de la cooperación jurídica internacional, que en Argentina es la Cancillería mientras que en Brasil es el Ministerio de Justicia”.

La Cancillería, prosiguió, “se encuentra analizando con prioridad y de manera responsable el Acuerdo en el marco de sus competencias legales y de acuerdo a lo previsto en el propio Acuerdo por ambos Procuradores Generales, lo que incluye las propuestas de modificaciones sugeridas por el Gobierno de Brasil”.

Desde que el escándalo del Lava Jato empezó a salpicar hacia distintos países de la región, incluida la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri intentó ponerse al frente de la causa y pasar por encima de los jueces y de la procuradora Gils Carbó, contra quien mantiene una intensa campaña para separarla del cargo.

En busca de un “Lava Jato controlado”, el Ministro de Justicia argentino propició reuniones con representantes de la empresa brasileña para conseguir un acuerdo para que entreguen al Ejecutivo la información de las coimas que pagaron en el país, a través de la Oficina Anticorrupción encabezada por la militante macrista Laura Alonso.

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