Donald Trump se declaró "no culpable" de los cargos imputados por la justicia de Manhattan por un soborno a una actriz porno, en la primera imputación penal de la historia a un expresidente estadounidense. El juez colombiano Juan Merchán le atribuyó 34 cargos relacionados con la falsificación de registros comerciales en el pago de 130 mil dólares a la estrella porno Stormy Daniels, en la recta final de la campaña electoral de 2016, para comprar su silencio por una supuesta relación extramatrimonial ocurrida diez años antes y que él siempre negó alegando una "caza de brujas".

"Parece surrealista. Wow, me van a detener", dijo Trump en su red Truth Social camino a la corte. El exmandatario se presentó ante el tribunal neoyorquino de Manhattan poco después de haberse entregado a la Fiscalía, donde le leyeron sus derechos y fue fichado. Sentado entre sus abogados, a Trump se lo vio con un semblante apagado, según una foto tomada dentro de la sala, tras someterse al protocolo habitual que incluyó toma de huellas dactilares y fotos para la ficha policial. 

En un intento de politizar el caso y motivar a sus seguidores, que respondieron enviándole más de siete millones de dólares para su campaña desde que se anunció la imputación el pasado jueves, el magnate recordó en sus redes sociales lo que ya usa como un lema: "No vienen por mí, vienen por ustedes. Yo estoy simplemente en su camino". Luego de declararse inocente de los cargos imputados, el expresidente se fue directamente al aeropuerto para viajar a su mansión Mar-a-Lago en Florida, desde donde le habló a sus seguidores. 

"No se pueden normalizar conductas criminales"

En un comunicado, el fiscal Alvin Bragg sostuvo que "Donald J. Trump falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para ocultar delitos que ocultaron información perjudicial al público votante durante las elecciones presidenciales de 2016". En una conferencia de prensa luego de la audiencia, Bragg dijo que "no se pueden normalizar conductas criminales graves" y que "todo el mundo es igual ante la ley".

Casi una hora después de su histórica comparecencia ante el juez, la corte penal dejó en libertad a Trump, que podría tener que sentarse en el banquillo a partir de enero de 2024. Junto a la gran sede del tribunal de Manhattan había desde la mañana una enorme expectativa que se tradujo en la presencia de miles de periodistas de medios de EE.UU. y de todo el mundo. Sin embargo, las concentraciones a favor y en contra de Trump apenas lograron atraer a un centenar de personas, mucho menos de lo que se esperaba.

La Casa Blanca intenta mantenerse en un segundo plano en el caso contra Trump. En su rueda de prensa de este martes, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que el presidente Joe Biden no está "centrado" en Donald Trump, sino en ayudar al pueblo estadounidense, aunque dijo que es posible que el mandatario vea parte de las noticias relativas a ese tema en televisión en algún momento del día.

En cambio el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, acusó al fiscal de interferir en las elecciones presidenciales del año próximo. "Bragg está intentando interferir en nuestro proceso democrático al invocar la ley federal y presentar cargos politizados contra el presidente Trump, mientras al mismo tiempo argumenta que los representantes del pueblo en el Congreso carecen de jurisdicción para investigar esta farsa", disparó McCarthy en su cuenta de Twitter.

34 cargos

El fiscal Alvin Bragg resumió las acusaciones en una rueda de prensa posterior a la vista judicial, de la que solo se filtró la advertencia del juez Merchán a Trump sobre su retórica incendiaria en redes sociales. Trump, junto a la editora American Media Incorporated y su exabogado personal Michael Cohen, "acordaron en 2015 ejecutar una trama de 'catch and kill' (cazar y matar), que es una trama para comprar y suprimir información negativa, para mejorar las posibilidades de que Trump ganara las elecciones", explicó Bragg. 

Esa trama, denunció, incluyó actividades delictivas como el establecimiento de empresas fantasma y la producción de documentos falsos, y la comparó con una "conspiración para promocionar una candidatura (electoral) por medios ilegales". Los 34 cargos contra Trump consisten en distintos tipos de "falsificación de registros mercantiles en primer grado", son considerados "violaciones del artículo 175.10 del Código Penal". 

Los 34 cargos son muy similares, pero se refieren a delitos cometidos entre febrero y diciembre de 2017. El documento de imputación no cita nombres, pero un comunicado posterior del fiscal Bragg aclara que hubo tres pagos distintos e irregulares: el primero, de 30 mil dólares, a un conserje de Trump que aseguraba conocer el caso de un hijo ilegítimo de Donald Trump. Un segundo, el pago de 150 mil dólares a "una mujer que alega haber tenido una relación sexual con Trump"; y un tercero, el pago de 130 mil dólares "al abogado de una actriz porno", en alusión a Stormy Daniels.

El fiscal señaló que Trump recorrió "grandes distancias para esconder su conducta", dando lugar a decenas de entradas falsas en los registros mercantiles de su empresa para "ocultar la actividad delictiva, incluyendo intentos para violar las leyes electorales estatales y federales". Tras ganar las elecciones, el presidente reembolsó a Cohen varios cheques mensuales desde un fondo que creó para mantener los activos de la Organización Trump mientras estaba en la Casa Blanca y desde su cuenta bancaria personal.

Al concluir la vista en la que Trump se declaró no culpable de todos los cargos, su abogado Todd Blanche señaló: "No hay nada. No se alega ningún delito federal, ni que se haya cometido contra ninguna ley estatal. No alega cuál es la declaración falsificada. Es realmente decepcionante, es triste y vamos a luchar". Blanche insistió a los periodistas en las puertas del tribunal neoyorquino que no esperaba que algo así pudiera pasar en Estados Unidos.

La denuncia de Stormy Daniels

La justicia de Nueva York abrió una investigación en 2018 sobre un pago de 130 mil dólares a Stormy Daniels justo antes de las elecciones presidenciales de 2016 para ocultar una supuesta relación extramatrimonial de Donald Trump. La suma no se incluyó en las cuentas de la campaña del candidato republicano, lo cual violaría las leyes electorales estatales. En cambio se registró como "honorarios legales" en las de su empresa, con sede en Nueva York.

En enero el fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, nombró a un gran jurado, un panel de ciudadanos seleccionados al azar con poder de investigación, para determinar si había pruebas suficientes para acusar a Donald Trump. Después de tres meses de investigaciones y la comparecencia de testigos, el gran jurado decidió imputarlo.

El caso Daniels es solo una de las investigaciones que amenazan al expresidente, bajo escrutinio por presionar a funcionarios para anular la victoria de Joe Biden en 2020, con una llamada telefónica grabada en la que pedía al secretario de Estado "encontrar" suficientes votos para revertir el resultado. También es investigado por su posible papel en la insurrección del seis de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense, así como por el manejo y custodia de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.

¿Puede Trump ser candidato?

En conjunto, los cargos de los que se acusó este martes a Trump conllevan una sentencia máxima de más de 100 años de cárcel según la ley de Nueva York pero, incluso si se lo declara culpable de todos los cargos, es poco probable que Trump sea sentenciado a tanto tiempo. Cada cargo es un delito grave de bajo nivel que conlleva un máximo de cuatro años de prisión por cada uno.

Pese al ruido que generó la acusación, en Estados Unidos una persona acusada o condenada penalmente puede presentarse a cualquier cargo y ser elegida. La Constitución establece una excepción: haber participado en una "insurrección" o una "rebelión" contra Estados Unidos.

Sin embargo, se trata de un caso sin precedente legal y se espera que Trump siga su estrategia habitual en los litigios, que consiste en aplazar los procedimientos todo lo posible, por lo que lo único previsible será la lentitud en el primer proceso judicial contra un presidente o expresidente estadounidense.