El Juzgado de Instrucción 11 de Madrid ha dado curso a la denuncia de una activista de la organización feminista Femen contra un agente de la Policía Nacional por un presunto delito de abusos sexuales y otro contra la integridad moral por haber apretado sus senos con ambas manos en el momento de su detención, el pasado 20 de noviembre en la Plaza de Oriente de Madrid.

Femen lleva varios años acudiendo en esa fecha al lugar donde los franquistas se concentran para recordar el fallecimiento del dictador Franco. Las militantes feministas realizan una acción con el lema "Al fascismo ni honor, ni gloria". En aquella ocasión fueron tres mujeres de Femen las que participaron en la protesta, en la que, como todas las de este colectivo, las activistas muestran sus pechos en señal de reivindicación.

Como en años anteriores, la Policía interceptó la acción de Femen, pero mientras unos agentes detenían "con evidente profesionalidad" a dos de las mujeres, un tercero "cogió a la querellante por detrás apretándole sus senos con ambas manos, lo cual era obviamente innecesario para la detención, abusando de su situación de superioridad, y sirviéndose de su condición de agente de la autoridad", consta en la querella del abogado Endika Zulueta, letrado de la mujer.

"A los pocos segundos otros funcionarios cogieron a la querellante, tapándole el torso con una chaqueta. Tras ser identificadas, las tres mujeres fueron puestas en libertad, informándoles que se iba a realizar una propuesta de sanción por una posible infracción administrativa", prosigue la querella.

El juez ha citado a la activista este miércoles y al policía, el jueves. También declarará en calidad de testigo el fotógrafo de la Agencia Efe que captó el momento preciso. Gracias a sus imágenes, se pudo identificar al agente.

"Es la primera vez en la historia de Femen España, y quizá en la historia judicial, que una activista interpone una querella contra un funcionario policial por abusos sexuales durante la detención -indica el letrado Endika Zulueta-. Confiamos en que tras la investigación se depuren las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar, y se separe cautelarmente del servicio al funcionario policial investigado.