El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió sus observaciones finales sobre la información presentada por Argentina y, entre varios puntos, expresa su preocupación por la "persistencia de prácticas de violencia institucional, incluyendo el ocultamiento deliberado de los cuerpos de las víctimas, en particular jóvenes en condiciones de extrema pobreza y marginación, presuntos consumidores de substancias ilícitas o participantes de protestas sociales". Al mismo tiempo agrega que es motivo de alarma "la falta de información sobre la eficacia de los mecanismos para garantizar que las fuerzas de seguridad presuntamente involucradas en los hechos sean apartadas de los procesos de investigación". En este sentido, el Comité exhorta al Estado argentino a "incrementar los esfuerzos con miras a erradicar los actos de violencia institucional que puedan derivar en desapariciones forzadas".
El documento alienta a adoptar un marco normativo apropiado y a garantizar la asignación de recursos suficientes para este efecto, y reitera su recomendación para que "el Estado parte promueva reformas institucionales en el seno de los cuerpos policiales para erradicar la violencia y asegurar que los funcionarios responsables de estas violaciones sean debidamente investigados, enjuiciados y sancionados". El Comité sostiene que el Estado también "debe garantizar que las personas sospechosas de haber cometido una desaparición forzada sean debidamente investigadas y no estén en condiciones de influir negativamente en el curso de las investigaciones", algo que en los hechos, en general, sucede.
Página/12 consultó a especialistas sobre este análisis que se realiza periódicamente entre los países que adhirieron a la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En el caso de Argentina --que no solo la ratificó sino que fue uno de los Estados que la impulsó-- abarca las desapariciones de la dictadura y de la democracia.
"Queremos saber dónde está el Rubio del Pasaje, y cada una de las personas desaparecidas desde diciembre de 1983 cuyo cuerpo no ha sido encontrado, qué pasó con Facundo Astudillo Castro, con Santiago Maldonado y con cada uno de los casos de los que venimos hablando históricamente porque son muchas más las causas en las que no tenemos explicación sobre los hechos que en las que sí, como la de Luis Espinoza, donde afortunadamente se pudo reconstruir lo que sucedió", expresó a Página/12 la abogada María del Carmen Verdú, de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional). Según el listado de esa organización antirrepresiva, el 30 por ciento de los cuerpos de los desaparecidos en gobiernos democráticos nunca fue encontrado, tal el caso de Genaro y Cristian Calfullanca, padre e hijo, peones mapuches desaparecidos hace una década.
"Muchas de las iniciativas normativas o leyes aprobadas que se destacan como avances son positivas, pero tienen problemas o falencias en su puesta en marcha. Argentina en general tiene una amplia y protectora plataforma normativa, incluyendo la jerarquía constitucional de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, pero que luego no se cumplen o vulneran permanentemente", dijo a este diario Roberto Cipriano García, director ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). "Tambien se señala la deuda del Estado en no haber reconocimiento explícito de jerarquía constitucional a la Convención (contra la Desaparición Forzada) y los impactos sobre la aplicabilidad directa de sus disposiciones en la legislación nacional o en viejas recomendaciones de designar el defensor del Pueblo vacante desde hace 14 años", agregó.
A su criterio, el Comité destaca avances a nivel federal pero "omite considerar lo que sucede en las provincias, por ejemplo con el Protocolo de traslados de personas detenidas a nivel federal, implementado luego de la condena al Estado argentino de la Corte Interamericana, es aplicable a menos del 15 % de las personas detenidas en Argentina; mientras que en provincia de Buenos Aires, con el sistema de encierro más grande del país con 56.000 detenidos, se siguen registrando casos de traslados en graves condiciones o constantes que se constituyen en torturas y malos tratos".
Según Cipriano García, "el reclamo de crear un registro oficial único y centralizado de personas desaparecidas en democracia, el señalamiento de prácticas como el ocultamiento de cuerpos o la falta de medidas urgentes para investigar estos casos, el apartamiento inmediato de las fuerzas de seguridad sospechadas de la investigación, son aspectos a tener en cuenta, porque en numerosos casos fueron patrones de actuación de las fuerzas como el de Facundo Astudillo Castro o Santiago Maldonado, donde la impunidad es la regla por las acciones y omisiones estatales". Además, el directivo de la CPM apuntó que "frente a la práctica sistemática de la tortura que persiste en nuestra democracia, estas observaciones resultan de mucha utilidad y sería indispensable que el Estado las escuche e implemente de manera urgente".
Las deudas
El Comité elogia una serie de medidas adoptadas pero la lista de las pendientes es considerablemente más larga.
* Toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado para la investigación y búsqueda en casos de desapariciones forzadas ocurridas tanto en el marco de la dictadura militar como en democracia. Sin embargo, le preocupan la falta de articulación y coordinación entre las autoridades a cargo de la búsqueda, investigación y enjuiciamiento en el ámbito federal y provincial, y la ausencia de mecanismos claros de participación de los allegados de las personas desaparecidas en todas las etapas de los procesos investigación, de búsqueda e identificación relacionados con los casos ocurridos en democracia.
* Alienta al Estado a incrementar sus esfuerzos para promover la coordinación, cooperación e intercambio de información sistemático entre las instituciones que participan en la investigación, búsqueda, localización, recuperación e identificación de restos mortales de personas desaparecidas, a fin de que puedan desempeñar sus funciones eficazmente y con celeridad. Asimismo, insta al Estado a asegurar la participación de los allegados de las personas desaparecidas en todas las etapas de los procesos de búsqueda, investigación e identificación, velando por que sean regularmente informados acerca de la evolución y resultados de las acciones tomadas por las autoridades.
* Por otro lado, el Comité lamenta que, para los casos ocurridos en democracia, no existan un registro oficial centralizado de personas desaparecidas ni una base de datos centralizada de datos genéticos de las familias que buscan a sus seres queridos. Y que tampoco exista para estos casos una base de datos con información de los cuerpos recuperados, sin identificar, en las distintas provincias y una política pública para su resguardo e identificación.
* El Comité recomienda al Estado crear un registro oficial único y centralizado de personas desaparecidas en democracia que cuente con el presupuesto, estructura orgánica e independencia necesarios para el cumplimiento de sus funciones y debidamente equipados para atender las necesidades de identificación de los cuerpos y restos localizados. En este sentido, recomienda la creación de una base de datos genéticos que permita comparar las muestras de referencia familiar de allegados de personas desaparecidas en democracia con los perfiles de ADN de restos humanos no identificados.
* Al Comité le preocupan los retrasos injustificados en el inicio de las investigaciones de los casos de desapariciones forzadas ocurridas en democracia, y que el inicio de los procesos de búsqueda en ocasiones se demore hasta por 48 horas. Y reitera su recomendación al Estado parte de adoptar todas las medidas necesarias, legislativas o de otra índole, para garantizar que las investigaciones y búsquedas en los casos de desaparición forzada sean inmediatas, exhaustivas e imparciales y se realicen diligente y eficazmente, aun cuando no se haya presentado denuncia formal, hasta que se establezca la suerte o se determine el paradero de la persona desaparecida.
* Además alienta al Estado a adoptar una política nacional de prevención en materia de desaparición forzada y a que, en el proceso de elaboración de la información complementaria, fomente y facilite la participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de víctimas de desaparición forzada.
María Millacura, madre del desaparecido Iván Torres, y su abogada, Alejandra Gonza. Bernardino Avila
Reparación integral
* Toma nota de la información proporcionada sobre las reparaciones otorgadas a las víctimas de desapariciones forzadas, pero lamenta la falta de detalles sobre las modalidades de dicha reparación, así como sobre otras formas de reparaciones otorgadas de conformidad con el concepto de reparación integral, tanto por los sucesos ocurridos durante la dictadura militar, como posteriores a este período. Y reitera su recomendación al Estado de que recopile estadísticas detalladas sobre las medidas de reparación otorgadas a las víctimas de desaparición forzada ocurridas durante la dictadura militar y en democracia, con el fin de tener los elementos necesarios para mejorar y garantizar la eficacia de las medidas de reparación.
* Señala además que le preocupa la información recibida sobre las dificultades que enfrentan las víctimas de desapariciones forzadas, ocurridas en democracia, para acceder a mecanismos de reparación. Y recomienda al Estado asegurar que el marco normativo e institucional vigente garantice el acceso de todas las víctimas de desaparición forzada, a un amplio sistema de reparación e indemnización en todo su territorio cualquiera que sea la fecha de ocurrencia de los hechos. Dicho sistema debe tomar en cuenta las circunstancias personales de las víctimas, como su sexo, identidad de género, orientación sexual, edad, origen étnico, condición social y discapacidad.
