La Corte Suprema mandó el lunes a la noche a la Comisión de Juicio Político el informe de casi 19 mil fojas sobre la situación de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) que le había entregado a los jueces el exsecretario de Administración, Héctor Daniel Marchi, y que detonó su expulsión del tribunal la semana pasada por la información que contenía, parte hasta entonces oculta. Cuando llegó el voluminoso material a la Cámara de Diputados, faltaba sólo medio día para que el contador, hombre muy cercano a Ricardo Lorenzetti, diera su testimonio en el proceso de enjuiciamiento contra los supremos. El texto que acompaña el envío está firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda y responsabiliza abiertamente a Lorenzetti y a Marchi de cualquier cuestión referida al sistema de salud judicial.
Lo sorprendente es que la propia Corte había mandado a los diputados y diputadas un e-mail de Maqueda donde en 2021 decía que era él quien supervisaba la OSPJN, anunciaba que dejaría esa función y admitía una gran cantidad de problemas no resueltos sin cuestionar a otros. En su declaración Marchi refutó varias afirmaciones de los cortesanos. "Maqueda dirigió la Obra Social, él quedó a cargo. Prueba clara de ello es que a los directores los eligió Maqueda y nunca hubo concursos", disparó el contador. "Si yo hubiera estado a cargo de la Obra no me hubiera cuestionado a mí mismo, pero tampoco me hubieran sancionado", argumentó el exadministrador. "La obra social en materia de gestión financiera es un desastre", dijo.
Los desmanejos e irregularidades en la Obra Social conforman uno de los ejes de la acusación contra los supremos en el juicio político y tiene intranquilos a los magistrados. A Marchi le tocaba evaluar a esta dependencia y los jueces incluso le encomendaron la realización de varios informes en los últimos dos años. Esos documentos fueron requeridos por la Comisión de Juicio Político y por eso el exadministrador los organizó y se los mandó a Rosatti, presidente de la Corte. Acto seguido, a Marchi lo deportaron a la Cámara de la Seguridad Social después de casi dos décadas en el tribunal. Fue una decisión del trío mayoritario, el mismo que ahora sostiene ante la Cámara de Diputados que la OSPJN tiene autonomía, que la Corte como tal no tuvo responsabilidad en su gestión y que tenía dependencia directa de la Secretaría de Administración. "Es contradictorio que tenga autonomía y que dependa de la secretaría", acotó Marchi.
La interna de la Corte Suprema al rojo vivo
La presentación de los supremos remarca que hasta 2018 esa secretaría "debía reportar al presidente de la Corte" y que era Lorenzetti como presidente o la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, quienes ponían la firma. A fines de ese año, y después de que este juez fuera desplazado de la conducción del tribunal tras once años de mandato, se estableció que la mayoría de las decisiones requerían de tres firmas.
El trío mayoritario asegura que antes de eso Lorenzetti se ocupó de varias cosas referidas al Obra Social, entre ellas la contratación de Aldo Tonón como director, quien fue denunciado penalmente por las anomalías y le aceptaron la renuncia semanas atrás. Pero también le atribuyen la adjudicación del servicio de asistencia médica de emergencias, urgencias y consultas domiciliarias a la empresa Emergencia Médica Integral en 2007 y 2009, lo que forma parte de una de las denuncias penales en trámite ya que se sospecha que no cumplía con su función pero recibía 100.000.000 pesos anuales. Dicen que se ocupaba de los insumos, de la designación de representantes en todo el país y el pago de horas extras, entre otras cosas.
En medio de la reunión de Comisión de este martes, el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade cuestionó la nota de los supremos: "La Corte nos miente. Lo que mencionan sobre la designación de Tonón, son prórrogas que firma Lorenzetti. Tampoco mandaron una resolución donde todos firman su pase a planta. Es información sesgada". Tonón, vale recordar, está citado como testigo a la Comisión y hasta ahora no se presentó. Este martes se lo volvió a citar bajo apercibimiento.
En varios tramos de la reunión resurgió el correo de Maqueda que está incorporado a la investigación. La presidenta Carolina Gaillard (FdT) lo leyó completo. Empezaba así: "Desde el día de mañana, 31 de agosto del año 2021, dejo de actuar en la supervisión de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (...). No presento una renuncia sujeta a aceptación porque no conozco ninguna resolución o acto administrativo que me hubiera designado formalmente. Durante la primera presidencia de la Corte Suprema del Dr. Ricardo Lorenzetti me fue asignada la tarea de Supervisión de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y continué con esta labor hasta el presente". Después decía que era un ciclo cumplido "con luces y sombras". Primero dijo que había recibido una obra social insolvente y con desfalcos, pero que superó esa situación. Lo que admitía era que no se logró equipar el sistema informático ni se modernizó ningún sistema, no se mejoró la atención administrativa, la calidad del servicio es deficiente y que todas las autorizaciones dependían del director.
Pese al reconocimiento explícito de Maqueda, el texto del tribunal elige poner énfasis en que "la Corte nunca designó a uno de sus miembros como supervisor de la obra social (...) por eso las resoluciones de superintendencia tenían la firma del presidente o vice". Insistieron en que el secretario general de administración intervenía en expedientes administrativos, en licitaciones, administraba y custodiaba los fondos remanentes y el fondo anticíclico que conforma los ahorros de la Corte. A Lorenzetti le cuestionan por actuar en forma "unilateral" al haber publicado una carta donde señalaba que las anomalías continúan y que el informe sobre la auditoría recibido era extemporáneo.
Informes explosivos de Marchi
Marchi declaró en la Comisión que elaboró cuatro informes. Que el primero fue público y que los otros tres no sólo no se dieron a conocer sino que tuvo obstáculos para poder entregar el cuarto, alusivo a la gestión actual y que apuntaba al director Mariano Althabe, elegido por Rosatti. "Lo tuve que mandar de prepo y Silvio Robles (vocero de Rosatti) lo escondió", reveló. Todos los reportes señalaban irregularidades y, en este contexto, el exfuncionario de la Corte dijo que empezó a ser amenazado al igual que su equipo de trabajo.
Entre los hallazgos más escandalosos que señaló mencionó que "hay remanentes de 10 mil millones y se olvidan de hacer los plazos fijos". "Eso implicó perder 3.000 millones de pesos, que son dos meses de prestaciones", precisó. Como informó este diario el día que lo echaron, además de que ya se conocía la falta de sistema contable, de presupuestos y balances (lo que impide el control sobre las cuentas), se detectaron faltantes de 30 mil medicamentos por 80 millones; se concedieron aumentos de 500 por ciento para prestadores elegidos a dedo y compras directas por 400 millones mensuales; no hay licitaciones y, por ejemplo, el traslado en ambulancia, la atención de emergencia y a domicilio se pagan directo a una empresa elegida a dedo por más de 20 millones al mes. Son sólo los primeros datos que se empiezan a conocer. Por ahora el trío supremo mayoritario parece unido, y trata de sacarse de encima las responsabilidades, pero habrá que ver hasta cuándo dura esa unidad aparente.
