Un juez de la ciudad santafesina de Reconquista se negó a firmar la sentencia contra un exfuncionario de la Municipalidad de Avellaneda por abusar sexualmente de su sobrina --entonces menor de edad--, quienes habían acordado que el imputado debía cumplir siete años de prisión y pagar una indemnización de seis millones de pesos. El magistrado argumentó que su decisión se debió a la "presión" del procurador de la Corte Suprema provincial.

El juez Santiago Banegas resolvió renunciar al caso e inhibirse de homologar el acuerdo al que habían llegado, el miércoles pasado, Marcelo Galaz --quien había sido secretario privado del actual senador nacional Dionisio Scarpin (UCR), cuando éste era intendente de Avellaneda-- y la víctima, de la que abusó sexualmente desde sus cuatro hasta sus 10 años.

Durante el juicio abreviado, Galaz admitió los abusos, pidió perdón y luego fue condenado a siete años de prisión y a pagar una indemnización de seis millones de pesos, de los cuales ya había abonado la mitad y debía depositar el monto restante el próximo 29 de mayo. Mediante este acuerdo, el exfuncionario municipal evitaba el juicio oral que lo exponía a una pena de 32 años de cárcel.

Galaz fue imputado por "abusos sexuales gravemente ultrajantes, reiterados en un número indeterminado de veces, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, reiterado también en un número determinado de veces".

Los motivos del juez

El 29 de abril pasado, el periodista José Maggi le recordó al procurador de la Corte provincial, Marcelo Barraguirre, sobre el audio con la voz del entonces fiscal del caso, Aldo Gerosa, donde sostenía que el senador provincial Orfilio Marcón le había pedido que terminaran el caso "antes de comenzar la campaña electoral 2023".

Durante la entrevista, Barraguirre anticipó que investigaría "la responsabilidad del magistrado en avalar, al homologar un acuerdo de partes en estos términos", al ser consultado por Maggi acerca del nivel de intervención tiene un procurador en un hecho de estas características.

El juez Banegas sostuvo que su negativa a firmar el acuerdo fue motivada por las declaraciones de Barraguirre, al asegurar que atentan contra la "independencia e imparcialidad judicial". "Me coloca en una encrucijada de la que no puedo salir indemne, careciendo de libertad para fallar conforme a mi leal saber y entender. Es por ello que corresponde inhibirme", argumentó en su escrito.

"Los jueces no tenemos que recibir presiones. Se me hizo saber públicamente, aun sin haber dictado resolución alguna, por encontrarme dentro del plazo para hacerlo, que iba a ser investigado y eventualmente sancionado, si firmaba el acuerdo al que habían llegado las partes, es decir, si tomaba una decisión en un sentido que no es compartido por el procurador", precisó.

Ante la inhibición del magistrado, la Oficina de Gestión Judicial debe remitir el expediente a un juez subrogante que podría quedarse con el caso o rechazarlo, con lo cual la decisión quedará en manos de la Cámara de Apelaciones.

Un procedimiento abreviado

"¿Cómo llamarte? Marcelo, tío, abusador, tantas personalidades de una misma persona, mi diablo personal más de dos décadas. Ruego a Dios que esta sea la última vez que te vea. Literalmente, podría estar horas y horas leyendo sentada todo el daño que me hiciste. Mucho más que se pueda llegar a imaginarse. O preguntarte por qué. ¿Qué te hice para que me odiaras tanto? ¿Cómo pudiste lastimarme de esta manera?", expresó la víctima en la audiencia del miércoles pasado.

Y remarcó: "Pero la realidad es que esto no nos llevaría a nada, porque no hay una respuesta que valga frente a un hecho tan atroz como un abuso. Lo que es difícil de decirte es que ya no te odio y no me arruinaste la vida. Sí, teñiste de tristeza gran parte de mi niñez, mi adolescencia y el inicio de mi vida adulta, pero hasta aquí. Basta. Hasta acá te dejo llegar".

En tanto, Galaz aseguró que "estos casi dos años han sido muy duros", al tiempo que agradeció "al Pai Arturo por su apoyo". "Me hizo recapacitar un montón, analizar las circunstancias, me hizo ver la necesidad de pedir disculpas", afirmó.

El fiscal Aldo Gerosa había pedido originalmente 32 años de prisión pero, al retirar los agravantes, finalmente acordaron 7 años de cárcel y un resarcimiento de seis millones de pesos.

Los abusos se iniciaron en el año 2000, cuando la víctima tenía 4 años, y se extendieron por seis años, hasta que ella "comprendió el alcance de los hechos y lo amenazó con contar lo sucedido a su madre", indicaron voceros judiciales.