“Tenemos mucha expectativa por este juicio por jurados, porque aquí es el pueblo quien define el veredicto de estos actos que fueron producidos por agentes estatales” explica Sandra Raggio, Directora Ejecutiva de la Comisión por la Memoria (CPM), a propósito del proceso que juzga por homicidio agravado a los cuatro policías bonaerenses imputados por la Masacre de Monte ocurrida en 2019. El juicio donde la CPM patrocina a las familias de las víctimas, concluye este miércoles cuando se escuche el veredicto del jurado, luego de la jornada del martes donde declararán los imputados, y se escucharán los alegatos.
En este episodio que juzga el jury perdieron la vida cuatro jóvenes de San Miguel del Monte: Camila López y Danilo Sansone, ambos de 13 años, Gonzalo Domínguez de 14 y Aníbal Suárez de 22. Solo sobrevivió Rocío Quagliarello, hoy con 17 años. La persecución policial que provocó estas muertes fue ocultada por las fuerzas de seguridad y los funcionarios municipales de entonces. Pero la maniobra de encubrimiento duró solo 48 horas, ya que los vecinos solidarios comenzaron a aportar las pruebas de la violencia policial que signa al caso.
“Y por eso es tan grave –advierte Raggio--, no solo para la familia sino para toda la sociedad, que prospere la impunidad que quisieron producir. Hubo una gran cantidad de policías involucrados, tratando de instalar que se trataba de un accidente de tránsito” refiere. Y aporta: “Esto que parece increíble, se inscribe en una serie de actos violentos que despliega la policía en el territorio bonaerense, de manera generalizada”.
Hoy, la CPM, a través de la abogada Margarita Jarque, representa en el juicio que sigue el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, a las familias de Camila López y de Danilo Sansone. Y desde que se conoció el hecho se hicieron presentes, para asistir a los familiares. “La primera vez fuimos con Adolfo Pérez Esquivel –quien preside la CPM—, y con Norita (Cortiñas), y nos llamó la atención que se nos acercaban vecinos a contar uno y otro caso de abuso policial”. Por lo que decidieron hacer un informe especial que denunciaba las prácticas violentas de la policía, “prácticas sistemáticas anteriores a la masacre”, explica Raggio.
Antecedentes violentos
Este informe sobre la Masacre de Monte, y sus antecedentes de violencia policial fue presentado el 5 de julio de 2019 en una actividad organizada por la CPM en el Centro Tradicionalista Martín Fierro, de San Miguel del Monte. Al constatarse en el lugar la presencia de dos policías de civil que ya habían sido vistos en otros actos y merodeando a las familias en las marchas, la CPM comenzó a gestar una nueva causa, la que denuncia espionaje a las familias de las víctimas. Y se suma a la de encubrimiento, donde hay 20 personas implicadas, pero que todavía no llegó a la instancia del juicio.
El juicio que concluye el miércoles en La Plata es sólo por el delito homicidio, y hasta el momento sigue siendo confuso qué desencadenó la persecución y los disparos. “Pero dos patrulleros, seis disparos, y el encubrimiento, es demasiado” reflexiona Raggio.
La directora de la CPM retoma la historia de “la masacre” y destaca que “lo notable de Monte fue la respuesta de la comunidad, que acompañó y aportó muchas pruebas. Estos testimonios lograron desbaratar la versión policial. Y las familias se sintieron muy acompañadas”. Al tratarse de una comunidad chica --30.000 habitantes--, y con mucho “activismo” por gente que llego a vivir ahí desde otros lugares y con experiencia social previa, fue posible dinamizar una red de confianza entre los vecinos solidarios con las familias. Un dato clave, para Raggio, es que para esto también hay una motivación. Y es que “las víctimas, son niños”.
La vecindad con los abusadores, policías en este caso, también puede limitar el reclamo. Así ocurría en Monte hasta este hecho. Y eso expusieron los vecinos ante la CPM, al contar casos que nunca habían sido puestos en cuestionamiento. “Son antecedentes claros sobre el accionar de toda la policía de la provincia –razona Raggio--, hechos silenciados, abuso, hostigamientos que se callan porque el policía que amedrenta es un vecino que vive a la vuelta. Todos se conocen, eso limita y sostiene la estructura de violencia policial que ejerce un poder arbitrario y termina en acontecimientos violentos como estos”.
Encubrimiento y espionaje a las familias
En la denuncia por espionaje, que se reactivó la semana pasada y en la que Raggio declaró el miércoles 11 --por haber estado en el lugar del hecho--, se evidencia no solo la reacción popular que reclama justicia, también la grosera impunidad de las fuerzas en las tareas de inteligencia ilegal. “Estas dos personas de civil que las familias identificaron como policías y que habían sido vistos en las marchas, cuando se sienten observados se retiran del lugar, en un coche blanco, sin patente”, remata la directora de la CPM, investigadora y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
La Comisión, dedicada a trabajar sobre memoria en torno al genocidio ejecutado por la dictadura cívico militar de 1976-1983, aborda también la memoria “sobre las violaciones de derechos humanos del presente”. Así se traza un puente entre pasado presente “en la convicción de que las violencias de ayer tienen su anclaje en la actualidad”, describe Raggio. Esto promueve la denuncia penal por el espionaje, que estuvo frenada cuatro años “por cuestiones de competencia”: fue presentada a la Justicia Federal y la Corte decidió que correspondía a la justicia Provincial. Por lo que recién ahora empieza a moverse.
“Sería importante avanzar con esta causa de la inteligencia ilegal, porque se relaciona con las acciones de amedrentamiento de la policía sobre las familias. Los vigilaban, pasaban con el patrullero por las casas, los amenazaban, y la policía de civil observando. Algo que parece menor o menos grave, pero ¿por qué tienen que hacerlo?”, se pregunta Raggio. Y manifiesta que “esto expresa claramente hasta dónde va la policía cuando avanza con acciones contra la comunidad”.
Sobre el jury en el TOC de La Plata, la investigadora se esperanza. “Ojalá salga bien, es un juicio por jurados, ya se plantearon los lineamientos y el martes serán los alegatos, donde creemos que se va a poder probar la hipótesis de violencia institucional. El jurado delibera y dará su consideración el miércoles”, repasa. El juez determina el delito. Por homicidio agravado se pide perpetua, pero el veredicto tiene que ser por unanimidad, y son 12 miembros los integrantes del jurado.
