El mensaje de la Corte Suprema fue más fuerte que el operativo clamor. No es renunciamiento. Cristina Kirchner fue obligada a tomar esta decisión. Si fuera renunciamiento, la responsabilidad de la decisión estaría en ella. Pero la proscripción implica una falla institucional grave que obligará a una de las fuerzas políticas mayoritarias a competir en una situación muy desfavorable.

La única decisión que podía tomar la vicepresidenta era afrontar ahora la proscripción o esperar a la condena en firme que debe salir de la Corte, como le sucedió al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, cinco días antes de las elecciones. Al adelantarse a la condena en firme, le dio la posibilidad al Frente de Todos de hacer campaña sin temor a perder el candidato.

Si esperaba a que la condena en firme saliera como en San Juan, cinco días antes de las elecciones, hubiera quedado más clara la intención proscriptiva del tribunal que la juzgó y de las distintas instancias que debe atravesar la sentencia hasta llegar a la Corte. Pero en ese caso, el Frente de Todos se quedaba sin candidato, lo que hubiera puesto al país al borde de la violencia.

Las investigaciones a los jueces de la Corte tendrían que haber empezado desde el primer día que asumió Alberto Fernández. La tarea que realiza la comisión de juicio político de Diputados demuestra que se trata de una Corte muy vulnerable. Han surgido indicios concretos sobre irregularidades y corrupción que comprometen a los cuatro jueces que la integran.

Son indicios y testimonios lo suficientemente fuertes como para romper el blindaje mediático que protege a los funcionarios del Partido Judicial. Esta Corte macrista es aún más turbia que la vieja Corte menemista de la mayoría automática. Y su titular, Horacio Rosatti, no oculta las ambiciones políticas que lo llevan a tomar medidas temerarias, al borde de la imprudencia, confiado en la impunidad que le concede su alianza con el macrismo y las corporaciones mediáticas.

La conciencia de que Cristina Kirchner no será candidata crea una sensación de vacío hasta en sus críticos de la interna peronista. La persistencia de la crisis y los rebotes complejos que genera cada parche que se le pone creó la necesidad de una intervención enérgica que corte por lo sano.

La vicepresidenta proyecta la imagen más fuerte en ese cuadro. Cada vez que tuvo que hacerlo lo hizo. En su gobierno puso en caja a los diferentes sectores que trataron de sacar ganancia en detrimento de la mayoría. Y aunque no faltan quienes también la responsabilizan por la crisis actual, también es cierto que una característica de este gobierno al cerrar la negociación con el FMI fue el desencuentro entre el presidente y su vice.

Por esta característica era la candidata más resistida por el llamado Círculo Rojo, que son los representantes del capital concentrado que vertebra el sistema de desigualdad e injusticias. Cristina ha sido la más atacada por ese Círculo Rojo, a diferencia de Javier Milei, que es un hombre del sistema, financiado incluso por algunos de estos empresarios más recalcitrantes, que también le ponen fichas a la candidatura de Patricia Bullrich. Son dos candidatos que han alejado simpatías de otros sectores empresarios que advirtieron la impericia y la superficialidad de sus propuestas.

La desazón que generará su ausencia en las listas de candidatos corre el riesgo de profundizar la falta de confianza que se ha extendido en los sectores de la sociedad más agobiados por la carestía de la vida. El Frente de Todos puede elegir sus candidatos en unas internas o avalar a aquel que sea más representativo de las posiciones de Cristina Kirchner, para tratar de contener el caudal mayoritario de votos que convoca la vicepresidenta. Y tiene que ser además un candidato que traccione.

Y se da por descontado que Cristina Kirchner deberá tener un papel central en la campaña del que resulte designado por el Frente de Todos. En cada acto de la campaña, Cristina deberá estar junto al candidato. Hay una cierta reminiscencia a otras épocas con elecciones donde estaban proscriptos los candidatos del peronismo. Se votó en blanco, se buscaron alianzas o se eligieron candidatos leales que ganaron las elecciones y fueron anuladas por los militares, como fue el caso de Andrés Framini, durante el frondicismo, o el de Héctor Cámpora, que le abrió paso a la candidatura natural del general Perón.

No será la primera vez que los candidatos del movimiento popular sufran la proscripción del sistema. Y en este caso, como en todos los anteriores, quedó lesionada la legitimidad del acto electoral y del sistema que las engendró.

El Frente de Todos deberá competir en evidente desigualdad porque no puede llevar como candidata a su principal dirigente. Y aún así tiene la responsabilidad de ganar para transformar y democratizar ese mismo sistema que lo proscribe. Es una historia que se repite.