La jueza María Victoria Mosmann hizo lugar al pedido del fiscal en lo Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Rodrigo Erazo Schmidt, de incluir como demandada a la firma CoSAySa (Aguas del Norte), en la causa “Mercado, Amelia Emilia y otros c/ Provincia De Salta; Municipalidad de la Ciudad de Salta s/ Ejecución de Sentencia”, conocida como Río Arenales. 

“Es corregir un detalle técnico”, explicó el abogado Pedro Arancibia, quien representa a las y los vecinos de la zona del barrio Ceferino y otros lugares que abarcan la ribera del río Arenales, que en 2011 presentaron un amparo por las inundaciones sufridas.

En el amparo, Aguas del Norte fue una de las condenadas junto a la Municipalidad de Salta, la provincia de Salta, y la empresa Marozzi, a llevar a cabo una serie de medidas de saneamiento del curso de agua, sentencia dictada en su momento por el ex juez de Cámara y actual ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez.

Ante los incumplimientos de las acciones previstas en un plan a corto, mediano y largo plazo que se había dispuesto para sanear el Arenales, Arancibia junto a otros abogados que representan a las y los vecinos, pidieron a la jueza Mossman que ordene la ejecución de esa sentencia. El recurso implica que la administración de justicia lleve a cabo acciones para que las demandadas cumplan con el plan de saneamiento, que consiste en alguna limpieza a la ribera del río, y la instalación de carteles advirtiendo que nadie puede bañarse en su lecho por estar contaminado. La jueza hizo lugar a la petición.

A Aguas del Norte se le adjudica la contaminación del cauce con escapes de líquidos cloacales, y se le ordenó que disponga un sistema que evite el vertido del crudo directamente al curso de agua por falta de conexiones domiciliarias a la red cloacal.

Arancibia celebró que el Ministerio Público Fiscal (MPF) haya hecho la presentación para que la empresa no se desentienda de su responsabilidad por no estar incorporada en la carátula del expediente.

En cuanto a las acciones, afirmó que la empresa Marozzi es por el momento la única que acreditó el cumplimiento de lo que le tocaba realizar tras la definición del amparo. La firma quitó el terraplén erigido sobre una de las bocas del puente del río. En 2011 este fue uno de los factores que incidió en las inundaciones que perjudicaron a las y los vecinos. Por ahora la empresa, junto a las demás demandadas, continúa siendo señalada como una de las responsables en una demanda por daños y perjuicios sufridos por quienes se inundaron hace ya 12 años.

Además, el MPF solicitó a Mossman “establecer etapas en períodos de tiempos determinados con objetivos específicos, en los que las demandadas deban informar y probar en audiencia pública, de manera fundada y precisa, las acciones, obras y medidas concretas llevadas a cabo en ese período de tiempo, brindando las explicaciones que en ese acto se les puedan requerir al respecto”.

El fiscal Erazo Shmidt fundó su pedido –presentado el 24 de abril pasado- en la afirmación de que “la ejecución colectiva exige la instauración y desarrollo de mecanismos de ejecución efectivos y acordes a la naturaleza, entidad y alcance de las decisiones que se adoptan en este tipo de conflictos”.

Las demoras en casos ambientales

Al ser consultado sobre las demoras que se registran en estos casos, Arancibia indicó que habrá una puesta en común de los casos en un Encuentro de Abogacía Comunitaria que se realizará en Córdoba en junio. “Allí se expondrán las experiencias de litigios que apuntan a cuestiones estructurales”, para resolver casos de contaminación, como la que involucra al Arenales.

Entre otros puntos, se expondrá sobre la causa de contaminación del Lago San Roque, en el cual el gobierno cordobés inició la ejecución de obras hace dos meses. Las acciones se volvieron posibles luego de que se establecieran partidas presupuestarias concretas para cumplir con ellas en cada ejercicio.