El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que lanzará una nueva ofensiva contra los “remanentes” de las pandillas para evitar su “reagrupación”. El país centroamericano lleva más de un año bajo régimen de excepción impulsado por Bukele y aprobado por el congreso (Asamblea Legislativa) de mayoría oficialista. 

Más de 68.000 personas fueron detenidas. Organizaciones locales e internacionales denuncian los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos con la suspensión de garantías constitucionales.

La guerra sigue

Bukele se reunió con sus ministros de Defensa y Seguridad, René Merino y Gustavo Villatoro, respectivamente, y con el titular de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.

"Aunque estamos ganando decisivamente la #GuerraContraPandillas, lanzaremos una ofensiva contra los remanentes de estas estructuras, para evitar cualquier intento de reagrupación, como estaba ocurriendo en Nueva Concepción", indicó la Casa Presidencial salvadoreña en su cuenta de Twitter.

En el comunicado no dieron detalles sobre la reunión del gabinete de seguridad. Pero el anuncio viene después de que el 16 de mayo, presuntos pandilleros asesinaron al policía Maximino Vásquez.

Tras el crimen las autoridades impusieron un cerco militar que terminó con la captura de varias personas señaladas por su supuesta participación en el asesinato del agente. Unos 5.000 soldados y 500 policías fueron desplegados en la ciudad de Nueva Concepción, que tiene una población de 30.000 habitantes. La localidad está ubicada unos 80 kilómetros al norte de la capital San Salvador.

Según Bukele, con el cerco militar destruyeron “su clica (célula), arrestamos a sus compañeros, arrestamos a su líder” y confirmó que el viernes fueron arrestados “los tres asesinos”.

Detenciones masivas

“Nunca más volverán a causar terror”, precisó el mandatario. La guerra contra las pandillas fue anunciada por Bukele en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos en la que murieron 87 personas en un fin de semana. 

Desde entonces el país centroamericano está bajo régimen de excepción en la que organizaciones de derechos humanos denuncian abusos y detenciones arbitrarias. 

Las autoridades salvadoreñas detuvieron a 68.720 personas acusadas de pertenecer a las pandillas, de las cuales 5.000 fueron liberadas por no estar vinculadas a las maras. 

Según el informe anual del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), desde marzo del año pasado El Salvador registra "graves retrocesos en materia de derechos humanos" .