Tras la media sanción en la Cámara de Diputados de Salta al proyecto de ley que pretende regular el derecho a la protesta en la provincia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió sobre la peligrosidad de la norma y el cercenamiento a derechos que implica. La iniciativa, de autoría de las diputadas Cristina Fiore (bloque Confluir) y María del Socorro Villamayor (Salta Tiene Futuro), ingresó durante la mañana a la Cámara de Senadores y podría tener un tratamiento sobre tablas en la sesión de hoy.
Si bien el proyecto ingresó a la Legislatura en abril del año pasado, fue llevado al recinto de la Cámara Baja este último martes por parte del oficialismo que pidió su tratamiento sobre tablas y logró luego su aprobación. El proyecto fue leído como un aviso político dirigido a la docencia autoconvocada y al personal de la salud, que sigue inmersos en un plan de lucha en reclamo de mejoras salariales.
El conjunto de trabajadores decidió anoche iniciar un acampe y convocar para este mediodía a una manifestación en las puertas de la Legislatura salteña pidiendo que el Senado no apruebe este proyecto de ley. También llamaron a movilizarse organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas.
En diálogo con Salta/12 la coordinadora del área de Violencia Institucional del CELS, Victoria Darraidou, manifestó su preocupación por el hecho de que el proyecto ya haya sido aprobado en la Cámara Baja sin siquiera un proceso de debate en sus respectivas comisiones para generar la discusión parlamentaria "que un proyecto de esta magnitud debe tener". En ese sentido, advirtió sobre el peligro que implica esta "media sanción sobre un proyecto que limita el derecho a la protesta social", sobre todo, cuando se trata de "un derecho básico en cualquier sistema democrático".
La iniciativa de Fiore y Villamayor sostiene que su objetivo es "conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada, durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas, cualquiera fuera su naturaleza".
A partir de allí, establece una serie de requisitos para llevar adelante una protesta o manifestación pública. Entre ellas, se especifica que cualquier protesta "debe ser notificada con una antelación no menor a las 24 horas, ante la comisaría más cercana al lugar donde se tiene previsto su desarrollo", o ante la autoridad que regule la norma.
En la misma notificación debe quedar asentado el lugar de concentración, el horario de inicio y el tiempo estimado de desarrollo, el objetivo de la protesta o manifestación, y los responsables u organizadores. Una vez ejecutada y aprobada la protesta, la autoridad reguladora "deberá arbitrar los medios necesarios para evitar la colisión de los derechos", de libre circulación y de expresión, principalmente.
Para Darraidou, las preocupaciones son varias. Por un lado, señaló que se manifiesta la limitación en el espacio público, la prohibición de protestas espontáneas y un mecanismo de pedido de autorización de protestas que "hace que los referentes de organizaciones tengan que salir a dar datos e información". Expresó que el hecho de tener que entregar estos datos resulta un mecanismo para "perseguir a referentes sociales y desmotivar el desarrollo de las protestas".
"Esta idea de pensar o restringir las protestas en un contexto que se circunscriba a protestas programadas contradice los estándares internacionales" establecidos en lo que respecta al ejercicio del derecho a la protesta, sostuvo la integrante del CELS.
Además, afirmó que la iniciativa no contempla acciones de protección a las personas que se manifiestan y que están señaladas en distintos protocolos de las fuerzas federales. En dichos protocolos "se habla de proteger el derecho y la vida de las personas que se manifiestan", por lo que "la intervención estatal no debería ser la de cercenar el derecho a la protesta", indicó.
Tanto en el proyecto como en las manifestaciones vertidas por las y los diputados, se insistió en que la protesta imposibilita el normal ejercicio de otros derechos, como el acceso a los servicios públicos, pero Darraidou sostuvo que la garantía de cumplimiento de esos derechos debe ser facilitada por el propio Estado sin evitar el ejercicio de la protesta ya que "es un resguardo que debe tener la intervención estatal".
Además, subrayó que la propuesta de ley no establece recaudos sustanciales, como la prohibición del uso de armas de fuego o armas menos letales y la protección de la labor periodística, "cuestiones (que) no son señaladas", expresó. Tampoco se menciona cómo va a ser la planificación y provisión de armamento a las fuerzas de seguridad.
Si bien la iniciativa incluye la necesidad de una mediación entre el Estado y los manifestantes, Darraidou dijo que "está bien que exista un espacio de mediación con un funcionario público, pero claramente ese espacio de negociación no puede negar o decidir cuándo está o no el derecho a hacer una protesta". Lo único positivo que la especialista encontró en la propuesta legislativa salteña es que las personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad deben estar identificadas, y recordó que esa identificación debe estar a la vista en el uniforme de manera que permita individualizar a las personas que intervienen.
En conclusión, la iniciativa es "restrictiva y un cercenamiento de derecho para las y los salteños", lo que también representa "una amenaza grave al resto de las jurisdicciones" del país, finalizó Darraidou.
Con posible tratamiento
Después de que el proyecto de ley obtuvo su media sanción en Diputados, ingresó en la mañana de ayer a la Cámara Alta y fue derivada a la comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional. No obstante, no queda exenta la posibilidad de que, como pasó en Diputados, algún legislador pida su tratamiento sobre tablas y se genere su discusión en la sesión de hoy.
Con el tratamiento exprés que está recibiendo el proyecto, la docencia autoconvocada definió realizar un acampe en las puertas de la Legislatura.
En tanto, el senador por Rosario de la Frontera y presidente del bloque del Frente de Todos, Javier Mónico, dijo a Salta/12 que el proyecto no sería tratado esta semana, pero por otro lado advirtió que no sabe "qué pasará mañana (por hoy) con todo lo que viene sucediendo". Otros legisladores deslizaron la intención de que la propuesta se debata en las respectivas comisiones y no sea tratada en este momento.
Otro organismo que manifestó su preocupación fue el Comité Provincial para la Prevención de Tortura de Salta (CPT), que remitió una nota al presidente del Senado, Antonio Marocco, advirtiendo que de establecerse una ley para regular la protesta social, se incorporarían nuevos elementos que lesionan los derechos y garantías fundamentales de la ciudadanía.
También observó que el sorpresivo tratamiento y aprobación en Diputados, con posible tratamiento en el Senado hoy mismo, exige "una actuación inmediata del CPT Salta para recordar los instrumentos" legales vigentes, además de instar a que no se trate en la Cámara Alta hasta "tanto no tenga dictámenes de las Comisiones correspondientes y se convoque a este CPT Salta y a otras instituciones especializadas en la materia a emitir opinión técnica conforme al marco jurídico de derechos humanos vigente en Argentina".
El Comité recordó además las actuaciones realizadas a raíz del decreto provincial 91/23, que aprueba el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas”. En febrero de este año, desde el organismo provincial se pidió su derogación "por falta de adecuación de la norma al marco jurídico de derechos humanos vigentes en Argentina".
Asimismo, señaló que durante los hechos ocurridos los días 24 y 25 de mayo en la zona del ex peaje Aunor, en ocasión de la manifestación de docentes y personal de salud, se utilizó el protocolo previsto en el decreto, pero quedó evidenciado que la norma sólo "alienta diferentes formas de violencia institucional". "De hecho este CPT Salta intervino en relación a las condiciones de detención de 19 personas identificando diferentes excesos en el momento de la detención y vulneraciones posteriores", expresó.
En tanto, la Mesa de Derechos Humanos de Salta emitió un parte de prensa bajo el título "Más represión y una ley contra la democracia", en el que advirtió "sobre los intentos de legitimar leyes represivas que lesionan derechos consagrados en nuestra Constitución, como así también en los tratados internacionales a los que adhiere nuestro país".
Los organismos de derechos humanos que integran la Mesa señalaron que el gobierno de Gustavo Sáenz "se ha caracterizado por una nula política de Derechos Humanos, falta de diálogo con los sectores que luchan por sus legítimos derechos laborales y represión como única respuesta ante los reclamos de diversos sectores". Insistieron en que en medio del conflicto con un sector de las y los trabajadores estatales se intenta "aprobar una nueva ley que restringe la libertad de protestar y manifestarse con la sempiterna excusa de regular la protesta social y ordenar el tránsito".
También aseguraron que el Ejecutivo cuenta con "la complicidad" del Poder Legislativo y recordaron que las y los legisladores le pusieron trabas a la discusión y tratamiento del proyecto de Ley de Memoria presentado por la misma Mesa de DDHH. En ese marco, pidieron la derogación del decreto 91/23 y rechazaron "cualquier ley que intente disciplinar a lxs luchadorxs populares", en una provincia cuyo índice de pobreza ronda el 40%.
El pronunciamiento fue acompañado por una larga lista de adhesiones de particulares, partidos políticos, organizaciones sociales y políticas y espacios como la Especialización y Maestría en DDHH Departamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta.
