El congreso brasileño aprobó una medida que debilita los poderes al ministerio de Medio Ambiente conducido por Marina Silva y al ministerio de Pueblos Indígenas, liderado por Sonia Guajajara.
Con esta decisión, ambos ministerios pierden el poder de decisión sobre el catastro de tierras rurales, la gestión de recursos hídricos y la demarcación de tierras indígenas promovidas por el gobierno de Lula da Silva para proteger la Amazonia.
La cámara alta del congreso (senado), de mayoría conservadora, aprobó la modificación de la estructura del gobierno con 51 votos a favor y nueve en contra.
Con los cambios aprobados por los senadores el ministerio de Medio Ambiente perdió sus competencias en materia de catastro de tierras rurales (clave en el seguimiento y combate a la deforestación ilegal) y la gestión de los recursos hídricos.
Mientras que al ministerio de Pueblos Indígenas conducido por la líder indígena Sonia Guajajara le quitaron la responsabilidad de demarcar nuevos territorios indígenas y ahora pasará al ministerio de Justicia.
La decisión llegó poco antes del vencimiento de la fecha límite para que los legisladores decidan sobre la nueva estructura del gobierno, incluyendo la cantidad de ministerios que pasó de 23 (durante el gobierno de Jair Bolsonaro) a 37 con el gobierno del presidente Lula da Silva.
Los congresistas tenían que aprobar la reestructuración impulsada por Lula (quien creó los ministerios de Pueblos Indígenas, Igualdad Racial y Medio ambiente) o de lo contrario el gobierno tenía que regresar a la estructura heredada por Bolsonaro.
Demarcación de territorios indígenas
En paralelo, la cámara baja (diputados) aprobó esta semana un proyecto de ley que establece un marco temporal que limita la demarcación de nuevos territorios indígenas. Según el texto, sólo podrán ser demarcados los territorios que estaban ocupados por pueblos indígenas al momento de la sanción de la Constitución de 1988.Los indígenas rechazan esta proyecto de ley, argumentando que muchas comunidades no se encontraban en sus tierras en 1988 porque fueron expulsadas a lo largo de los siglos, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985).
El proyecto que limita la demarcación de territorios indígenas (ahora bajo responsabilidad del ministerio de Justicia) deberá ser tratado por la cámara alta (senado).
La demarcación de nuevos territorios indígenas es una de las principales medidas del gobierno de Lula para frenar el avance de la deforestación y la minería ilegal. En Brasil hay 764 territorios de pueblos originarios, pero un tercio todavía no fueron demarcados, según la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI).
Con Bolsonaro (2019-2022) la demarcación estuvo estancada y en cambio el exmandatario promovió el ingreso de garimpos o mineros ilegales a la Amazonia.
