Madres y padres que buscan a su descendencia. Hijos e hijas que buscan sus orígenes biológicos. De un lado y del otro, conocer la verdad es la causa común. En la Argentina, hablar de identidad es remitirse a una página negra de la historia. Desde 1976 a 1983, la apropiación de niños y niñas fue una política de Estado. ¿Pero qué ocurre en democracia? Ese es un interrogante sobre el que echa luz, precisamente, Laberintos Personales, el nuevo documental de Alejandra Perdomo.

El delito de tráfico de personas y adopción ilegal de recién nacidos es una problemática vigente y global. A nivel local, se estima que tres millones de personas desconocen su origen aunque, dada la clandestinidad en la que se opera, no hay estadísticas oficiales. De este estado de situación parte la película que podrá verse en el Cine Gaumont (Rivadavia 1635) desde este jueves 8, con funciones a las 19, y desde el viernes 9, en el mismo horario y todos los fines de semana del mes, en el Cultural San Martín (Sarmiento 1551).

De nutrida trayectoria en la pantalla grande, Perdomo continúa en este trabajo la indagación que comenzó en 2014 con su película Nacidos vivos -disponible de manera gratuita en la plataforma Cine.ar- en la cual expuso una realidad que la atraviesa en primera persona. La directora supo de grande que no era hija biológica de sus padres y la búsqueda de sus raíces ya lleva veinte años. “Todos nuestros casos tienen en común que no fueron adopciones legales, porque en esos casos existen expedientes que las personas adoptadas pueden consultar en cualquier momento para encontrar su historia. En cambio, quienes tenemos una partida de nacimiento con datos falsos no tenemos esa posibilidad”, explica al respecto.

“Visibilizar” conflictos colectivos es su motor como realizadora. En Cada 30 horas (2016), reveló el recrudecimiento de los femicidios y en La reparación (2022), puso el foco en los delitos de abuso sexual en las infancias y las adolescencias. En Laberintos personales, la concientización se construye en torno a la labor de Búsquedas Verdades Infinitas, asociación civil presidida por la abogada Gisela Di Vincenzo que se pone al frente del reclamo de reparación de todas las víctimas apropiadas.

“Ya tuvimos tres audiencias”, explica Perdomo acerca del amparo colectivo que la ONG presentó ante la Justicia Federal en febrero de 2021. “Me hubiera gustado terminar el documental con una resolución, pero hasta el día de hoy estamos esperando que nos llamen para una cuarta audiencia y que la justicia se expida”.

- ¿Cómo surgió la idea de continuar el proyecto de Nacidos vivos?

- Fue durante la pandemia. Estábamos todos encerrados mirando contenidos y no sabíamos si había un mañana. Y ahí nos preguntamos: “¿Qué vamos a hacer con nuestra búsqueda?”. Y ahí definimos hacer una reunión colectiva por Zoom para hablar de nuestra situación, y supe que tenía que registrar eso. En esa ocasión, pudimos comunicarnos con personas de otras provincias y que también estaban fuera del país y se armó una red. Fue maravilloso.

- Esta situación te interpela particularmente. ¿Cómo supiste que tu origen no era el que creías?

- En principio, por una cuestión de identificación. Desde muy niña me sentía ajena porque no me veía parecida a mis padres ni tampoco a nadie de mi entorno. Uno quiere encajar y necesita que lo que le digan sea verdad. Y supe que no era hija biológica de mis padres cuando tenía más de treinta años, porque mi papá había fallecido y tuve que realizar los trámites de sucesión. En ese entonces, por primera vez, tuve en mis manos mi partida de nacimiento y vi que había nacido en la casa de una partera, cuando mi mamá siempre me había dicho que yo había nacido en el Hospital Fernández. Finalmente, ella, que había quedado muy mal por la muerte de mi papá, le terminó confirmando mi adopción a una amiga mía. Y en 2003 empecé mi búsqueda por distintas oficinas. Recién ahora, después de mucho tiempo, hay alguna posibilidad de que pueda haber entrecruzamiento de datos, porque lo más complejo es que en el Banco Nacional de Datos Genéticos tienen acceso solamente a información vinculada con las personas apropiadas en la dictadura.

- Además de esa posibilidad de que sus casos estén contemplados en este Banco, ¿qué otras acciones y herramientas le reclaman al Estado?

- Como esta práctica está tan naturalizada, lo primero que creemos necesario es que exista una campaña masiva para denunciar esto. Así como existe un spot dirigido a quienes nacieron en los años de dictadura, necesitamos que haya una comunicación para que quienes no estamos comprendidos en ese tiempo podamos saber dónde dirigirnos para recibir información. Para eso también hay que crear un lugar al que podamos ir. Lo más importante es empezar por reconocer que la sustitución de identidad es la violación de un derecho humano y que no tiene períodos ni caducidad. Hoy se siguen robando bebés en maternidades y hospitales por falta de controles. Y además de ser un delito que se naturaliza, tiene la característica de que es algo muy silencioso, porque hay muchas complicidades por parte de las familias, los médicos y las parteras.

- En muchos casos de apropiación existe también una transacción económica. Y si alguien vende a un bebé es porque hay alguien dispuesto a comprarlo.

- Quienes adoptan de forma ilegal ponen como excusa que los plazos legales de adopción son muy largos. Del otro lado, muchas veces hay una necesidad. En algunas provincias, el poder económico puede más frente a una mamá en situación de extrema precariedad. Y en lugar de que el Estado intervenga asistiendo a esas personas vulnerables para que puedan hacerse cargo de sus hijos, se las induce a que los entreguen.

- ¿Por qué el Estado no interviene?

- Yo no tengo respuesta. Pero lo que sí puedo decir es que durante los veinte años de búsqueda que llevo haciendo, el Estado no ha recogido este guante. Sin importar el color político, pasan las gestiones y ninguna brinda soluciones. Hay una clara falta de decisión política. Por este motivo, hacer este tipo de documental tiene como objetivo hacer sonar las alarmas. Nos parece importante sentar jurisprudencia para que esto no siga sucediendo.