Después de 40 años de reclamos, las comunidades indígenas que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 están próximas a obtener el título único comunitario de 400 mil hectáreas, un extenso territorio en la zona noreste de la provincia de Salta que, sin embargo, es apenas una parte del territorio de uso ancestral de estos pueblos. 

El avance, en un lento proceso de diálogo, avances y retrocesos, se concretó ayer, día en que la provincia de Salta y la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat firmaron un acta acuerdo en la que definieron la modalidad de entrega de este título comunitario. La rúbrica se hizo en una reunión de trabajo facilitada por la Unidad Ejecutora nacional, a cargo del jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, Nicolás Rapetti, quien se manifestó "muy contento" por este paso, el aspecto central del reclamo indígena.

El funcionario nacional consideró en declaraciones a Salta/12 que es un avance importante "porque deja por escrito la voluntad de la Provincia de respetar lo que dice la sentencia (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH) y entregar el título de la manera que las comunidades lo estaban esperando". En febrero de 2020 esta Corte condenó al Estado argentino a entregar 400 mil hectáreas en un título comunitario a las comunidades nucleadas en la organización Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), y también ordenó que se lleven a cabo una serie de acciones reparatorias del daño provocado a estas comunidades y para garantizar el acceso a derechos elementales, como el agua segura. 

Rapetti contó que estaban esperando este acuerdo para incorporarlo al plan de cumplimiento de la sentencia que la Nación debe presentar ante el tribunal internacional (ya con plazo vencido, pero ampliado por la pandemia). "Es el último pasito, ahora ya con esto estamos en condiciones de enviar el plan a la Corte Interamericana", confió. De esta manera la gestión de Rapetti dejaría esta etapa cumplida, en un proceso que continuará con el nuevo gobierno que asuma en diciembre.

De la reunión realizada ayer en Casa de Gobierno de Salta participaron el ministro de Infraestructura y comisionado provincial, Sergio Camacho; el secretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaras; la directora de Tierras de Salta, Florencia Luñis; la coordinadora de Lhaka Honhat, Cristina Pérez, y la abogada Erika Schmidhuber Peña, del equipo internacional del CELS, organización que asesora y representa a Lhaa Honhat en el reclamo que presentó en 1998 ante la CorteIDH.

La Secretaría de DDHH de la Nación también destacó la importancia de este acuerdo. "El acta refleja un momento histórico, ya que por primera vez desde el inicio del caso internacional, ambas partes están de acuerdo en un aspecto fundamental. Según el acta, una vez que concluya la delimitación y demarcación del territorio, el título resultante será otorgado a nombre de todas las comunidades indígenas que residen en los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia y a las demás comunidades que se desprendan de aquellas en el futuro", sostuvo.

Añadió que el acta acuerdo "refleja, a su vez, el compromiso del Estado argentino en su conjunto con el cumplimiento integral de la sentencia de la Corte Interamericana".

La Secretaría también informó que con la firma de este acuerdo "concluyen las acciones de planificación del cumplimiento de la sentencia a cargo de la Unidad Ejecutora, por lo que en los próximos días el tribunal internacional recibirá el plan integral de cumplimiento, resultado del trabajo iniciado en agosto de 2021".

Relevamiento territorial y acceso al agua 

El territorio comprendido en la demanda territorial tiene una extensión de 643 mil  hectáreas. Como en el proceso de avance del Estado sobre zonas habitadas por pueblos originarios se instalaron familias criollas, se acordó que 200 mil hectáreas serán distribuidas entre ellas, que en muchos casos deberán reubicarse. Las otras hectáreas son destinadas a edificaciones públicas y vías de acceso. 

Rapetti reseñó el proceso que se viene llevando a cabo con el objetivo de cumplir la sentencia de la CorteI DH. Recordó que trabajaron sobre los dos primeros ejes, la restitución territorial y el mejoramiento de la calidad de vida. 

Cada uno de los ejes propuestos en el plan para cumplir la sentencia se bifurca a su vez en una serie de acciones concretas que deben llevarse a cabo en el territorio, tanto para las comunidades indígenas como para las familias criollas. La restitución territorial comprende concluir el diálogo intercultural sobre los límites territoriales y la entrega del título comunitario; el fortalecimiento de la infraestructura productiva de las familias criollas que se relocalizan, el equipamiento con maquinaria y garantizarles el acceso a la energía. El eje de mejoramiento de calidad de vida abarca el acceso a la salud, a la alimentación adecuada a las pautas culturales de los pueblos indígenas que habitan este territorio (wichí, chorote, chulupí, chané y qom, o toba), el acceso a la salud respetando sus lenguas y su cultura, el acceso al agua segura y la construcción de la infraestructura básica.

Dentro de estos ejes, se avanzó en la conformación de los equipos territoriales para el relevamiento y la delimitación de la tierra y el acceso al agua. Esos ejes fueron sometidos a la consulta con las comunidades, en cinco puntos que marcó Lhaka Honhat. Con los consensos alcanzados, ya comenzó la ejecución en esos dos ejes, "se hicieron los estudios de prefactibilidad en terreno para comenzar con las perforaciones y los equipos territoriales vienen trabajando", recordó Rapetti.

En cambio, Rapetti contó que respecto de los otros ejes del plan, la gestión ambiental (que comprende acciones para evitar que siga la deforestación y recuperar la flora, y evitar la contaminación del agua y remediar la existente) y el fortalecimiento de los actores locales, que comprenden un marco amplio de acciones y dado el momento político en el país, ya próximo a un cambio de gestión a nivel nacional, se decidió, de acuerdo con Lhaka Honhat, enviar la propuesta gubernamental sin realizar la consulta y en esa instancia la organización indígena hará las observaciones que considere pertinentes. 

El funcionario destacó que querían entregar el plan de cumplimiento, porque las comunidades pedían constantemente que se avanzara con la entrega del título comunitario. "Nos hubiese encantado llegar a entregar el título, pero será en la próxima gestión". "Estamos contentos", insistió. 

Hace poco más de una semana, en una charla en la Universidad Nacional de Salta, la coordinadora de Lhaka Honhat destacó el objetivo de lograr el título a nombre de todas las comunidades, y contó que ya comenzaron a analizar cómo será la gobernanza de su territorio. "Es muy complejo, porque la lucha es de más de 40 años". "En esta etapa nosotros tratamos de que todo se cumpla. Y de hacerlo en memoria" de todas las personas que pasaron en esta lucha, dijo entonces Cristina Pérez. 

Por otro lado, en la reunión de ayer también se hizo un balance del funcionamiento de los equipos territoriales, que tuvieron algunas demoras, aunque el relevamiento sigue avanzando y los acuerdos de relocalizaciones también. Además se discutió un protocolo para los desalojos de personas que ocupan tierras que no les pertenecen. 

El reclamo por la entrega de un título único para todas las comunidades del territorio que ocupan ancestralmente llegó en 1998 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el acompañamiento del CELS. Mientras el proceso legal avanzaba lentamente, las comunidades y familias criollas avanzaron en un proceso de diálogo y acuerdos en el que tuvo una importancia crucial el anterior coordinador de Lhaka Honhat, Francisco Pérez (fallecido).

En 2018 el caso llegó a la CorteI DH, tribunal que en febrero de 2020 ordenó al Estado argentino ejecutar esos acuerdos, particularmente, delimitar, demarcar y otorgar los títulos de propiedad, y generar las condiciones para garantizar la relocalización de las familias criollas. Además, el Estado deberá elaborar un plan que permita asegurar el acceso y garantía de los derechos a la alimentación, el agua, el ambiente sano y la identidad cultural de las comunidades indígenas.