Frente al Ministerio de Economía, cooperativas de construcción de los movimientos sociales denunciaron que tienen frenadas parte de sus obras por falta de presupuesto. Se trata de obras que se realizan en los barrios populares -conexiones de agua potable, cloacas, redes de electricidad segura, baños y cocinas para las viviendas-, con cuadrillas formadas por los propios vecinos. En esas obras hoy trabajan, en todo el país, 20 mil personas. De las iniciativas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, el Programa de Integración Sociourbana es el más avanzado, en el sentido de que crea trabajo genuino, con salarios similares a los del convenio y recuperación de derechos laborales.
En reacción al recorte, veintidós organizaciones sociales -desde las de la UTEP hasta las de la izquierda- acordaron hacer un reclamo junto a la Mesa de Barrios Populares -donde tienen representación organizaciones de otro tipo, como Cáritas y Techo-. También se sumaron representantes de confederaciones como la CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo), la Fetraes (Federación de Trabajadores de la Economía Social), cercanas al kirchneristmo, y la FeNaT, de la CTA Autónoma.
Las delegaciones de las cooperativas se juntaron en las escalinatas del Ministerio de Economía, donde informaron sobre la situación a los medios. El tono que utilizaron sus referentes, todos ellos residentes en barrios populares, fue duro; un reflejo de las tensiones que en estos días de inflación y armados electorales atraviesa la relación de las bases de los movimientos sociales con la dirigencia política.
Lila Calderón, de una cooperativa de Dignidad Rebelde, contó que desde hace un mes vienen teniendo reuniones en el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Victoria Tolosa Paz, donde llevaron un listado de las obras paradas. “Nos plantean que Economía no les pasa los fondos. En la última reunión explícitamente nos dijeron: ‘si no se colocan bonos, no va a haber plata’. ¿Y nosotros qué culpa tenemos?", preguntó, para agregar: "No es nuestra culpa que el gobierno anterior haya tomado la deuda ni que éste haya decidido pagarle al Fondo”.
Gastón Reyes, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, señaló que el Programa de Integración Sociourbana “es una conquista con la que venimos generando trabajo en las barriadas, en el territorio, desde abajo” y acusó a los ministros "Sergio Massa y Victoria Tolosa Paz” de “querer barrer con esta política de Estado generada desde las villas para después llenarse la boca en los actos, diciendo viva la Patria”.
Alberto Larez, del Movimiento Evita, dijo que el programa en cuestión “es una política de Estado para concretar el acceso a tierra, tierra y trabajo, que es lo que venimos peleando desde el 2001, cuando ninguno se hacía cargo de este pueblo y cambiábamos de presidente cada cinco días”.
Marianella Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha, aseguró que las organizaciones no van a aceptar “que el Ministerio de Economía sólo le atienda el teléfono al FMI”. Y Norma Morales, de Somos Barrios de Pie, remarcó que “las obras en nuestros barrios populares tienen un valor simbólico inmenso”.
El programa está a cargo de la Secretaría de Integración Sociourbana y se financia con dos vías: un fondo propio y recursos del presupuesto nacional. Es este segundo canal el que sufrió los recortes. Pero el malestar no es sólo por los fondos adeudados, sino porque el presupuesto vigente, indicaron en las organizaciones, no alcanza para sostener los trabajos en los meses que faltan para concluir el año. Ni que decir que, para después de las elecciones, el futuro del programa es totalmente incierto. El fondo fiduciario específico para realizar estas obras se forma con un porcentaje del impuesto a la compra del dólar País, y recibió además una parte del impuesto a las grandes fortunas, pagado en 2022 por única vez.
A raíz de la protesta, Economía abrió un canal de diálogo con las organizaciones, que recibieron el compromiso de emitir los pagos adeudados. También, una promesa de avanzar con la ampliación presupuestaria, una medida que se concretaría en un plazo de diez días.
Esta semana hubo también una protesta de organizaciones sociales en reclamo al Ministerio de Obras Públicas, para que implemente la promesa de destinar un 30 por ciento de las obras de hasta 300 millones de pesos a cooperativas de la economía popular.
Esta medida fue anunciada por el presidente Alberto Fernández e incluyó la firma de un decreto. Sin embargo, no fue implementada. Su lanzamiento coincidió con la decisión del gobierno nacional de no otorgar nuevos planes Potenciar, y fue presentada públicamente como una muestra de que la intención era impulsar políticas de creación de trabajo genuino en reemplazo de los planes sociales.
A diferencia de aquel decreto, el Programa de Integración Sociourbana es una política pública que ya tiene un recorrido. Su respaldo es una ley aprobada por todos los bloques, que compromete al Estado a urbanizar los barrios populares inscriptos en el Renabap. Para su implementación, el programa tiene una secretaría específica, que encabeza una referente que vive en una villa, Fernanda Miño. El programa tiene un mecanismo de financiamiento también fijado por ley y un fondo fiduciario propio. De las obras participan, en distinta medida, todos los movimientos populares; por eso los recortes que amenazan su continuidad generaron una reacción tan amplia, que pone en alerta al sector no sólo frente a intentos de recorte de la actual gestión, sino también, y sobre todo, de cara a lo que pueda suceder tras las elecciones presidenciales.
