A la derecha ecuatoriana se le quemaron los papeles. Frente a su propia languidez tras el gobierno fallido de Guillermo Lasso y la recuperación del correísmo, ahora trata de desempolvar una vieja historia conocida como el Caso Gabela fabricando un nuevo informe al estilo de lo que hizo la oposición argentina con el caso Nisman en 2015.
Jorge Gabela fue un ex comandante de la Fuerza Aérea de Ecuador que se opuso en 2010 a la compra de helicópteros Dhruv procedentes de la India. En pleno apogeo de la Revolución Ciudadana, la prensa de Quito se frotaba las manos con la resistencia del uniformado a una decisión estratégica en materia de defensa que pretendía instrumentar el Poder Ejecutivo. Bajo ese contexto, Gabela había advertido que temía por su vida y hasta grabó un mensaje suyo con propósitos de acción política póstuma.
Ataque mediático
Como si las narrativas mediáticas derivaran en profecías autocumplidas, el 19 de diciembre de 2010 el militar fue asesinado en su casa. Aunque se comprobó en sede judicial que se trató de un crimen común en ocasión de robo, la jauría mediática pretendió que el ex presidente Rafael Correa era el responsable político del fatídico hecho.
A través del juicio Nº 32 de 2012, el juez de la Corte de Guayas, Manuel Armas Proaño, determinó que los autores del crimen fueron Julio Eduardo Sánchez Salavarría, Jaime Dennis Arias Tomalá y Tony Tyron Terán Tomalá, a quienes condenó por el delito de asesinato con robo, enmarcado dentro de la delincuencia común, sin mención alguna a las conexiones con la compra de helicópteros.
Sin embargo, el plan del poder económico era instalar lo contrario. Ante la persistencia del sembradío de desconfianza, Correa firmó en octubre de 2012 un decreto ejecutivo para crear la Comisión Interinstitucional para reabrir la investigación del caso, en atención al pedido de la familia de Gabela.
Las autoridades del organismo contrataron para la tarea al perito Roberto Meza Niella, forense de prestigio, nacido en la Argentina, con residencia en Brasil. La Comisión presentó tres peritajes pero el tercero de esos documentos, cuya fecha de ingreso al laberinto de la burocracia judicial ecuatoriano data del 8 de julio de 2013, había desaparecido hasta hoy.
El misterio del tercer infome
Ni un solo registro quedó sobre esa parte del trabajo de Meza. Fuentes del correísmo consultadas para este artículo sospechan que esos papeles siempre estuvieron en manos de la fiscalía porque su conclusión corrobora la sentencia dictada atribuyendo el móvil del crimen a la delincuencia común. El propio Correa apeló ayer a su usuario de Twitter para denunciar la farsa de entonces que la Corte Constitucional, acaballada en la literatura periodística y sus financistas, linkeó con un proceso en ciernes contra siete ex funcionarios, a quienes les imputa haberse tragado el tercer informe: “¿Sabían ustedes que todas estas tonterías son por haber hecho una comisión interinstitucional para investigar el crimen?”, tuiteó el ex mandatario.
Página/12 accedió, a través de una filtración de datos, al llamado “tercer informe” que la Fiscalía escamoteó durante 10 años y cuyo ostracismo pretende facturarle al gobierno de Correa. Rubricado por Meza Niella, aquel tercer informe señala que “el hecho investigado, basado en los elementos fácticos desarrollados y probados, permite determinar como móvil del crimen el robo, descartándose cualquier otra posibilidad”.
Criminólogo reconocido no solo por el correísmo sino también por sus detractores, tanto que lo contrataron este año para que realice un cuarto informe, el perito recopiló testimonios de los ladrones acusados y detenidos, apeló a pericias balísticas sobre trayectoria de los disparos, visitas al lugar de los hechos y conversaciones con un testigo arrepentido, entre otros elementos.
Sin ir más lejos, el 17 de febrero pasado la Corte Constitucional emitió un fallo que ordenaba la reconstrucción del informe pericial “perdido” sobre el caso Gabela. Bajo esa manda judicial, se abrieron negociaciones entre el 12 de mayo y el 26 de junio para que Meza Niella y el Gobierno ecuatoriano acordaran los términos de la reconstrucción del informe pericial, con un pago de 380 mil dólares. La pregunta es por qué se le pagaría para que rehaga una investigación que ya existe, y abriga la duda sobre la posibilidad de que el único objetivo sea ir contra Correa y otros miembros de su experiencia gubernamental.
Allí radica la rabia del ex Presidente, que advierte que “se sanciona a funcionarios pero no al perito, que ni siquiera guardó un respaldo”. “A él se le da un contrato de 380 mil dólares para que haga otro informe”, se queja, y agrega: “Eso es peculado”.
Intentona
La nueva intentona se instrumenta a través del despliegue de la Fiscalía y la Contraloría de Ecuador. Casi calcado a lo sucedido con el caso Nisman en Argentina, la fiscal general Diana Salazar, encargada del caso Gabela, ganó protagonismo en la conversación pública y ha sido objeto de críticas por la falta de transparencia y objetividad en su proceso de selección. Por un lado, se cuestiona la nula imparcialidad del proceso, y por otro, se la acusa de perseguir a opositores. El correísmo se despacha, incluso, con objeciones a su integridad académica luego de que trascendieran acusaciones de plagio en su tesis.
En definitiva, la reactivación de la alquimia del lawfare obedece a la proximidad de una nueva contienda electoral, tras la muerte cruzada que se produjo entre Lasso y el Congreso ecuatoriano. La búsqueda del descrédito de Correa y su partido político es la misión de sus adversarios, en estado de impotencia por el fracaso de sus opciones en las urnas.
Las próximas semanas serán decisivas para saber si las instituciones ecuatorianas deciden hundir la democracia en el basurero de la historia o resplandece la verdad de un informe soterrado que la Corte ecuatoriana no podrá ocultar aunque compre peritajes con cheque en blanco.
