En el inicio del juicio oral y público contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda, Carmen Rosa Méndez, el juez Guillermo Pereyra rechazó los planteos de la defensas que intentaron evitar el desarrollo del debate oral y público. Está previsto que las audiencias se extiendan hasta fines de este mes.

Durante la primera jornada se leyó la requisitoria de elevación a juicio de fiscalía y querella y declararon tres testigos. La fiscala Ana Salinas Odorisio sostiene la acusación contra Cornejo por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cuatro hechos de peculado. 

La acusación por incumplimiento es porque supuestamente el exintendente se apartó de los principios contables e incumplió la normativa financiera, debido a que no hay registros del destino de los fondos municipales en el período 2017-2019. 

En cuanto a la acusación por peculado, el primer hecho es porque en agosto de 2019 adquirió en beneficio personal una camioneta Chevrolet S10 abonada con fondos municipales, inscripta a nombre de Gonzalo Fernando Cornejo. 

El segundo hecho es porque sustrajo maquinaria pesada y otros bienes muebles del municipio y los llevó a una finca privada en Rosario de Lerma; esto se hizo el 2 de diciembre de 2019, antes de la entrega de mando a la gestión entrante. En la acusación fiscal se mencionó el testimonio del dueño de la finca, con quien Cornejo firmó un contrato de locación en el loteo Pucará para guardar la maquinaria que luego fue secuestrada. También se citó la declaración del encargado del parque automotor municipal, Fernando Ruarte, quien reconoció las máquinas. Se acusa a Cornejo de la sustracción y de haber pagado con fondos municipales los seguros de la maquinaria.

El tercer hecho de peculado es por el uso de fondos municipales que fueron entregados como "ayuda social" sin verificar la necesidad, mediante órdenes de pago de $500 a personas del municipio, supuestamente, para persuadir el voto durante la campaña electoral.  

El cuarto hecho es por la existencia de constancias del banco Macro mediante las cuales se considera probado que "el imputado extrajo a través de diversas personas, fondos municipales sin haberse podido determinar el destino asignado".

La acusación añade que se llevó a cabo la misma maniobra respecto a fondos depositados en el banco Patagonia "sobre los cuales se giraron cheques extrayendo sumas de dinero pertenecientes al municipio y constituyendo plazos fijos sobre los cuales se obtuvieron beneficios financieros. Luego se extrajeron los fondos públicos que no ingresaron al municipio, sin haberse podido determinar tampoco el destino real". El faltante de dinero ronda los $84 millones. Sumado a ello, para el retiro de los fondos se ordenó a auxiliares de tesorería que imputaran "gastos reservados".

La querella ejercida por el abogado Rodrigo Palazzo, en representación del actual intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni, añadió a la acusación el delito de enriquecimiento ilícito.

La querella señaló que el exintendente no rindió más $10 millones en 9 años al Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, lo que constituye "un grave desfalco público" que se advierte en una intimación realizada por la titular de aquella cartera ministerial al municipio.

"Del mismo modo se pudo advertir que el exintendente en los dos últimos años compró inmuebles que no fueron declarados, uno en pleno centro capitalino de la ciudad de Salta, valuados en cerca de los 200.000 dólares, y el otro con ubicación en barrio Grand Bourg cuyo valor estimado sería de 90.000 dólares", sostiene la querella. 

Por su parte, Mendez, está acusada por la fiscalía y la querella, de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado. 

La imputación se debe a que la exsecretaria de Hacienda omitió la registración contable que permitiría establecer el destino de los fondos asignados durante su gestión y controlar la legitimidad del gasto. La acusación por peculado se corresponde con el cuarto hecho por el que está imputado Cornejo. La fiscalía indicó que Méndez libró cheques para la extracción de fondos municipales de los bancos Macro y Patagonia. 

Entre las pruebas se mencionó la copia de títulos remitidos a nombre de la acusada, y luego endosados para ser cobrados por empleados del municipio, en la sede del banco Patagonia en la rotonda del barrio Limache. con los fines "de extraer dinero para el doctor", en referencia a Cornejo. 

La fiscalía destacó que la maniobra se develó en mensajes de teléfono que intercambiaron Méndez y Cornejo, en los que se evidenció que esperaban el depósito de fondos nacionales o provinciales transferidos a la cuenta de banco Patagonia para constituir plazos fijos, generar intereses y disponer de esos fondos, "los que incluso fueron retirados en bolsones antes de finalizar el mandato".

Entre los planteos preliminares, la defensa de Méndez, ejercida por el abogado Pablo Tobío, recién incorporado este jueves a la causa, recusó al juez Pereyra y solicitó la nulidad del proceso y el sobreseimiento de su defendida. El codefensor Juan Martín Solá Alsina adhirió a este pedido y solicitó la "nulidad absoluta" de lo actuado.

Mientras que la defensa de Cornejo, a cargo de los abogados Fernando Teseyra y Arnaldo Estrada, no adhirió a la recusación pero planteó la nulidad absoluta de las actuaciones y el sobreseimiento de su representado. También solicitó la "nulidad absoluta parcial" del requerimiento a juicio de la querella en relación al enriquecimiento ilícito.

Las defensas impugnaron una publicación del Poder Judicial, el 5 de mayo de 2021, sobre el rechazo del juez Amadeo Longarte a un acuerdo de juicio abreviado al que habían llegado la fiscalía y las defensas. Tobío cuestionó la objetividad del juez Pereyra, asumiendo que por esa publicación oficial ya conocía los detalles del juicio abreviado, y señaló que otros jueces se inhibieron de intervenir en este debate por el hecho de conocer lo tramitado en ese expediente. 

Para la defensa de Cornejo, esa publicidad del contenido del juicio abreviado lesionó el derecho a la defensa. Teseyra dijo que se había infringido la igualdad de armas, el principio de inocencia, y la garantía de que una persona no debe ser obligada a autoincriminarse. En el abreviado, precisamente, los acusados se incriminan y pueden negociar una pena. 

La fiscala Salinas Odorisio consideró extemporáneos estos pedidos. Entre otros argumentos, señaló que el juicio abreviado fue un intento voluntario de las defensas, no una imposición, que fracasó por el rechazo del juez. Asimismo, recalcó los sucesivos intentos de las distintas defensas por evitar la realización de este juicio. El querellante adhirió a los planteos de la fiscalía, y ambas partes pidieron el rechazo a lo solicitado por los defensores.

El juez se tomó más de una hora para resolver. Finalmente rechazó la recusación por improcedente y extemporánea, y consideró que el planteo de nulidad genérica del procedimiento devenía en abstracto. Sobre los planteos de la defensa de Cornejo, el magistrado rechazó la nulidad absoluta y la nulidad parcial de la acusación de la querella.

Una vez superadas esas discusiones, Cornejo y Méndez se abstuvieron de declarar y tras eso comenzó la ronda de testimoniales. El intendente Folloni estaba citado para declarar en la primera audiencia pero presentó una nota solicitando hacerlo por escrito. El actual mandatario realizó la denuncia el 28 de enero de 2020.

Por otro lado, declararon tres personas que recibieron los $500 que entregó Cornejo antes del cierre electoral en 2019. Un hombre dijo que estaba desempleado, se enteró por amigos que estaban entregando dinero en el municipio y se dirigió a hacer la fila para cobrarlo. Dijo que no le pidieron documentación, le hicieron firmar un "recibo chiquito" y no se le indicó por quien debía votar.

Un ama de casa y trabajadora rural temporaria contó que cobró los $500 luego de hablar con Cornejo y plantearle que necesitaba dinero para la compra de pañales. Esto fue una semana antes del cierre electoral, aseguró que sólo le pidieron fotocopia de DNI como constancia de que le entregaron ese dinero. También afirmó que no se le pidió nada más a cambio. La mujer indicó también que días antes había realizado una petición de ayuda social por escrito a la municipalidad pero no había tenido respuesta. 

La tercera testiga, otra vecina, relató que en aquel momento cursaba el quinto año del colegio secundario y había quedado libre por inasistencias a educación física debido a circunstancias particulares, para la reincorporación le cobraban una suma de dinero. Al enterarse que estaban entregando dinero en el municipio, fue a solicitarlo. Recibió $500. Dijo que esa vez sólo expresó su necesidad, se le pidió el DNI y el domicilio que fue anotado por las secretarias

También mencionó que al menos en tres oportunidades recibió ese tipo de ayuda del municipio, consideró era "normal" que la gente fuera a solicitarla. Asimismo, indicó que aquella vez el municipio "a algunos los ayudaba con lo que necesitaban".