La ciudad de San Salvador de Jujuy fue ayer el centro de la atención nacional por la represión que tuvieron que padecer quienes se manifestaron en contra de la inconsulta reforma constitucional que propició el radical y referente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales. Mientras la tiranía era televisada, las comunidades indígenas se mantenían firmes en los cortes de ruta que llevaban adelante en diferentes puntos de la provincia, sobre todo, en los accesos a las localidades que forman parte de la Quebrada y la Puna jujeña.
En Humahuaca, ubicada a 130 kilómetros de la capital jujeña, mantenía con firmeza el corte en la ruta nacional 9 a la altura del paraje San Roque (a 6 kilómetros del pueblo). Al menos 400 personas representaban el núcleo duro que sostenía la medida de fuerza desde el domingo pasado y que, sobre la base del respaldo comunitario, se iban turnando para sostener el corte que habilitaba el paso a los vehículos cada dos horas.
Pero ayer la medida no pareció suficiente después de que Morales decidiera avanzar con la jura de la nueva Constitución provincial. “Queremos la renuncia de Morales”, se empezó a repetir entre lágrimas y sensaciones de impotencia de parte de un puñado de lugareños y lugareñas que recorrían el centro del pueblo. La tristeza avanzó por calles de piedar del pueblo antiguo. Algunas personas sólo atinaban a escuchar en sus radios lo que se reproducía sobre lo que sucedía en San Salvador.
En los puestos de venta de mercadería y verduras sus despachantes atendían a compradores, volvían a escuchar lo que se decía y también contaban que la mercadería que estaban vendiendo era parte de un cargamento que llegó hace días, cuando aún no había cortes totales en las rutas. Según aseguraron, no baja nada desde La Quiaca y no sube nada desde Tilcara. La situación no fue distinta para las y los turistas -la mayoría de regreso desde Iruya-, que llevaban más de 48 horas esperando un micro en la terminal del pueblo: “nos dicen que ningún micro está bajando desde La Quiaca”, se desesperanzaban. La gran mayoría entiende y acompaña el reclamo en la provincia.
Frente a ese escenario, hubo vecinas y vecinos a quienes no les bastó sólo sostener la acusación contra el gobernador Gerardo Morales, sino que también decidieron ir contra quienes apoyaron la maniobra que impulsó el mandatario de JxC. Ingresaron una nota al Concejo Deliberante y a su intendenta, Karina Paniagua, pidiendo que se declare persona no grata a la asesora legal del gobierno local, Rosana Aldapi, que fue convencional constitucional constituyente, elegida por su pueblo y votó a favor de la reforma.
También solicitaron que el Concejo trate la renuncia de la presidenta del cuerpo Noelia Quispe, quien además es diputada provincial electa. “Exigimos la renuncia irrevocable (en ambos cargos) por ser cómplice de la violencia ejercida por el gobierno de Morales”, afirmaron.
El petitorio de vecinos y vecinas también incluyó una solicitud de que se realicen todas las gestiones necesarias “para que se hagan presentes las autoridades nacionales y así, mediar en el conflicto actual”. Además, exigieron que el gobierno municipal se pronuncie en contra de la nueva constitución y en contra de la represión sufrida en la provincia.
Desde las 14, pobladores y pobladoras empezaron a concentrarse en la plaza central, donde armaron el petitorio y pidieron la firma de cuanto vecino y vecina pudiera sumarse.
La vecina autoconvocada Cata Jerez contó a Salta/12 que la convocatoria se dio a raíz de la situación que está viviendo la provincia y que “nos duele a todes”. Por esa razón, es que se congregaron para “pedirle a la intendenta explicaciones de por qué su asesora legal (Rosana Aldapi) votó a favor de la Constitución”.
El pedido de explicaciones también se expresó el último domingo en medio del corte de la ruta nacional 9 a la altura del paraje San Roque. Allí, la jefa comunal fue increpada por pobladores cuando se acercó a dejar mercaderías para las familias que mantenían la medida de fuerza. “Ella explicó que no estaba al tanto de la situación y que no sabía que (Aldapi) iba a votar así”. “Entonces el pueblo empezó a presionar y pedir explicaciones” nuevamente ante la intendenta sumando a los legisladores locales, dijo Jerez.
Era tal el descontento que pasadas las 16, la jefa comunal les entregó una copia de la aceptación de la renuncia que le hizo su asesora legal (y convencional constituyente), presentada el 16 de junio. Más de 150 personas aceptaron las copias, pero también pidieron la renuncia de la propia Paniagua, quien ante los gritos de: “que renuncie, que renuncie”, decidió ingresar rápidamente al edificio municipal.
No obstante, la situación no se calmó allí y les siguió el turno a los concejales, a quienes le entregaron una copia del petitorio junto a las firmas de vecinos y vecinas. En esta oportunidad, adjuntaron otra solicitud: que el Concejo Deliberante sancione una ordenanza en la que se disponga que las personas que integren el gobierno municipal sean nacidas en el ejido municipal de Humahuaca. El pedido es un cuestionamiento directo a Rosana Aldapi y al contador municipal, que no son humahuaqueños.
La respuesta no tardó en llegar y pasadas las 19, cuatro de los seis concejales llamaron a una sesión extraordinaria, en la que sólo tratarían el tema de las personas a ocupar cargos en la gestión. El concejal Pablo Zamboni fue el encargado de leer el proyecto y consideró que era necesario que “profesionales residentes y nacidos en el ejido municipal sean quienes puedan brindar su trabajo” ya que aseguró que siendo del lugar “van a atender de mejor manera los intereses del pueblo”.
La solicitud fue aprobada de manera unánime por Zamboni, Alejandro Escobar y Roque Tarcaya, estando ausentes su presidenta, Noelia Quispe, y Daniel Abalos, señalados como afines al gobierno de Morales. En contacto con este medio, el edil Jordan Zerpa, que presidió la sesión, explicó que el resto de los puntos serán tratados en la sesión de labor parlamentaria pautada para hoy, y recién podrían ser tratados en la sesión ordinaria de este jueves.
“No se escucha la voz del pueblo”
Cata Jerez aseguró que lo que ocurre en Jujuy se debe a que funcionarios y legisladores “no escuchan la voz del pueblo”. “Si el pueblo te pide que no avances (en este caso con una Constitución), se debe respetar”, expresó. Aseguró que la no escucha ocasionó que hoy los pueblos indígenas tengan a un joven de 17 años sin un ojo y varias personas heridas y detenidas, tras la violenta represión del lunes 17 en las inmediaciones de la ruta nacional 9, a la altura del ingreso a Purmamarca.
“Estamos ante una reforma que no fue apoyada por el pueblo. Nosotros elegimos a nuestros representantes y debemos ser respetados”, insistió. En ese sentido, consideró que Morales debió haber llamado al diálogo pleno con las comunidades y “no generar esta violencia que hoy nos duele al pueblo jujeño”.
Jerez dijo que con la jura de la nueva Constitución los pueblos originarios sienten que sus territorios pueden ser vaciados y pierden el derecho a sus propiedades, ya que están con el “temor de que esas tierras sean explotadas con fines de lucro y que ese dinero no vaya para el pueblo”.
En esa misma línea, el periodista local de la productora independiente Sol del Norte, Tomás Mendoza, dijo a Salta/12 que la nueva norma provincial implica un avance a los recursos naturales de la provincia. Recordó que hace pocas semanas un grupo de policías se hizo presente en la zona de la comunidad Palca de Aparzo, donde se cree que hay minas de oro y plata. “Allí se produjo una manifestación en rechazo a cualquier avance al territorio”, relató.
Por su parte, uno de los referentes en el corte de San Roque, que prefirió no dar su nombre ante la persecución de parte del gobierno radical, dijo que siguen pidiendo la renuncia del gobernador y que la reforma de la Constitución “vuelva a cero”, dando lugar a una real participación de las comunidades. “Nosotros como comunidades queremos entrar en el proyecto de la nueva Constitución defendiendo los derechos que nos corresponden como pueblos originarios”, afirmó.
