La sesión extraordinaria en la que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja iba a decidir que medidas tomarían respecto al allanamiento ocurrido el viernes pasado en la Obra Social de la Universidad, fue postergada para este domingo.
Por un lado, el abogado de Marita Corzo, Emilio Pagotto, explicó que "hace 30 días la vicerrectora Corzo y presidenta de la obra social de la UNLaR denunció el presunto delito de usurpación de cargo; un elemento fundamental fue el libro de actas y la grabación de las reuniones que se realizaron, y ante la posibilidad de que las actas no coincidan se generó el allanamiento".
Por otra parte, la Secretaria Legal y Técnica de la UNLAR, Malvina Vilte, sostiene que "no es correcto lo que dice Pagotto. La organización interna de la universidad es muy específica. La obra social de la UNLAR está regida por una ley especial que determina la jurisdicción federal y tenemos muchos antecedentes en jurisprudencia que así lo demuestran. Además, el propio estatuto de la UNLAR que está refrendado por ordenanza del Consejo Superior, también determina la competencia federal", indicó.
Para Pagotto "los informes (de presuntas irregularidades para desplazar a Corzo) pertenecen a una síndica del Consejo Superior, que es de un sector político de la UNLaR; tiene intereses, y por su antigüedad puede quedar como vicerrectora", señala. Aduce que "si se hubieran detectado irregularidades en la OSUNLaR, el rector puede intervenir o disolver la comisión directiva. La señora Corzo no fue denunciada penalmente, con esto marco que hay un interés por detrás con respecto a todo esto. Corzo no fue notificada de ningún asunto, judicialmente y administrativamente no fue denunciada, no hay un sumario ni acción judicial. Desconocemos ninguna investigación, no fue notificada de nada pero fue sacada de su cargo en OSUNLaR".
En este marco SIDIUNLAR emitió un comunicado en representación de sus afiliados que son en pleno afiliados aportantes activos de OSUNLAR, solicitando a su síndica y al Rector de la UNLAR, que en sus carácter de funcionarios públicos "realicen ante la Justicia y a la brevedad la denuncia de las presuntas irregularidades que vienen poniendo en conocimiento ante el Consejo Superior de la UNLAR y por las que hasta el momento no hemos sido informados en nuestro carácter de titulares de la OSUNLAR según lo definido estatutariamente".
Por su parte, desde la Asociación de Trabajadores Universitarios Riojanos manifestaron su repudio y catalogaron de "violento e ilegal" el accionar de la Policía Provincial contra la OSUNLaR.
ATUR sostiene que la Obra Social de competencia Federal, por lo que considera que la intervención de Barría avasalla completamente la institucionalidad y la autonomía universitaria .
A este repudio se unió la Federación Argentina de los trabajadores de la Universidades Nacionales (FATUN), que también sostiene que “La fuerza Pública no puede ingresar a las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de JUEZ COMPETENTE o solicitud expresa de la universidad universitaria legítimamente constituida”.
Por otro lado el ex rector de la UNLaR, Fabián Calderón, no cuestionó el accionar de la Justicia provincial, sino que hizo foco en los desmanejos que se observan en la institución.
