El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presentó ayer su adhesión al pedido de medida cautelar contra el registro de trabajadores y abogados creado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). La vigencia del listado donde las aseguradoras debían reportar los juicios por accidentes o enfermedades laborales que enfrentan fue suspendida la semana pasada por el Juzgado Federal del Trabajo N°4. La magistrada Laura Cristina Castagnino otorgó la medida precautelar ante la solicitud del colectivo denominado Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio. 

La presentación realizada por el titular del Colegio Público de Abogados porteño, Jorge Rizzo, contra el decreto 760 del Ministerio de Trabajo advierte que el uso de los datos recolectados por el sistema equivale a la creación de “listas negras” para presionar a la Justicia. “El sólo hecho de que se propicie una ‘lista negra’ de abogados litigantes que solicitan la declaración judicial de inconstitucionalidad de una ley, retrae a esta parte, y a una inmensa mayoría de operadores judiciales y organizaciones de abogados relacionados con el ámbito del fuero laboral, a una época oscura de persecuciones y estigmatizaciones que todos creíamos habían quedado definitivamente en el pasado”, indica el escrito presentado ayer.

A comienzos de año el Gobierno de Mauricio Macri pretendió atacar la “litigiosidad” restableciendo la obligatoriedad de las comisiones médicas previo al inicio de una acción judicial. Para eludir esa la instancia y garantizar el acceso a la justicia de los trabajadores lesionados, los abogados defensores comenzaron a interponer planteos de inconstitucionalidad. “La SRT pretende erigirse en ‘comisario’ de los trabajadores y sus letrados defensores cuando el control debería hacerlo sobre las ART”, cuestión el Colegio Público de Abogados.