Patricia Bullrich no tuvo suerte durante la última semana del receso de los jueces: la Cámara Civil rechazó habilitar feria para analizar el reclamo contra la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) que dispuso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El IEES es la entidad que presidió hasta hace unos pocos meses la actual precandidata presidencial de Juntos por el Cambio y que, según la Inspección General de Justicia (IGJ), habría utilizado como fachada para financiar su campaña política. El organismo que dirige Ricardo Nissen también denunció que Bullrich y compañía cerraron por vacaciones el Instituto para evitar que pudiera tomar posesión del cargo la interventora.
El 12 de julio pasado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, dispuso la intervención del IEES por 180 días. En esa misma resolución, Soria designó a la contadora Norma Cristóbal como interventora. Hasta ahora, Cristóbal no pudo traspasar la puerta del tercer piso del edificio de Avenida de Mayo al 953.
La intervención se dispuso después de que la IGJ —que está a cargo de Nissen— denunciara que Bullrich usaba ese instituto, que debería ser una persona jurídica sin fines de lucro, para financiar acciones de proselitismo político. El año pasado, el IEES recaudó 85 millones de pesos. Cerca de 60 millones de pesos se consiguieron gracias a los almuerzos o cenas que organiza desde 2021 Bullrich.
Distintos medios, como El Cronista o Perfil, publicaron que Bullrich cobraba por almorzar con ella. Sin demasiado misterio, los diarios presentaban esta iniciativa como una forma de financiar su carrera hacia la Casa Rosada. En Pagina/12, Leandro Renou estimó que estos encuentros culinarios podían costar hasta 600.000 pesos el cubierto.
Frente a estas publicaciones, la IGJ abrió en diciembre pasado una investigación y en abril de este año reclamó que se interviniera porque el IEES no funcionaba para lo que había sido creado —que era la formación— sino como una estrategia para hacer caja para la dama de hierro de Juntos por el Cambio. El organismo que dirige Nissen sostuvo que el IEES se mueve al “compás de la campaña” de Bullrich.
La IGJ detectó, por ejemplo, que desde esta institución se financió un viaje a Miami en diciembre pasado para que Bullrich disertara contra el Grupo de Puebla, que, para entonces, tenía previsto hacer un acto en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner por la condena que había recibido en el juicio de “Vialidad”. También se pagaron pasajes de Bullrich a Salta, Bahía Blanca o Mendoza y se les abonó a distintas consultoras o expertos en comunicación, que improbablemente se encontraran trabajando en una plataforma para un instituto que se plantea investigar sobre temas de seguridad pública.
Después de que Soria dispusiera la intervención, Bullrich denunció que se trataba de una maniobra de persecución. Contó con el aval del expresidente Mauricio Macri y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El apoyo de Larreta fue una rareza, ya que con su rival interna no los une más que la vocación de tirarse con munición gruesa cada vez que pueden. En los últimos días, se dispararon con la evocación del gobierno de la Alianza y del diciembre sangriento de 2001 y con la muerte del médico René Favaloro.
La impugnación
Martín Siracusa ejerce actualmente como presidente del IEES. Fue él quien apeló la decisión del Ministerio de Justicia de intervenir el Instituto. Lo hizo con la abogada Silvina Martínez, exfuncionaria de la IGJ y actual columnista del canal La Nación Más. Según surge de las actas relevadas por la IGJ, Siracusa fue quien sugirió la metodología de los almuerzos. Durante el gobierno de Cambiemos, ejerció como subsecretario de Gestión Administrativa en el Ministerio de Seguridad que comandaba Bullrich.
La impugnación de Siracusa y Martínez se basa en los siguientes argumentos:
La intervención es parte de la persecución a Bullrich por ser una dirigente opositora;
Nissen es un militante kirchnerista;
El aumento exponencial de ingresos puede explicarse: entre 2016 y 2019, los integrantes del IEES estaban dedicados enteramente a la gestión pública y no podían dedicarse al instituto;
Bullrich no participó en la campaña de 2021 pero los ingresos del IEES mejoraron;
La decisión es política. Desde 2014, el Ministerio de Justicia no intervenía una entidad civil.
En Justicia hacen caso omiso a las acusaciones de persecución política o del supuesto carácter militante de los funcionarios. En la cartera contestan que en el período 2020-2023 dispusieron la intervención de tres asociaciones civiles, sin contar el IEES. Entre otras, intervino la Fundación Florencio Molina Campos, creada en 1969 para difundir la obra del pintor que recupera la tradición gauchesca, porque los papeles no estaban en regla.
Si bien es cierto que la exministra de Seguridad de Macri no fue candidata en las elecciones de medio término, en ese momento tomó envión para “jugar” en las elecciones presidenciales. El 3 de julio de 2021, Bullrich publicó en una carta abierta: "Por eso apuesto al 2023. Apuesto a llegar a cada hogar de nuestra Argentina y llevar una propuesta innovadora, que abracen con entusiasmo millones de ciudadanos, hartos y agobiados por lo que nos pasa como país”.
La negativa de la Cámara
Nada de esta discusión de fondo fue analizada por los tribunales. Nissen elevó el martes la apelación de Siracusa y Martínez. La Sala de Feria de la Cámara Civil –integrada por Ricardo Li Rosi, Juan Manuel Converset y Gastón Polo Olivera– rechazó la pretensión del grupo de Bullrich para que el tema fuera examinado durante la feria judicial. “Los motivos excepcionales y de urgencia que permiten habilitar la feria deben ser reales y objetivos, emanados de la propia naturaleza de la cuestión, y no de la premura que un asunto pueda tener para el interés particular del litigante ni de la sola demora que trae aparejada la paralización de la actividad judicial”, le contestaron los jueces.
En realidad, la premura no parecía ser tal porque el miércoles, la interventora Cristóbal se encontró —al llegar junto con un escribano— con una faja que anunciaba que el IEES estaba de vacaciones hasta el 31 de julio. Cristóbal había avisado por carta documento que se aprestaba a asumir su cargo como interventora. Para la IGJ, el gesto denota “la nula predisposición” para cumplir con lo que dispuso el Ministerio de Justicia y la intención de imposibilitar la investigación.
