Generar una estructura que tenga una mayor representatividad de las provincias y una mejor distribución de recursos en todo el país para descentralizar la producción audiovisual. Incorporar al Fondo de Fomento recursos generados por las plataformas de streaming, destinando a ese fin un 10% de lo que los abonados ya pagan de IVA. Ampliar y aplicar la “cuota de pantalla” a los servicios online, con un catálogo de producciones nacionales y la obligatoriedad de producir obras audiovisuales en el país. Destinar un 25% del fondo a proyectos generados en las provincias. Introducir la perspectiva de género, garantizando tanto la equidad como la diversidad cultural, creando un fondo específico para el fomento de producciones nacionales de directoras y diversidades. Esos son algunos de los lineamientos del proyecto de Ley Federal para la Producción y la Industria Audiovisual, que a fines del año pasado ingresó a la cámara baja, y que la comunidad cultural argentina espera a que sea tratado este año para impulsar la golpeada industria televisiva y cinematográfica nacional.

La industria audiovisual mundial atraviesa un momento de aceleradas transformaciones. La producción, exhibición y consumo audiovisual cambió. Los marcos regulatorios en ese ámbito están en permanente revisión, ampliación o actualización en la mayoría de los países del globo. En la Argentina, por las propias condiciones económicas y productivas, la adaptación de la legislación se vuelve imperiosa. Bajo esa idea, desde mediados de 2020 un grupo de entidades profesionales de directores y directoras, guionistas y productores y productoras se congregaron dentro del Espacio Audiovisual Nacional (EAN) para trabajar un proyecto de ley que brinde respuestas al paradigma tecnológico actual, encabezado por las plataformas, que no se encuentra contemplado ni en la Ley de Cine 17.741 de 1968 ni en la de 1994. La sumatoria de propuestas y consensos dio luz al proyecto de Ley Federal para la producción y la industria audiovisual, que el 22 de diciembre de 2022 fue presentado en la Cámara de Diputados por legisladores de distintas fuerzas políticas.

El texto trabajado por los integrantes del EAN -la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (APIMA), Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Proyecto Cine Independiente (PCI), Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), entre otros- se presentó como “una defensa y un impulso a la producción audiovisual argentina”, abordando “el federalismo y la equidad como pilares de representatividad y distribución de recursos”. Carlos Galettini, presidente de la DAC, no tiene dudas sobre la importancia de que el proyecto se convierta en ley. “Es la oportunidad de tener una industria nacional del audiovisual, que puede trascender al mundo, porque hoy el mercado no solamente son las salas cinematográficas sino que es el resto del mundo”, subraya el director.

¿En qué consiste el proyecto? Uno de los principales puntos del texto es el que introduce una legislación para las plataformas de streaming (OTT) y las nuevas tecnologías audiovisuales. El proyecto incorpora al Fondo de Fomento Cinematográfico recursos generados por las plataformas que operan en el país, sin crear un nuevo impuesto, sino reasignando parte de lo que ya se recauda por el cobro del IVA (21%) a los usuarios. La Reforma Impositiva aprobada por el Congreso en 2017 incluyó a la actividad comercial de las Plataformas Digitales en el Impuesto al Valor Agregado, pero no se destinó parte de esos recursos al Fondo de Fomento, cuando el mismo es generado por la comercialización de obras audiovisuales.

El proyecto estipula que -al igual de lo que pasa cuando se paga una entrada en las salas de cine- del 21% del IVA que los abonados a un servicio de streaming ya pagan, un 10% vaya directamente al Fondo de Fomento (hoy va la totalidad de lo recaudado al fisco). “No hay razón alguna que justifique que ese mismo criterio no se aplique cuando la comercialización de esas mismas obras audiovisuales se realiza mediante las plataformas digitales, cosa que sucede en la actualidad en perjuicio de nuestra producción”, se detalla entre los fundamentos del proyecto.

Atendiendo los cambios que se produjeron en los últimos años en el consumo y la exhibición de las obras audiovisuales, y siguiendo con las mismas reglas que amparan al cine y la TV, el proyecto de ley extiende en carácter de obligatoriedad la cuota de pantalla de producciones nacionales a las plataformas y a los nuevos medios que vendrán. “La evolución de las distintas formas de comunicación audiovisual requiere ampliar el concepto de cuota de pantalla, incorporando la obligatoriedad por parte de estos servicios, además de contar en su catálogo de programación con producciones nacionales, producir obras audiovisuales en el país, a los efectos de fomentar nuestra industria y nuestro trabajo, y difundir nuestra cultura”, se subraya en el texto.

El carácter federal del proyecto se observa tanto en la nueva estructura que propone para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) como en la distribución de los recursos del Fondo de Fomento para el financiamiento de obras audiovisuales. Al disponer la unificación del espectro audiovisual, la ley mantiene al INCAA como la entidad administrativa, pero reformando su estructura: a la presidencia actual le agrega un directorio integrado por profesionales del área audiovisual y delegados de las áreas culturales de todo el país, para asegurarle un contexto federal. Este directorio absorbe, sumando a las funciones gubernamentales, las responsabilidades que la ley actual le asigna el Consejo Asesor. Además, el proyecto propone la creación del Consejo Federal de Cine y las Artes Audiovisuales (CoFeCAA), “un organismo interjurisdiccional, de concertación, acuerdo y planificación, para asegurar la unidad y articulación federal de la política audiovisual nacional”.

Otro aspecto que el texto propone para federalizar la producción audiovisual es el referido a la manera en que el Fondo de Fomento debe distribuirse, estableciendo un criterio determinado para el otorgamiento de subsidios para la producción, distribución y exhibición de producciones audiovisuales nacionales, y la concesión de créditos industriales para equipamiento y afines. Así, el texto determina que el 25% de la disponibilidad del Fondo “se deberá destinar a financiar proyectos generados en las provincias”, en la búsqueda de descentralizar la producción y garantizar la diversidad cultural. Además, el principio federal trasciende el financiamiento, al determinar que las actividades que el INCAA realice en las provincias -desde la programación de sus salas de cine hasta la conducción de las escuelas- deberán estar a cargo de evidentes seleccionados por concursos.

Eso no es todo. El proyecto también fija un 10% del financiamiento total para fomentar el “cine y artes audiovisuales de bajo presupuesto, experimental o social, realizado por asociaciones civiles, cooperativas o personas humanas o jurídicas cuya forma o contenido fuere experimental, antropológico, de defensa del medio ambiente, de la igualdad de género o la autodeterminación de la identidad sexual, de las minorías, de la integración y promoción de las personas con capacidades diferentes, de los sectores socialmente excluidos, de los movimientos sociales, comunidades indígenas u otras minorías”.

La denominada Ley Federal Audiovisual ingresó a fines de 2022 como proyecto a la Cámara de Diputados apoyado por legisladores de diversas fuerzas políticas. La diputada por La Rioja Gabriela Pedrali presentó el proyecto junto a Mónica Litza y Margarita Stolbizer (Buenos Aires); Graciela Parola (Formosa); Carolina Moises, Jorge Rizzotti y Gustavo Bouhid (Jujuy); Silvana Ginocchio (Catamarca); Juan Manuel Pedrini (Chaco) y Pamela Calletti (Salta). Además, los diputados Sergio Casas y Ricardo Herrera (La Rioja); Carolina Gaillard (Entre Ríos); Anahi Costa (Catamarca); Ana Caliva y Lucas Godoy (Salta); María Luisa Montoto (Santiago del Estero); Nely Daldovo (Formosa); Fabiola Aubone (San Juan); Liliana Paponet (Mendoza), y Natalia Souto (Buenos Aires) apoyaron el proyecto que espera convertirse en ley lo antes posible para impulsar la industria audiovisual argentina.