Serán juzgados responsables del Estado terrorista por los delitos de: privación ilegítima de libertad, torturas, asociación ilícita y homicidios cometidos contra el movimiento obrero, que gestó la última gran huelga clasista del SXX en Villa Constitución y su cordón de empresas metalúrgicas, absorbidas luego por ACINDAR SA. A 20 años de la derogación de las leyes de impunidad y como corolario de un año plagado de movilizaciones exigiendo el inicio del juicio del Villazo, el Tribunal Oral N° 1 de Rosario integrado por German Sutter Schneider, Ricardo Moises Vazquez y Otmar Paulucci, ha fijado el día 13 de noviembre a las 10, como fecha para dar inicio al debate oral y público. Un gran paso para desandar la impunidad del genocidio sufrido en Villa Constitución y un juicio que tendrá características únicas en nuestra región.

Esta causa es impulsada por la Querella de APDH Rosario, que además de representar a la organización en el juicio, lo hará en representación de quienes encabezaron la lucha en los años del Villazo, los ex trabajadores metalúrgicos y también en relación a familiares de víctimas que fueron asesinadas por el accionar genocida. Son los y las protagonistas quienes han impulsado esta gran lucha por Memoria, que han dado la batalla para que el juicio se hiciera en la Provincia de Santa Fe y no em Buenos Aires y quienes nos han dado el honor de representarles.

En el debate se ventilarán delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita, pero esta vez los autores no serán sólo los integrantes de la fuerzas de seguridad.

Se juzgará a civiles que pertenecieron a la estructura de la fábrica ACINDAR. Tendremos la oportunidad de llevar, por primera vez en nuestra región, ante un tribunal de justicia a una parte de los civiles responsables, parte de la empresa que resultó gran beneficiaria de las políticas económicas que impuso el terrorismo de estado.

Se juzgará una parte de la historia de un gobierno constitucional. A diferencia de otras causas en las que se ventilan hechos ocurridos durante la última dictadura eclesiástico - cívico militar, aquí se juzgarán delitos ocurridos en 1975 y 1976, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Se juzgarán hechos ocurridos en una ciudad histórica para el movimiento obrero, Villa Constitución. Allí se erigió una clase obrera brillante que luchó por un mundo mejor y que llegó a su apogeo máximo con las históricas jornadas de tomas de fábrica y resistencia que dieron lugar al heroico Villazo.

Un histórico triunfo de los obreros metalúrgicos, que nucleados en la lista marrón y apoyados por todo el pueblo de la ciudad, en el año 1974 lograron derrotar a la burocracia sindical y a la empresa ACINDAR.

Allí se forjó uno de los momentos épicos de la historia de la clase obrera de América Latina, obteniendo el derecho a elecciones libres, base de toda democracia sindical.

Un movimiento que era ejemplo de lucha y resistencia en todo el país y que por ello fue brutalmente reprimido un año después (1975), en el llamado “operativo serpiente roja del Paraná”, iniciando el genocidio en nuestro país y utilizando a Villa Constitución como prueba piloto y ensayo de lo que luego de expandiría a todo el país a partir del Golpe de Estado.

El despliegue genocida fue ejecutado por el Gobierno Nacional de María Estela Martínez de Perón, que contó con la participación de la fábrica ACINDAR -donde se montó un Centro Clandestino de Detención- y con la burocracia sindical de la UOM Nacional.

24 son los genocidas que se sentarán en el banquillo de los acusados: - 2 civiles pertenecientes a la Fábrica ACINDAR: Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo. Dos ex miembros del Ejército Argentino: Federico Bossié y Bernardo Luis Landa. Un ex miembro de la Prefectura Naval Argentina Carlos Luis Albareda. Y 19 Ex miembros de la Policía Federal Argentina Roberto Raúl Squiro, Oscar Alberto Vessicchio, Juan Carlos Faccendini, Emilio Hugo Marciniszyn, Leonardo Dec, Aldo Ramón Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdés, Carmen Amanda Grossoli de Hellaid, Ricardo Antonio Burguburu, Juan Carlos Romero, Osvaldo Esteban Petroli, Jorge Argentino Coronel, Eduardo Mugica, Horacio Miguel Nardi, Juan de Jesús Martínez, Jorge Aníbal Lozano Windus, Oscar Roberto Giai y Roberto Álvarez.

Las víctimas de la causa son 69 personas, entre ellos, trabajadores fabriles, militantes sindicales, políticos y vecinos de la ciudad que apoyaban la lucha de los obreros metalúrgicos de la lista marrón.

 

Otra gran noticia, es que, luego de un dictado de falta de mérito y de transitar 2 años de vías recursivas, se logró incorporar los homicidios de Jorge Ramón Chaparro, Julio Palacios, Concepción De Grandis, Carlos Alberto Ruescas, Jorge Raúl Andino, Carlos Antonio Tonzo, Pedro Antonio Reche, Miguel Ángel Lobotti, Rodolfo Mancini, Adelaido Viribay y Juan Ponce de Leon, para ser juzgados en el debate oral y público.