“Yo estoy muy esperanzada para poder tener mi propia casa porque vivo en lo de mi mamá y tengo cuatro hijos adolescentes que necesitan su espacio”, dice Yésica cuando se le pregunta qué expectativas tiene tras inscribirse en el Registro Único de Solicitantes de Lotes (RUS). En ese mismo terreno han ido construyendo sus cinco hermanos, todos ellos viven allí con sus familias. El de Yésica es un caso que se repite y para el que RUS podría ser la herramienta de cambio clave. Como Yésica, en sólo dos días más de 100 mil personas de todo el país, según el Renabap, se anotaron en este registro lanzado el jueves por el Gobierno, que busca resolver la emergencia habitacional con una escala federal. Y que incorpora como aspecto novedoso la posibilidad de acceder a lotes rurales para la producción a pequeña escala.
Se trata de un intento del Estado de planificar el acceso al suelo, en un estado de cosas en el que cada vez menos familias argentinas son las que tienen alguna posibilidad de elegir dónde vivir. Los términos del mercado son mayormente excluyentes y los barrios populares crecen año a año, dando asilo a trabajadores y trabajadoras de cooperativas de los sectores populares, que también suelen quedar fuera de las políticas y programas habitacionales propuestos por el Gobierno, como el Procrear.
Los que sueñan dignidad
Yésica trabaja en un puesto de empanadas que tiene al costado de la ruta y cobra el Potenciar Trabajo. Vive en el barrio La Loma, en González Catán. Para Yamila, del barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora, “acceder a un terreno es una cuestión de seguridad, porque el barrio donde vivo con mis hijos luego de que me separé de mi ex marido es inseguro”. En la opción del RUS, marcó que quiere quedarse en la provincia de Buenos Aires pero que, llegado el caso, podría mudarse de ciudad. El sueño del techo propio es un cambio tan imperioso que justifica cambios mayores en la planificación familiar.
Mariela se anotó en el RUS porque actualmente vive en el terreno de sus padres ya fallecidos en González Catán, junto con otras cuatro familias. Es sostén de hogar, trabaja en una cooperativa y hace guardias en el cuidado de adultos mayores. Dice que quiere edificar y tener un hogar cómodo para sus hijos, pero que "no hay lugar”. Para acceder a un pequeño terreno en el que comenzar su proyecto de vida necesita la ayuda estatal.
“Quiero tener una casa para mi hijo y para mí, tengo un hijo de 15 años que tiene una pequeña discapacidad motora y ya no quiero vivir en casa de mis padres. Pero un alquiler está muy caro, imposible. Quiero tener un espacio para nosotros que sea en La Matanza, donde actualmente vivo, y que mañana le quede para mi hijo", dice Romina, de 28 años. No se buscan comodidades, tampoco un barrio determinado ni una orientación geográfica preferencial. Sólo lotes con lo mínimo indispensable para proyectar vivir en condiciones dignas.
Tierras ociosas
“Los barrios populares albergan hasta cuatro generaciones de una familia en un mismo terreno”, cuenta Violeta Pastoriza de la secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), que encabeza Fernanda Miño en el Ministerio de Desarrollo Social. “Nosotros venimos trabajando primero desde el Renabap (que es el relevamiento de barrios populares que habilitó el otorgamiento de un certificado de vivienda para las familias) y luego con la integración sociourbana de esos barrios, dado que la mayoría tiene importantes deficiencias de servicios y carecen de titularidad, pero es preciso avanzar en una política preventiva para la creación de nuevos barrios”, agrega. De otra forma, el fenómeno de toma de tierras, que responde a la emergencia habitacional que sufren miles de familias, no dejará de existir.
“La SISU desarrolló algunas líneas de acceso al suelo, como Lote.ar y el programa Arcas, que se gestionan con los municipios, provincias y movimientos sociales. Pero no existía todavía una coordinación a nivel nacional de esta política y tampoco una línea para que las personas individualmente soliciten el acceso a lotes, lo cual permite que sea un política más masiva, transparente y federal”, sostiene Pastoriza.
El RUS forma parte de la órbita de la SISU y sigue la impronta de trabajo del MTE de Juan Grabois. Será el primer registro nacional de demanda de lotes con servicios para vivir y producir a pequeña escala. Se busca identificar la demanda familiar de suelo para “la creación de cuatro millones de nuevos lotes destinados a sectores populares en los próximos cuatro años”, afirmó Sergio Massa el día de su anuncio. “El Estado Nacional tiene un montón de tierras ociosas a lo largo y a lo ancho del país, hoy propiedad de la AABE”, informó el ministro. La idea es coordinar tareas para dotar esos terrenos de servicios básicos y poder lotear.
El Estado se encargará de la nivelación del suelo, trazado de calles, terrenos y veredas, e incorporación de los servicios como agua potable y luz eléctrica. Si esa tarea la ejecuta el mercado, se excluyen a miles de familias que hoy trabajan en el sector popular.
Acceso a tierras rurales
El RUS habilitó un aspecto novedoso que es la inscripción para solicitar lotes rurales para producción a pequeña escala. En ese sentido, la SISU viene trabajando en un relevamiento más reciente que se llama ReNaZePa, de zonas estratégicas para la producción de alimentos, orientado principalmente a productores hortícolas de pequeña escala, o sea menos de 10 hectáreas.
“La mayoría de esos productores son arrendatarios: alquilan los terrenos en los que producen, y por el avance de los countries o de los mismos loteos o la promoción de otros cultivos como la soja, esas tierras están cada vez más caras, lo cual amaneza a la producción y la desplaza hacia zonas más alejadas. Así encarecen los costos de logística de las frutas y verduras que se venden a poblaciones urbanas”, aclara Violeta Pastoriza.
“Tiene que haber una protección de las zonas periurbanas, llamadas cinturones verdes (el más conocido y grande es el cinturón hortícola de La Plata) que son zonas que no deben cambiar de condición ni urbanizarse. Y los productores deberían poder comprar esas tierras ya sea en cuotas o sistemas de loteos, por ejemplo”, agrega. Es la única forma de frenar el encarecimiento de los alimentos y formalizar los sistemas de comercialización.
“Yo estoy estudiando una tecnicatura en agroecología y hacer mi trabajo en la cooperativa, en mi propio terreno, sería un sueño”, dice Antonia, de Misiones, que reconoce que desarrollar una producción agroecológica de alimentos sin tener un terreno propio es prácticamente imposible. Además defiende su producción porque es sustentable para el medio ambiente.
A través de este tipo de programas, el Estado busca contrapesar una lógica de rentabilidad inmobiliaria que segrega en lugar de incluir. Desplaza a productores hortícolas y familias para darle prioridad a desarrollos privados que ofrecen soluciones a un selecto grupo enriquecido de la sociedad. Y se perjudica la mayoría. Dado que existen tierras fiscales ociosas, es bienvenido que se reasignen siguiendo una mirada social, que permita formalizar el acceso a las tierras y brindar seguridad a un mayor número de familias.
