Marcos Levin fue el primer empresario llevado a juicio por su participación activa en la represión de la última dictadura, y ahora podría convertirse también en el primero en recibir dos condenas. El Tribunal Oral Federal 1 de Salta comenzó a juzgarlo por el secuestro y la tortura de 17 trabajadores de La Veloz del Norte, la empresa de la que fue propietario. Al juicio también llegaron procesados su mano derecha y exjefe de personal de la firma, José Antonio Grueso, y el comisario Víctor Hugo Almirón, exjefe de la Comisaría Cuarta de Salta. Además de las lecturas de los cargos, la primera jornada contó con el testimonio como testigos de víctimas y familiares, que remarcaron la participación empresaria en los crímenes de lesa humanidad en esa provincia.

El primero en brindar su testimonio fue Víctor Manuel Cobos, quien relató las circunstancias en las que fue detenido ilegalmente en enero de 1977. Cobos contó que era conductor de larga distancia de los coches de La Veloz del Norte, además de desempeñarse como delegado en la empresa y en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Salta, y reveló que fue secuestrado con la excusa de una supuesta defraudación a la firma, denunciada por el propio Levin, en medio de un reclamo gremial por aumentos de sueldo. Pasó varios meses junto al resto de sus compañeros en la Comisaría cuarta, donde fue torturado e interrogado sobre su militancia gremial y política.

Luego fue el turno de su hermana, Cristina Cobos. "La cúpula empresarial se benefició de manera importante con la política económica que implantó la dictadura militar y además participó activamente en la tortura y el secuestro de los obreros, trabajadores y militantes políticos y de empresarios que estaban en otros sectores", dijo. "En la Argentina hay 30.000 compañeros detenidos desaparecidos por la complicidad de las cúpulas empresariales y militares", agregó la testigo. La audiencia se completó con los testimonios de Víctor Segovia y Carmen Rosa Juárez, y pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes. Tanto Levin --que goza de prisión domiciliaria-- como Grueso y Almirón los escucharon vía videoconferencia.

La querella sostiene que Levin se valió de la estructura represiva del Estado para controlar los reclamos gremiales en la empresa que manejaba. Luego de realizar tareas de inteligencia interna para detectar a los trabajadores más involucrados, presentó una denuncia penal acusando a Víctor Cobos y a sus compañeros de un supuesto "fraude", que nunca fue probado. El objetivo era darle una cobertura legal a la represión. 

A esa denuncia le siguieron allanamientos y secuestros, realizados en los hogares y los lugares de trabajo de los empleados, algunos de ellos incluso durante el recorrido que realizaban los colectivos. Las detenciones se dieron en la Comisaría Cuarta y en el Penal de “Villa Las Rosas”. Muchos testimonios en el marco del primer juicio relatan que tanto Levin como Grueso, su jefe de personal, estaban presentes en la comisaría mientras eran torturados. También se probó que la firma confeccionó listas negras con el nombre de los trabajadores a detener por las fuerzas armadas, y que aportó la estructura de la empresa para detenerlos y trasladarlos. 

La Veloz del Norte II

El que comenzó este martes es el segundo juicio oral que afronta Levin por delitos de lesa humanidad. En el primero fue condenado a 12 años y se convirtió en uno de los procesos emblemáticos sobre la responsabilidad empresaria en la represión ilegal de la última dictadura militar.

Aquel fallo de 2016 que condenó a Levin y también a los ex represores Víctor Hugo Bocos, Víctor Hugo Almirón y Hugo Enrique Cardozo fue apelado, y un año después la Cámara Nacional de Casación Penal anuló la condena, lo que provocó el repudio de los organismos de derechos humanos, que lograron llevar el caso a la Corte. Los Supremos revirtieron esa decisión el año pasado, y devolvió la causa para que se dicte una nueva sentencia. La pelea contra la impunidad sigue abierta.