Por primera vez en la historia de Catamarca, provincia que en su Constitución protege aún el culto Católico Apostólico Romano, diputados y diputadas recibieron a sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico y se comprometieron a ayudarles. Desde la RED de sobrevivientes, Alejandra Carrizo señaló que lo que buscan es igualdad de protección como ciudadanos. “Algunas de las víctimas no tienen para comprar los medicamentos psiquiátricos”, contó acerca de esta realidad de salud mental.
La RED de Sobrevivientes de abusos eclesiásticos había pedido hace más de 15 días una reunión con el gobernador Raúl Jalil, a quien enviaron una carta, pero no recibieron respuesta. Es por esto que decidieron apelar a la Legislatura, donde fueron recibidos finalmente ayer por algunos de los diputados. Ahí entregaron un petitorio y un documento.
“Hasta dónde llega la protección al culto católico”
La primera solicitud del petitorio fue que se consideren los abusos eclesiásticos como crímenes de lesa humanidad, lo que implicaría que estos graves delitos serían imprescriptibles, aunque se aclaró que este tema es de competencia Federal. Ademas se solicitó establecer una protección real y concreta a las víctimas y sobrevivientes de abusos eclesiásticos en Catamarca mediante la creación de un programa de ayuda económica y asistencia integral. El tercer punto hace referencia a la participación activa en una reforma de la Constitución provincial, específicamente en relación al artículo 4, que establece la protección del Culto Católico Apostólico Romano por parte del Gobierno de la Provincia.
“Agradecemos el recibimiento. Nos dijeron que van a trabajar sobre el punto dos del petitorio. Acordamos la creación de un programa de contención integral. Para nosotros esto es lo justo, así veríamos igualdad de protección. Queremos igualdad de protección como la Iglesia”, señaló Carrizo a Catamarca/12.
“Algunos sobrevivientes no tienen ni para comprar los medicamentos para su tratamiento psiquiátrico. Fue una reunión con un impacto emocional fuerte para quienes estuvimos escuchándolos”, dijo.
En radio Ancasti, el Gobernador habló sobre el tema y señaló: “Todos los casos se tienen que investigar. Sea de un cura, un policía, un político, lo que sea. La Justicia viene trabajando bien en estos casos, creo que es un tema que se tiene que resolver tal vez con un poquito más de celeridad, pero se tienen que resolver en el ámbito que se tiene que resolver, que es el Poder Judicial”, indicó Jalil.
Desde la Red, Carrizo consideró que la respuesta del máximo mandatario fue tibia. “Nosotros tenemos claro que tenemos que ir a la Justicia. Lo que queremos es la igualdad esa que refiere el Gobernador cuando dice que hay que juzgarlos a todos, policías, curas etcétera. Pero en el caso de los curas es pura mentira. Es eso no se da. Nosotros lo vemos en nuestras causas. ¿O se vio alguna vez un cura en prisión preventiva? Es un peligro que sigan por las calles con la posibilidad de que puedan huir a otro país".
En este sentido, también recordó que en el caso de su hija, el sacerdote condenado Juan de Dios Gutiérrez la persiguió y la buscaba mientras gozaba de libertad pese a estar imputado por un gravísimo hecho que le valió luego la condena de 12 años de prisión.
Opinión
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, valoró la importancia de este primer contacto institucional y la necesidad apremiante de brindar apoyo a las víctimas y sobrevivientes de abusos eclesiásticos. Contó que en la reunión “han planteado algo que todos conocemos, y es fundamentalmente la necesidad de acompañamiento a las víctimas de los sobrevivientes de abusos eclesiásticos, la necesidad de que quienes han sido los perpetradores de esos abusos sean llevados a juicio, que los juicios no sean obstaculizados para dilatarlos indefinidamente, que no se invoquen más las cuestiones de la prescripción de la acción penal, que la jerarquía de Iglesia Católica deje de usar sus influencias y su poder para tratar de evitar que la justicia actúe y que las y los sobrevivientes puedan tener finalmente la tranquilidad de que, al menos, la justicia de los hombres actúe y aplique todo el castigo que la Ley exige para estos casos de son delitos aberrantes".
En cuanto a los alcances del encuentro, comentó que se procurará avanzar con un acompañamiento más intenso a la lucha que llevan adelante las víctimas de abusos eclesiásticos, “pero también vamos a trabajar en materia legislativa, que una vez que estén tomando forma, serán abordadas con la Red de Sobrevivientes y los abogados que trabajan con las y los sobrevivientes, para avanzar rápidamente en las modificaciones que sean necesarias”. En este sentido indicó que “hay algunos privilegios que emergen de algunas normas jurídicas que hay que remover también y que protegen de algún modo a algunos miembros del clero".
Al respecto, la diputada Adriana Díaz, quien también participó de la reunión señaló: “Hemos contribuido a dimensionar y visibilizar la problemática del abuso eclesiástico y sus consecuencias”.
“Los abusadores deben responder en los estrados judiciales como cualquier ciudadano. Sin privilegios. No es posible que la jerarquías de la institución protejan, directa o indirectamente, pedófilos a través de respuestas corporativas, que no actúen con urgencia y transparencia frente al delito denunciado”.
“La pedofilia es un delito. El silencio, la complicidad, el encubrimiento, el mirar a otro lado, el abandono de las niñas, niños y adolescentes abusadas, son responsabilidad del Estado en sus tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Porque las víctimas son ciudadano/as que están o estuvieron en una situación de vulnerabilidad, bajo el poder de un manipulador. Ante esto, el Estado tiene que actuar. El proceso que atraviesan las víctimas es muy complejo; su aberrante experiencia sucede en un espacio sectario, en soledad, con miedo, con vergüenza, en medio de la confusión y poder ver con claridad que estuvo bajo la fuerte manipulación de alguien que delinquió, no es fácil ni rápido, y muchas víctimas mueren sin poder discernirlo o la hacen después de decenas de años”, concluyó.
Actualmente la provincia de Catamarca es que mayor cantidad de sacerdotes denunciados por abusos sexual tiene en el país. Sólo fue condenado Juan de Dios Gutiérrez a 12 años de prisón. Pero, esperan su turno Renato Rasguido denunciando en 2013 y cuyo juicio se realizará en diciembre y Eduardo López Márquez, acusado por dos sobrevivientes. Mientras tanto fallecieron en 2021, Moises Pachado y Pablo Batallán.
