La jueza Ana María Figueroa, apartada de su cargo por la Corte Suprema, reclamó al Consejo de la Magistratura que disponga su "inmediata asunción" en la Cámara Federal, así como el pago de su salario y el acceso al sistema informático judicial, en cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que la puso en funciones a principios de mes, luego de que el Senado aprobara su pliego.
Figueroa recordó que ya cumplió el trámite constitucional que la habilitó a permanecer cinco años más en funciones, pero que ese derecho "ha sido turbado de facto por una simple resolución administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
La jueza fue desplazada por el máximo tribunal judical el pasado 6 septiembre alegando que Figueroa había cumplido los setenta y cinco años de edad el 9 de agosto y que, a esa fecha, "no se ha completado el trámite constitucional" para prorrogar su cargo en la Cámara. En verdad, el asunto estaba en manos del Congreso de la Nación, que no se había expedido.
Una vez que la jueza obtuvo el acuerdo del Senado para su continuidad, el Poder Ejecutivo publicó el 3 de octubre pasado el decreto que nombró, a partir del 9 de agosto, nuevamente a Figueroa en la Cámara Federal.
En atención a estos hechos, Figueroa dirigió una nota a la presidenta de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, la consejera por los abogados María Fernanda Vázquez, reclamándole la "inmediata ejecución del decreto del PEN" y su restitución en la Cámara Federal.
