Con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Haciendo, Alfonso Prat Gay, el Ejecutivo modificó el decreto reglamentario de la Ley de Blanqueo para permitir que los familiares directos de los funcionarios públicos pueden incorporarse al "sinceramiento fiscal" en el caso de que acrediten que poseían los bienes, no declarados, de forma previa a que el funcionario público con el que mantienen relación parental haya asumido el cargo.
La exclusión de los familiares de funcionarios públicos --de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo-- fue una de las modificaciones que Cambiemos tuvo que aceptar a pedido de los bloques opositores para conseguir la aprobación de la ley ómnibus, que emparentó el blanqueo de capitales con la "reparación" a los jubilados.
La prohibición regía para cónyuges, padres e hijos menores enmancipados de los funcionarios públicos, que hayan ingresado a la función pública desde el 1° de enero de 2010, pero ahora quienes pueden comprobar que poseían esos bienes ocultas anteriormente, podrán sumarse al blanqueo.
En el decreto firmado por Macri argumenta que "la experiencia recogida desde la sanción de la Ley 27.260 y el dictado de su Decreto Reglamentario 895 de fecha 27 de julio de 2016, aconseja efectuar ciertas precisiones que, respetando el espíritu de la normativa en cuestión, garanticen su mejor aplicación y la concurrencia de aquellos contribuyentes que deseen dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo, posibilitando la adecuada utilización de los beneficios acordados por dicho régimen".
Y agrega: "Que para ello resulta imprescindible aclarar el alcance del aludido cuerpo normativo a los efectos de evitar interpretaciones que afecten la finalidad perseguida con su dictado".
