Un total de 62 personas afiliadas al Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPSS) en Orán sumaron sus adhesiones a amparo colectivo iniciado por dos abogados de ese departamento en representación de otras personas afiliadas. 

Los presentantes eran en principio 26 personas, pero entre el lunes y martes de la semana última se sumaron más de 60 adhesiones tras la convocatoria realizada por la jueza de Primera Instancia de Personas y Familia de Orán, Ana María Carriquiry. Con ello, suman 88 las personas afiliadas que reclaman que sea les otorgue la cobertura total a los tratamientos para la discapacidad.

Para este lunesa, a las 9, está prevista una audiencia en el Poder Judicial de Orán, ciudad cabecera del departamento del mismo nombre.

Desde el juzgado se indicó que las 62 presentaciones nuevas serán analizadas una a una para comprobar que cumplan con los recaudos formales requeridos para su aprobación e incorporación en calidad de adherentes al reclamo instado a través del amparo. 

El miércoles último se realizó una inspección ocular al Centro de Rehabilitación “CAERUS”, de la ciudad de Orán, con la presencia de la fiscal Civil, Comercial y del Trabajo, Marcela de los Ángeles Fernández, y la abogada y el abogado de los amparistas, Luciana Torres Genes y Diego Marcelo Quintana.

Las autoridades del establecimiento acompañaron el recorrido por el Centro de Rehabilitación, y explicaron su funcionamiento. Según se indicó oficialmente, desde el juzgado se constataron “los equipamientos y acondicionamientos de las instalaciones, como así el recurso humano interdisciplinario con el que cuentan para abordar las diversas patologías que se abordan en la entidad".

Torres Genes y Quintana sostuvieron en el amparo que si bien el Centro oranense da cobertura a los tratamientos, la obra social provincial “solo cubre un porcentaje de entre el 60 y el 70 por ciento, siendo que los demás gastos, erogaciones y cualquier otro emolumento que demande la rehabilitación de los menores (de edad)” son soportados por madres o padres.

Para buscar profesionales y evitar el pago por parte de quienes se tratan es necesario que las personas con discapacidad se trasladen por lo menos 300 kilómetros (la distancia entre Orán y Salta Capital) para encontrar a especialistas que traten sus dolencias. Ello implica también que las personas que les acompañan deban acomodar sus horarios laborales y familiares para hacer estos viajes. 

Esto involucra también afrontar costos “que, en definitiva, y en atención a la especial situación económica del país, resultan imposibles sostener en el tiempo”, indicaron en el amparo. En algunos casos esta dificultad provoca que infancias con discapacidad deban suspender o no realizar directamente sus tratamientos médicos, lo cual “provoca empeoramiento o detrimentos en los estados de salud”.

En el amparo se reclama el pago o reconocimiento integral de rehabilitación desde el inicio del tratamiento de cada niño y niña, a partir de marzo de este año, y que tengan la posibilidad de elegir el instituto de atención interdisciplinaria integral de Orán, intención que “no obedece a un capricho, sino a una necesidad”.