Una jueza de La Plata tendrá que decidir si Julio Marcelo Conte Grand, hombre afín al Opus Dei, hasta ahora secretario Legal y Técnico de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y antes procurador de la Ciudad de Buenos Aires, puede aspirar al cargo de Procurador General en la provincia de Buenos Aires, tal como pretende Cambiemos, teniendo en cuenta que no cumpliría con los dos años de residencia inmediata en territorio provincial exigidos por la Constitución local para quienes integran su sistema de justicia. La controversia surgió a partir de un planteo judicial del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), la misma organización que consiguió frenar el tarifazo del gas. En nombre de un grupo de abogados, reclamó una declaración de certeza para saber si puede seguir o no el proceso de designación. Es posible que haga otra presentación y que cuestione la falta de independencia mínima del candidato, que viene de ser funcionario del partido gobernante.
El procurador de la provincia de Buenos Aires es el jefe de todos los fiscales y también de los defensores, lo que implica que tiene en sus manos buena parte de la aplicación de la política criminal en la jurisdicción más amplia, poblada y conflictiva del país. Es como el cargo de Alejandra Gils Carbó, sólo que a nivel nacional el Ministerio Público de la Defensa está escindido del Ministerio Público Fiscal.
“Es llamativo que el oficialismo que tanto cuestiona a Gils Carbó, quien no tuvo cargos políticos antes de ser procuradora, quiera nombrar a un procurador en la provincia al que saca directamente del ámbito del Poder Ejecutivo”, le dijo a PáginaI12 el abogado Pedro Sisti, del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad. Conte Grand trabaja cerca de Vidal desde hace tiempo: cuando ella era vicejefa del gobierno porteño, él era procurador, cargo que en este caso implica la custodia de los intereses de la Ciudad de Buenos Aires (la estructura de los fiscales depende de un fiscal general, que fue el actual ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano).
La presentación judicial del Cepis recuerda que Conte Grand vive en Capital, sobre la Avenida Coronel Díaz, donde incluso hace poco organizó una cena en la que se juntaron Vidal y Elisa Carrió, después de los coletazos de las ásperas discusiones por la designación de Pablo Bressi en la Policía bonaerense. La escena dice dos cosas: una, que Conte Grand funciona como quien tiende puentes entre los macristas y la líder de la Coalición Cívica (ya habían tenido una comida a mitad de año convocada por Carrió, en Exaltación de la Cruz); la otra, que mantendría domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el punto de vista formal, eso es lo que se le cuestiona. Porque la Constitución bonaerense prevé en el artículo 181 que quienes ingresan al Poder Judicial tienen que tener dos años de residencia en la provincia, como mínimo.
La procuradora saliente, María del Carmen Falbo, presentó su renuncia a mitad de noviembre. Vidal esperaba ese momento para postular a Conte Grand. Por lo pronto, la jueza que interviene, María Ventura Martínez, pidió al Poder Ejecutivo local –con un plazo de quince días– el expediente y toda la documentación relacionada con la candidatura de Conte Grand para ser procurador, para lo cual le basta con mayoría absoluta del Senado bonaerense. En rigor, la ONG también reclama que se haga una audiencia pública para hacer preguntas y plantear impugnaciones y/o avales, como a nivel nacional, algo que no está claro aún si sucederá.
Conte Grande es sobrino de Gerardo Conte Grand, el dirigente peronista sanjuanino que se pasó a la Coalición Cívica con Carrió. El aspirante a procurador fue director de Publicidad Sarmiento, una empresa que quedó implicada en la licitación irregular del mobiliario urbano cuando Mauricio Macri gobernaba la Ciudad de Buenos Aires. En los 90 trabajó cerca del ex ministro del Interior Carlos Corach, y también en la municipalidad porteña, con Carlos Grosso. Cuando fue postulado para procurador porteño, de la mano de José Torello –actual jefe de asesores del gabinete de Macri– fue impugnado por su postura contraria al matrimonio igualitario, la identidad de género y el aborto no punible. De hecho, luego como procurador porteño trabajó para frenar la aplicación del protocolo de abortos no punibles que se adecuaba al fallo de la Corte Suprema que estableció los alcances del aborto legal (incluyó los casos de violación) y fue un funcionario soporte de Vidal ante situaciones como, por ejemplo, la represión policial en el Hospital Borda.