Los llaman “rotos”. Se rompen la salud en las fábricas por lesiones o accidentes laborales. Luego de cumplida la licencia médica, quedan en un limbo legal que las empresas denominan “reserva de puesto” sin goce de sueldo y en lugar de asignarles tareas livianas al año les envían el telegrama de despido. El fenómeno ocurre en importantes firmas del cordón industrial de zona norte, entre ellas Fate, donde los “rotos” serían unos trescientos. Uno de ellos, Marcelo Andrade, logró el primer fallo que ordena a la fábrica de neumáticos reinstalarlo en su puesto. “No podía levantar a mi hija, me desmayaba, mi compañera se ponía mal, pero estoy feliz porque volví a trabajar y me siento útil”, dijo Andrade a PáginaI12. Y contó que algunos de sus compañeros se preparan legalmente para no resignarse a ser descartados del mercado, mientras otros que están en la misma situación son despedidos, como José Gauna, con 30 años de antigüedad y la salud destrozada.

En Fate trabajan unas 2000 personas en tres turnos de 400 operarios (el resto son tercerizados), siete días de corrido con dos de descanso. “No hacemos lamparitas, manejamos materiales pesados, y te apuran, antes en ocho horas hacíamos 110 cubiertas pero ahora tenés que hacer 180”, describió Andrade. Los gerentes aprietan a los supervisores y éstos ejercen presión sobre los operarios. Algunos de ellos perdieron la vida, como un trabajador tercerizado que se electrocutó en uno de los túneles de Fate, porque la soldadora que estaba usando no funcionaba. La industria del neumático requiere mucho esfuerzo físico, por eso le dicen “la picadora de carne”. En algunos sectores de Fate hay máquinas que tienen setenta años, ahí ocurren muchos accidentes y las hernias de disco son una plaga. El ambiente es contaminante al respirar por el humo y el azufre. Los tercerizados cobran la mitad que los demás y son discriminados: no los dejan subir al micro de la empresa, no tienen comedor ni vestuarios dignos, y no pueden reclamar nada porque los echan. Y los efectivos que tienen problemas de salud y fueron operados van a trabajar igual, toman medicamentos fuertes para no tener que faltar porque eso también es causal de despido.

Marcelo Andrade entró hace más de una década, empezó separando cubiertas hasta que llegó al sector “radial camión”, donde se accidentó. “Fuimos al subsuelo y entre miles de cubiertas, una cayó y me pegó en la nuca, estuve seis meses de licencia. La ART no lo reconoció como siniestro, dijeron que se me iba a pasar, pero me empezaron los dolores de cabeza y mareos, hasta que tuve un principio de ACV”, relató en diálogo con PáginaI12. Andrade tiene 45 años, vive en Virreyes con su pareja y tiene tres hijos. El 21 de junio de 2015 al levantar un rollo de tela se desplomó en el suelo golpeando la cabeza contra un caño. Los brigadistas de la empresa lo llevaron hasta el servicio médico, y fue trasladado al sanatorio Finochietto. Al igual que la primera vez, la aseguradora “experta ART” negó que se tratara de un accidente laboral, y en el mismo sentido se pronunció la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al tiempo que Fate le había dado licencia con goce de sueldo por “enfermedad inculpable” (sic). Tras el tratamiento que hizo en la obra social obtuvo el alta para trabajar, pero la empresa le dijo que estaba en “reserva de puesto”.

Andrade no se resignó. Con Edgardo Moyano, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, solicitó una medida cautelar “en resguardo a sus derechos civiles y laborales, para que la empresa le otorgue tareas en las condiciones que se prescriben en su certificado médico, es decir, las mismas que tenía con anterioridad al accidente”. La jueza del Trabajo 63 Alejandra D’Agnillo hizo lugar a la cautelar y ordenó a Fate SA “a cumplir con la reincorporación a sus tareas habituales”, conforme lo sugerido por el certificado médico.

“Cuando estuve en condiciones de volver el médico de la patronal decía que estaba depresivo”, contó el operario. “Hasta que un día no me dejaron entrar más y me derivaron a un psiquiatra, pero con el tiempo reconoció que mi problema era traumatológico, así que para mejorarme empecé a hacer gimnasia, bajé de peso”, agregó Andrade, y mencionó que pudo volver por la intervención del delegado Víctor Ottoboni y a los “compañeros de la Granate”. Ottoboni comentó que les explicaron a los médicos cómo actuaba la empresa, presionando a los profesionales que atienden a los “rotos” y hasta aduciendo que los certificados de alta que emiten son falsos. “Le dijimos que esos compañeros quieren volver y Fate no los deja.” Si el trabajador tiene más de cinco años de antigüedad, y carga de familia, goza de una licencia paga de un año por enfermedad. “Te guardan el puesto pero no te pagan, usa la ley, que de por sí es favorable a la patronal, para echar a los trabajadores que ella misma rompe por las condiciones de trabajo que impone”, afirmó Ottoboni, secretario de Actas del Sutna.

La jueza D’Agnillo ponderó como verosímiles los testimonios de Andrade y Ottoboni. “Ponen de resalto de que existen ‘otros compañeros’ que se encuentran en la misma situación, es decir, en el período de reserva de puesto, sin que se defina esa situación por más que se presenten los certificados médicos”, indicó la magistrada. “La ART se desentiende y los termina atendiendo la obra social, la empresa te paga la licencia pero al final no entras más, por más que presentes certificados médicos”, consta en el fallo.