El independentismo catalán hizo ayer otra demostración de fuerza con un acto que aglutinó al gobierno catalán, al Ayuntamiento de Barcelona y a los más de 700 alcaldes que fueron citados a declarar como investigados por apoyar el referéndum soberanista unilateral del 1 de octubre, prohibido por la Justicia.

Tanto el jefe del Ejecutivo regional de Cataluña, Carles Puigdemont, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recibieron a los regidores públicos mientras varios miles de personas les apoyaban en la calle con banderas independentistas (“estelades”) al grito de “votaremos”. El acto tuvo lugar después de que más de 700 alcaldes catalanes (de los 948 de la región) fueran citados por la Fiscalía para declarar como investigados bajo amenaza de detención por haber firmado decretos a favor del referéndum del 1 de octubre, impulsado por el Gobierno catalán y considerado ilegal por el Ejecutivo español. “El día 1 votaremos no sólo porque tenemos derecho y es legal, sino porque, escuchando al pueblo de Cataluña, nos dice: ‘Queremos votar’”, dijo ayer Puigdemont tras recibir a los alcaldes pro referéndum.

“Que no subestimen la fuerza del pueblo de Cataluña. Que no subestimen la fuerza de un pueblo que ha tomado la decisión de decidir y de plantarse ante un comportamiento antidemocrático”, añadió. Por su parte, Colau, que esta semana confirmó que Barcelona va a participar del referéndum, recibió con calidez a sus pares, a los que les aseguró que el ayuntamiento es su casa, hoy más que nunca. “En Cataluña creemos en la democracia y aquí no sobra nadie. Cataluña es un solo pueblo, la libertad la defenderemos con unidad”, aseveró, citada por el diario barcelonés La Vanguardia.

El momento más emocionante del día tuvo lugar cuando los centenares de alcaldes cruzaron la plaza Sant Jaume para dirigirse del ayuntamiento al Palau de la Generalitat. Centenares de personas abarrotaban la plaza y las calles adyacentes, y les gritaban “No están solos”. Los manifestantes mostraron sus deseos de ir a las urnas el próximo 1-O al grito de “Volem votar”. En un momento dado, los asistentes se cantaron el himno de Catalunya, Els Segadors y la mítica canción de Lluís Llach, L’Estaca.

Los alcaldes favorables a la consulta denunciaron ser víctimas de una persecución judicial por sus manifestaciones políticas. “Es un atentado a la democracia y un ataque al derecho básico de la libertad de expresión”, dijo la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras. Los alcaldes de Amposta, Adam Tomás, de Badalona, Dolors Sabaté, y de Girona, Marta Madrenas, coincidieron en ratificar que se votará el 1. “Por supuesto que se votará. Pese a que no es el referéndum que Cataluña se merece, es el único que se puede hacer”, afirmó Sabaté, según La Vanguardia. “No daremos ni un paso atrás para que se pueda votar. No tenemos miedo”, dijo Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar y presidente de la Asociación Catalana de Municipios.

Por otra parte, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, insistió en que el referéndum del 1 de octubre no se va a celebrar porque liquida la voluntad de la mayoría de los españoles. “Las cosas volverán pronto a su cauce y me gustaría que fuera por un acto voluntario de quienes han organizado el espectáculo que estamos viendo”, dijo en Santiago de Compostela. Además, aprovechó su intervención para pedirle a los ciudadanos catalanes que no están de acuerdo con lo que están haciendo sus dirigentes que estén tranquilos porque se van a respetar sus derechos.

La investigación de los alcaldes que apoyan la consulta soberanista es uno de los pasos que en los últimos días dio el Estado español para tratar de impedirla. El gobierno de Puigdemont la convocó el pasado 7 de septiembre y un día después la convocatoria fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional español, que admitió a trámite un recurso interpuesto por el Gobierno español de Mariano Rajoy. En virtud de esta suspensión, la Fiscalía ordenó a las fuerzas de seguridad actuar contra cualquier acción dirigida a la preparación del referéndum y requisar los materiales destinados a su celebración.

El viernes, la Guardia Civil se incautó en Barcelona de más de 100 mil carteles de propaganda de la consulta y ayer requisó las planchas destinadas a la elaboración de los pasquines así como la destinada a publicitar el “SÍ” en la votación. En un comunicado, el Ministerio de Interior español tildó de significativo que tanto los carteles de difusión del referéndum como los de apoyo al “SÍ” se hayan elaborado en el mismo lugar y en el mismo tiempo. La operación sigue abierta y no se descartan otras actuaciones, informó el Ministerio. Además, un juzgado de Barcelona ordenó bloquear el acceso a varias webs relacionadas con el referéndum en el plazo de 24 horas. El gobierno de Rajoy decidió, además, poner en marcha un mecanismo para asumir los pagos de Cataluña e impedir así que se usen fondos públicos para organizar la consulta. La prensa interpretó la medida como una intervención “de facto” de las cuentas catalanas. “Queremos un país de hombres y mujeres libres, donde la gente se pueda expresar con toda libertad y no se cierren webs ni se cuestionen revistas porque hay artículos que no gustan a la autoridad competente”, afirmó ayer el presidente de la Generalitat, Puigdemont.

La incertidumbre continúa a 15 días de la fecha fijada para la celebración del referéndum. El gobierno español asegura que no tendrá lugar mientras los independentistas continúan con sus planes. Poco después de que Puigdemont abriera en la noche del jueves al viernes la campaña de la consulta unilateral, se difundió una misiva enviada por los impulsores de la consulta a Rajoy y al rey Felipe VI para pedir la negociación de una votación pactada, pero el Gobierno español insiste en que solo dialogará en el marco de la ley.