El intempestivo allanamiento de ayer encabezado por el juez federal Guido Otranto también será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, no sólo por las detenciones que se produjeron sino por la violación de los derechos de los integrantes de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, a quienes mantuvo durante horas boca abajo en el piso con las manos precintadas. El arbitrario y desmedido accionar del magistrado, que incluyó la negativa a permitir el acceso de las partes querellantes del caso por la desaparición de Santiago Maldonado, reactivó las sospechas de los abogados que encabezan los planteos ante la CIDH sobre la posibilidad de que en lugar de la búsqueda de pruebas el procedimiento haya tenido el objetivo de “plantarlas” o adulterarlas. Así se lo hicieron saber al organismo internacional que decidió convocar a la familia Maldonado y al gobierno a una audiencia que tendrá lugar en Montevideo, donde también abordarán el caso de Milagro Sala. 

La CIDH realizará el 165 período de sesiones del 23 al 27 de octubre en la capital de Uruguay, y en ese marco su presidente adelantó que se designará una audiencia para tratar el tema de la desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado en referencia al Caso 564/17, tras la denuncia efectuada contra el Estado argentino por Naturaleza de Derechos y una veintena de organizaciones sociales, luego de los hechos represivos del 1 de agosto en la Comunidad Pu Lof en Resistencia, Cushamen, Chubut. “Vamos a citar a una reunión de trabajo para seguimiento de la medida cautelar por Maldonado y dialogar con ambas partes en Montevideo”, dijo ayer Francisco Eguiguren en declaraciones a radio FutuRock. Así, las partes peticionantes y el Gobierno concurrirían a una audiencia que, conforme al reglamento de la CIDH, tendrá por objeto recibir exposiciones verbales y escritas de las partes sobre hechos nuevos e información adicional a la que ha sido aportada durante el procedimiento. Según explicó a PáginaI12 el abogado Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos, “la información podrá referirse a alguna de las siguientes cuestiones: admisibilidad; comprobación de los hechos; fondo del asunto; seguimiento de recomendaciones; o cualquier otra cuestión relativa al trámite del caso”. La confirmacion de la fecha de la audiencia será notificada el 27 de setiembre a las partes. “Desde Naturaleza de Derechos esta noche pusimos en conocimiento de la audiencia a Sergio Maldonado, para que la familia de Santiago este presente y pueda expresar todas las cuestiones que considere pertinente en relación al proceder de las autoridades nacionales y del poder judicial”, agregó el letrado.

Por su parte, Eguiguren agregó que la reunión sería “privada”, con funcionarios del gobierno nacional y los peticionarios para “escuchar qué se dice sobre el cumplimiento” de las medidas cautelares dictadas por el organismo, y luego “tomar una resolución”. A 49 días de la desaparición del joven tatuador, el presidente de la CIDH declaró que “lo importante es saber el avance de las investigaciones de la búsqueda y determinaciones de su paradero. Sabemos que hay procesos judiciales, hábeas corpus y opiniones al respecto. Creo que en unas semanas habrá elementos más claros de información. Habrá habido un mayor tiempo para el desarrollo y una realidad más firme”. Tras calificar la situación en el caso Maldonado como “grave”, Eguiguren manifestó: “Nosotros tenemos que tener una visión más objetiva y estar menos metidos en el debate político interno. Sí estamos preocupados por los derechos de las personas involucradas y el seguimiento de la medida cautelar. El caso de Santiago Maldonado es una situación grave. Hay que priorizar las investigaciones para determinar el paradero y, por otro lado, ver las responsabilidades que hubo”.

En el expediente abierto ante ese organismo por la represión que sufrió la comunidad mapuche de Cushamen en enero, que ahora tiene a la desaparición de Maldonado como caso aparte, se sumaron los testimonios que apuntan a la Gendarmería como responsable de los hechos. Dos de ellos corresponden a Matías Santana y a Soraya Maicoño, quienes dieron más detalles aún sobre lo sucedido en las entrevistas realizadas por Cabaleiro y Carlos González Quintana la semana pasada en Esquel. Pero hay otras dos personas, un joven y una mujer, que aún no declararon ante la justicia federal. PáginaI12 anticipó ayer el contenido de sus relatos. “Cuando llegué del otro lado del río junto a los otros peñi subimos a caballo hasta la punta de una loma, donde hay señal de celular, y desde ahí enviamos un mensaje a una lamien (hermana) que se encontraba en el ingreso a la tranquera con los organismos de derechos humanos: “se llevaron al Brujo”. Según este nuevo testigo presencial, Santiago Maldonado no se ahogó ni cruzó el río, fue sacado del agua por los uniformados que habían reprimido en la mañana del 1 de agosto a los mapuches, tras el corte de ruta con el que habían reclamado por la liberación de su lonko Facundo Jones Huala. Fue golpeado y subido a la camioneta de Gendarmería, tal como ya declaró Matías Santana.

En las próximas horas este “peñi” (hermano) podría presentarse en el juzgado junto a la mujer mapuche. Ella estaba citada para ayer por el juez Otranto y está dispuesta a reiterar que Santiago era uno de los 7 u 8 comuneros que se encontraban en la ruta en horas de la mañana el 1. “Cuando se produce la irrupción de Gendarmería al predio, Maldonado se encontraba agrupado con varios comuneros dentro del territorio a varios metros de la tranquera principal del predio y ante los disparos y el ingreso de los gendarmes, que los tomó por sorpresa, corre hasta el puesto de guardia  nuevo, toma su mochila y sale corriendo hacia el río junto a los demás comuneros”, declara esta nuevo testigo.